Reformar a la universidad, III

Justo cuando yo creía que en mis dos artículos previos había podido exponer argumentos que apoyaban la necesidad de la reforma institucional y académica de la Universidad de Guanajuato, vuelven a presentarse objeciones públicas muy atendibles que me convocan a continuar con mis disquisiciones personales, fundadas en mi experiencia de 22 años de ejercicio académico en diversas instituciones superiores del país. Las inquietudes nacen ahora de nuestros representantes en el legislativo, donde se está debatiendo la nueva Ley Orgánica que daría sustento legal a la reforma. Por ejemplo, se expresó el señalamiento crítico de que los Campii propuestos, al menos dos de ellos, se ubican en ciudades que son querencia personal del Rector y que en cambio se discrimina a ciudades como Irapuato, la segunda en importancia del estado. La observación es certera en primera apariencia, pero habría que ir más allá de lo evidente –atendiendo con ello a lo que nos ordena el método científico.
El municipio de Irapuato ha sido, luego de Guanajuato y León, el mejor atendido históricamente por la UG, con tres importantes unidades que imparten preparatoria, licenciaturas y posgrados. Además, conviene recordar que a mediados de los años noventa en Irapuato se ensayó una de las primeras experiencias de lo que en nuestra jerga académica se denomina “campus temático”, cuando se fusionaron la Escuela de Agronomía y Zootecnia y el Centro de Investigaciones en Ingeniería Agrícola y Alimentaria, que se integraron en el nuevo Instituto de Ciencias Agrícolas (ICA) en la hacienda de El Copal, que en los hechos funciona bajo el modelo departamentalizado que hoy se propone formalizar en la nueva Ley Orgánica. Al mismo tiempo se desarrollaban otras experiencias de conformación de Campii temáticos en otros espacios de la UG: en la Unidad Belém, donde se integraron las facultades de Ingeniería Civil, Arquitectura, y Geomática e Hidráulica; también debemos citar la naciente Unidad de Ciencias Económico Administrativas (UCEA) en Marfil, que integró a las facultades de Contabilidad y Administración, Relaciones Industriales, la Unidad de Estudios Técnicos de Administración, y la Escuela de Economía. Aunque la normatividad vigente no permite aún identificar estos esfuerzos de racionalización académica como Campii universitarios, se trataba de la simiente de este modelo.
El actual rector Arturo Lara retomó esos esfuerzos previos, a los que habría qué sumar los trabajos de reflexión en común que impulsó el rector Cuauhtémoc Ojeda entre el 2000 y 2003, y que en buena medida recuperó el Plan Institucional de Desarrollo (PLADI) 2002-2010, aún vigente. Varias de las estrategias y metas del PLADI mencionan la puesta en operación de “nuevos campus universitarios regionales”, y dentro del programa estratégico 6.3 (infraestructura) se definió como meta al 2010 el “contar con dos campus regionales y dos temáticos situados estratégicamente en el estado, para el nivel superior”, mismos que “deberán estar plenamente justificados con base en los estudios de pertinencia social, así como los de carácter técnico que aseguren su factibilidad financiera.” Desde entonces, hace cinco años, era claro que uno de los campii debería establecerse en Salamanca, porque las instalaciones de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica (FIMEE) evidenciaban un deterioro cierto, con hundimientos que ponían en peligro la seguridad de sus ocupantes. Desde tiempos del rectorado de Juan Carlos Romero se buscó hacerse de terrenos fuera de la ciudad para reubicar a la FIMEE, hasta que finalmente fueron donados por el municipio en la comunidad salmantina de Palo Blanco, alejados de la contaminación y de los problemas de una ciudad en crecimiento. Esta generosa donación permitía planear un crecimiento de la oferta educativa en ámbitos más amplios, pertinentes no sólo para Salamanca sino para los municipios cercanos, incluido el de Irapuato a tan sólo 20 kilómetros de distancia.
