Tiempo de la Universidad

Sin duda es trascendente el momento por el que atraviesa hoy nuestra máxima casa de estudios, la Universidad de Guanajuato, que deberá renovar su rectoría el próximo