En el caso del Campus Sur, se pretende atender a 15 municipios que prácticamente se encontraban abandonados por la universidad pública -excepto Salvatierra-. Cualquier chico del sur podrá testimoniar cómo la única opción de educación superior pública a su alcance –exceptuando el ITSUR— son las universidades michoacana y queretana, que tienen políticas restrictivas sobre la admisión de estudiantes de otras entidades. Para situar el campus se requería un espacio donde se diesen condiciones adecuadas de ubicación, comunicación, y la donación de terreno suficiente. A principios del 2006 los presidentes municipales de Uriangato, Moroleón y Yuriria acordaron que el espacio con mejores condiciones era el de este último; tres presidentes de tres partidos políticos distintos, que supieron ponerse de acuerdo, reconociendo su realidad como espacio intermunicipal que tiende a la integración urbana. Y como ya me piqué, dejo esto por lo pronto, le sigo la próxima…

Reformar a la universidad, II

Continúo con mi exposición de los argumentos a favor de la reforma institucional de la Universidad de Guanajuato y la necesidad de cambiar estructuralmente antes de cambiar cuantitativamente. El modelo descentralizado de campus y divisiones ha evidenciado sus bondades en los actuales sistemas universitarios que supieron crecer sin convertirse en monstruos macrocefálicos, ingobernables, como hoy día le sucede aún a la UNAM y como le estaba sucediendo a la Universidad de Guadalajara, antes de su descentralización. Por su parte el ITESM es el sistema administrativo y académico más descentralizado y eficiente del país, ni dudarlo, aunque vio su espectacular crecimiento centrado en la oferta docente, y sólo recién ha tomado en serio la necesidad de fortalecer sus áreas de investigación y extensión, incluyendo la inversión en su planta profesoral. Pero sin duda el mejor modelo de desarrollo descentralizado lo exhibe la Universidad Autónoma Metropolitana y sus cuatro campii en los cuatro extremos de la ciudad de México: cada uno con oferta propia y una amplia autonomía para responder a las necesidades de su entorno.
Respondí ya a algunas de las críticas a la iniciativa que se discute hoy en el congreso, que me parecieron menos fundadas. Pero ahora atenderé una de las que, por el contrario, me parecieron más pertinentes: el señalamiento sobre los cambios que introdujo el equipo legal del gobernador anterior, éste por cierto un universitario que no ha sabido, o querido, quitarse la toga rectoral. Es cierto que resultaba ofensivo para la autonomía el que la iniciativa del Consejo Universitario sufriese tal número y alcance en sus ajustes. Finalmente se le estaba corrigiendo la plana a un cuerpo colegiado representativo de una comunidad profesoral, estudiantil y administrativa de casi 30 mil personas, muchas de las cuales con talentos superlativos. Pero hay que partir del hecho de que el gobernador estaba ejerciendo un derecho consustancial a su calidad de cabeza de uno de los poderes del estado. Mientras no se reforme la constitución local, y se acepten figuras de participación como la iniciativa popular, o bien se otorguen derechos de iniciativa a los organismos autónomos –como el IEEG, la PEDH y la UG-- el camino de las reformas legales seguirá siendo el mismo. Además no hubo daño: la iniciativa del gobernador es más sencilla, elegante y fortalecedora de las capacidades de autogobierno. Pero el error tremebundo consistió en eliminar una de las restricciones para los candidatos a la calidad de Rector: la muy sensible interdicción a los ministros de culto para ser considerados en esa responsabilidad. La eliminación de esa exclusión no tenía caso ni sentido, pues es propia de las restricciones de un estado laico. El artículo 130 de la Constitución General de la República señala con claridad, en su inciso d), que “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos”. Sin duda la Rectoría de la universidad es un cargo público. Y hay motivaciones históricas muy evidentes que explican esta exclusión, que además es pertinente en una institución que debe procurar la enseñanza laica y la defensa de lo prescrito por el artículo 3º constitucional: “el criterio que orientará a esa educación se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios.”
También tienen razón los críticos de la reforma cuando señalan el anacronismo y autoritarismo en el método de selección del Rector y del resto de las autoridades académicas unipersonales. Nada se perdería si en la reforma se desaparece la figura del Colegio Directivo y se le asignan sus facultades al Consejo General Universitario. Es increíble que hoy día sea más democrático el método de selección del Papa católico, con su sínodo de cardenales, que la elección del Rector general. También valdría la pena que los directores de división y de departamento fuesen electos por los consejos divisionales y las academias departamentales, como hoy sucede en la UAM.
Hago votos por que el Congreso sea sensible a las necesidades de una universidad moderna, eficiente, vinculada y democrática –en el sentido social y no político de la palabra--. Algunos diputados fueron formados en las aulas de la UG, que les abrieron las puertas de la ilustración y del progreso. Otros se instruyeron en las universidades privadas, porque tuvieron los recursos –o la necesidad— de hacerlo. E incluso los legisladores sin educación superior pueden ser muy perceptivos sobre estos temas, ya que todos reconocemos la bondad del modelo público de educación. Ojalá que entre todos ellos, sin mediar partidismos fútiles, le garanticen a la UG un futuro sólido y prometedor, en beneficio de nuestro porvenir.

Reformar a la universidad, I

Es inminente la discusión en el seno del Congreso del Estado de la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Guanajuato, con lo que al fin daría inicio la puesta al día del diseño institucional y académico de esa casa de estudios, que desde hace medio año se ha mantenido en la congeladora legislativa. Me sirvo de estas líneas para debatir con algunas voces que se han hecho escuchar tanto en las páginas de Correo como en otros medios y en la propia cámara. Esto porque he percibido que muchas percepciones basadas en la repetición de dichos sin sustento real, se están convirtiendo en verdades artificiales. Primero, el dicho de que la mencionada reforma no ha sido suficientemente analizada ni debatida al seno de la comunidad universitaria. Si esto fuera cierto, significaría que la presente reforma –que lleva en discusión desde el 2001— puede mantenerse en debate por varios años más, sin que nunca nos pongamos de acuerdo con el modelo y fines de la universidad que queremos y podemos tener. Para cuando haya una propuesta “consensuada” ya habrán surgido otras voces que la objeten.
Segundo, se dice que el modelo propuesto incrementará la burocracia y la jerarquía administrativa. Antes de argumentar sobre esto hay que llegar a un acuerdo básico: ¿Debe o no expandirse la oferta en educación superior pública en el corto y mediano plazo? En lo personal estoy convencido –así como muchos de los críticos de la reforma-- de que es urgente crecer cuantitativa y cualitativamente para coadyuvar en el pleno aprovechamiento del excepcional bono demográfico del que gozará este país hasta el 2030. Después de ese año de poco servirá formar capital humano, pues se habrá cruzado el umbral que existe entre las naciones jóvenes y las que envejecen rápido y pierden su capacidad de renovarse. Es ahora o nunca. Pero crecer bajo el modelo vigente condenará a la UG a la macrocefalia y la centralización incompetente. Será entonces cuando la burocracia universitaria cuente con el mayor poder imaginable, gracias al control omnímodo de los recursos financieros, humanos y materiales. Para evitarlo hay que optar por un modelo descentralizado, que delegue facultades en las figuras propuestas de campus y divisiones, junto con sus órganos colegiados. Cada campus regional definirá su modelo de desarrollo considerando las necesidades de su entorno concreto, y no con base en las decisiones de un Rector lejano o un Consejo Universitario voluminoso y torpe. Es posible que se requiera contratar más profesionales de la administración, así como a profesores y personal de apoyo, pero no será para engrosar una burocracia central, sino para llevar servicios educativos de primera mano a nuevos y más numerosos usuarios.
Tercero, que la reforma perpetúa esquemas autoritarios de gobierno interno y abjura de mecanismos democráticos. Un colega mencionó los ejemplos de las universidades de Aguascalientes, Michoacán y Querétaro y su sistema de elecciones abiertas para la selección del Rector. Francamente los tres ejemplos –a los que se pueden adicionar Zacatecas, Sinaloa, Guerrero y otros- parecen apoyar lo contrario: la necesidad de buscar otro esquema, pues la elección abierta ha desgastado y viciado las relaciones internas entre los factores reales del poder universitario en esas instituciones. Concuerdo en que el sistema previsto en el proyecto de ley, que mantiene el anacrónico mecanismo del Colegio Directivo --sólo que ahora aumentado con dos miembros externos que serán mayoriteados sin piedad por los siete internos-- debería replantearse. Pero de ninguna manera podría yo coincidir en un esquema de elecciones abiertas. Una educación superior de calidad no puede ser plebiscitaria o puesta en consideración de no especialistas. Hacerlo así nos condenaría al imperio de la conveniencia de los grupos de interés y de prioridades extra educativas. Experiencias de este tipo de populismo académico, hay demasiadas.
Cuarto, que el modelo departamental representa la desaparición de unidades de rancia tradición, lo que redundará en demérito de la venerada “colmena legendaria”. Esto es un disparate. A pesar de los esfuerzos que muchos de los que conocemos el modelo propuesto hemos realizado, pervive una gran confusión sobre su funcionamiento. La universidad ha avanzado mucho en su organización académica con base en los cuerpos académicos, que hoy día no reflejan necesariamente el esquema vigente de escuelas, facultades e institutos. Pero sí serán la base de los nuevos departamentos, cohesionados por el trabajo efectivo en áreas comunes del conocimiento. Es en esos cuerpos de profesores donde descansa la tradición y la calidad de esta institución, no en membretes añosos. Las actuales unidades son camisas de fuerza, compartimentos estancos que impiden la colaboración con el resto del conjunto universitario. Aquí lo dejo; prefiero dejar más temas para la siguiente colaboración.
Antes de terminar, debo agradecer al área de comunicación social de la PROFEPA su reacción ante el contenido de mi artículo de la semana pasada. La información proporcionada a este opinador por esa procuraduría es pertinente e interesante, y refleja la seriedad con que se conduce la institución. Pero más que las cifras reportadas, los ciudadanos deseamos ver esas acciones evidenciadas en un entorno libre de polución y suciedad. Su éxito nos conviene a todos.

Medio ambiente: danza de ineptitudes

Hace unos días un investigador del ITESM, especialista en temas de desarrollo regional, me pidió responder un cuestionario sobre mi estado y municipio. Al final se me solicitaba enlistar jerarquizados los principales problemas de ambos espacios, y dudé un buen rato. El resultado de mi reflexión fue que el principal problema que confrontamos los guanajuatenses no es la carencia de empleos y oportunidades, la inseguridad pública, la emigración, la falta de capacidad de los gobernantes, el pasmo recurrente ante los desastres naturales, ni tampoco la creciente hegemonía monopartidista; no: al final concluí que más que las contrariedades anteriores, graves todas, es aún más comprometido el dilema medioambiental. Es en este aspecto donde estamos acumulando aceleradamente los mayores pasivos a nivel macro regional.
Primero, los guanajuatenses le hemos sustraído a nuestro entorno hasta la última gota de agua, y hoy nuestra entidad es enormemente deficitaria: consumimos 5.6 mil millones de metros cúbicos (mmm3), cuando la disponibilidad natural es de 4.1 mmm3. ¿De dónde sale el 35% deficitario? Del subsuelo. Desde hace décadas hemos venido abatiendo los niveles freáticos de la entidad hasta el punto del colapso. Un 88% de esa agua se va en el abastecimiento de una agricultura insaciable de agua, con tecnología de riego obsoleta y orientada por criterios eficientistas en lo económico pero lesiva en lo ecológico. Esto sencillamente es insostenible en el mediano plazo.
Hemos aniquilado los pocos bosques de la entidad. El avance en la deforestación y la erosión es visible a primera vista, y la tala clandestina se mantiene. Los leñadores y carboneros clandestinos siguen laborando en su oficio añoso, ante la falta de una perspectiva local de desarrollo para sus familias. No tiene la culpa el burrero que acarrea leños menudos o “tierra para las macetas” –en realidad hoja necesarísima para la recreación del humus del bosque--, sino los intermediarios y los menudistas que compran las cargas.
De Salamanca y la contaminación aérea qué más se puede decir de lo ya dicho hasta el cansancio. Es una vergüenza nacional que 400 mil salmantinos deban respirar mugre azufrosa todos los días, y sobre todo en las noches cuando RIAMA, Tekchem, CFE y otros depredadores, aprovechan la oscuridad para vomitar las peores exhalaciones del averno. Pero hay algo de bueno: el río Lerma ya no se ha incendiado desde hace ¿diez? años. Ya es algo.
Más de 3 mil 200 empresas de la entidad general residuos peligrosos, según la PROFEPA. Pero esta misma agencia confiesa que en el 2006 sólo pudo supervisar al 4.4% de las mismas. Falta de recursos, es la justificación. También ineptitud, digo yo.
Podríamos enlistar una enormidad de broncas ambientales. Yo sólo me pregunto: ¿Qué pasa con los tiraderos “municipales” y basureros clandestinos? ¿Y los rastros de pollos o ganado que contaminan ríos y drenajes? ¿Y las clínicas y hospitales que “tiran” sus desechos purulentos a la basura? ¿Y los “jales” de las minas? ¿Y las humeantes carcachas “chocolate”? ¿Y la simulación de las verificaciones vehiculares? ¿Y la polución criminal sobre la laguna de Yuriria; la patética pérdida de La Joya, y el deterioro de La Alberca en Valle de Santiago? Reconozcámoslo: somos zona de desastre.
Guanajuato capital no es diferente. Los “cultos” capitalinos no le tenemos respeto o cariño a la orografía bellísima de nuestro entorno, ni a sus especies vegetales y animales endémicas, ni a las corrientes de agua estacionales. Un constructor zafio y bribón decide aprovechar un contrato de obra pública para un nuevo acceso a la capital del estado, y se convierte oportunistamente en especulador urbano, construyéndose además convenientes “paradores ecológicos”. En el camino se ha llevado entre las zancas a uno de los paisajes más caros a los guanajuateños, y ha modificado irreparablemente un contexto natural. En el colmo de la desvergüenza otro constructor, miembro éste del ayuntamiento, justifica lo injustificable y sale con el cuento de que no hay tal daño, no hay tos: las plantitas desarraigadas de la zona están a salvo, guardadas para su posterior trasplante. ¡Qué previsores! ¡Qué fortuna de contar con celosos vigilantes del medio ambiente! Pero el auténtico daño ya fue propinado a los cerros y cañadas que inmortalizó el maestro Jesús Gallardo, él sí sensible a lo bello.
Lo peor está por venir: la venganza de la naturaleza suele ser terrible. Ya veremos las consecuencias sobre el “nuevo acceso” cuando el régimen de lluvias arrastre los adefesios de tierra. Recuerden que esto ya sucedió cuando se inauguró el anterior “nuevo acceso” a la ciudad, por 1998, cuando en las primeras lluvias la orgullosa obra ingenieril fue arrastrada hacia el río. Pero no hay problema: en un año habrán desaparecido los responsables.

Constitución liberal: viva la diferencia

El cinco de febrero pasado se cumplieron 150 años de la promulgación de la Constitución de 1857, y el suceso pasó casi desapercibido. ¿Por qué no se tomaron las previsiones del caso? Llama la atención, pues contrasta con los preparativos que ya se están desarrollando para celebrar aniversarios más lejanos, como el de los centenarios de la independencia y la revolución. Razones puede haber muchas. Se me ocurre que tienen su razón de ser en esta era neoconservadora por la que estamos atravesando. Tal vez el olvido no fue gratuito, pues esa fue la más liberal de las constituciones que nos hemos dado los mexicanos, más liberal incluso que la que nos rige, pues la de 1917 tiene un énfasis mayor en lo social y menos en el individuo.
Hoy día es “demodé” referirse a las voluntades que impulsaron a los hombres de la reforma liberal del siglo XIX: separación de iglesia y estado, laicismo, educación basada en fundamentos científicos, libertades individuales, federalismo soberano de las entidades, primacía del parlamentarismo, propiedad individual de tierras y aguas, intransigencia en la legalidad, dignidad del poder judicial, honestidad republicana –la bien conocida “medianía” juarista-, patriotismo sin nacionalismos excluyentes, confianza en el progreso y una fe cívica irrefrenable en las instituciones. La Constitución del 57 era un documento progresista y modernizante, para una nación ahogada por la ignorancia, los caudillismos y la deshonestidad. La riqueza del país estaba estancada en manos improductivas, particularmente las congregaciones de orden religioso. Una situación que incluso los reyes de España habían tratado de resolver desde el siglo anterior: hacer circular esa riqueza, para que su flujo en el cuerpo social generase aún más riqueza –las leyes del capital de los economistas ingleses-. La corona española fracasó parcialmente en su intento de desamortizar esos recursos, vino la independencia y la situación permaneció prácticamente incólume. Los nada probos varones de la Iglesia mantuvieron en sus manos el poder económico, sin que éste generase desarrollo en su derredor. La institución eclesiástica ni siquiera fue solidaria con la nación en los momentos de agresión externa: negó el préstamo de sus caudales cuando la intervención norteamericana de 1847-48, e incluso llegó a un entendimiento con los invasores, llamando desde los púlpitos a la desmovilización de la resistencia partisana. Y no hablemos de la intervención francesa y la importación de un soberano católico.
Larga y profunda ha sido la lista de los agravios que la Iglesia romana le ha propinado a la nación. Baste tan sólo recordar la guerra cristera, triste capítulo de nuestra historia que algunos ignorantes han querido exponer como ejemplo de resistencia cívica ante la tiranía. Fox mismo quiso asumirse como heredero de esa tradición “libertaria”, sin cuestionarse sobre los motivos profundos de la institución eclesial para movilizar a la masa devota contra el Estado “ateo”. La jerarquía de sotana traicionó la buena fe de sus rústicos seguidores, y negoció sin rubor con los emisarios del poder terrenal, dejando colgados de la brocha a miles de cándidos combatientes, muchos de los cuales fueron masacrados por el ejército sin que los prelados religiosos hubiesen hecho nada por evitarlo.
Es evidente que hoy se nos quiere vender la idea de que la laicidad es anacrónica y sinónimo de ateísmo, y por ello hay que desterrar el liberalismo propugnado hace centuria y media por la constitución reformista. “Beno” Juárez --como le decían las monjitas-, ha muerto. Los dueños del poder pretenden regresarnos hacia puntos de partida que un día quisimos ver como superados en definitiva. Vemos cómo reviven viejos debates, azuzados por la convicción interesada de que el México profundo es conservador e incluso reaccionario, y que el poder político asegurado por las urnas equivale a una patente de corso que califica a los derechosos a imponer su visión del mundo y la vida. Los fundamentalismos son excluyentes por definición, pues pretenden que su percepción no sólo es la mejor, sino que debe ser la única. Por eso me llamó la atención un promocional en la radio pagado por los diputados locales panistas –con nuestro dinero, no el de ellos--, donde convocan a la construcción de “un sólo Guanajuato”: un auténtico despropósito, pues la pretensión de unicidad es necesariamente excluyente, impositiva y autoritaria. El fascismo y el comunismo pretendieron esa uniformidad, y llegaron a los extremos de los campos de exterminio y los goulag. La auténtica actitud liberal reconocería y valoraría la riqueza de lo heterogéneo, el valor del disenso, la necesidad de no ser ni pensar igual.
Termino congratulándome por dos nuevos preceptos legales: la Ley de Pacto Civil de Solidaridad de Coahuila, que permite establecer compromisos patrimoniales entre parejas de cualquier sexo --aprobada con 19 votos del PRI y uno del PT, contra los votos del PAN, la UDC y del PRD(!). Y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada por los diputados hace diez meses y por los senadores en diciembre, promulgada recién, no sin titubeos, por el presidente Calderón. Ambas son iniciativas liberales, que propugnan por el respeto mutuo dentro de nuestras diferencias.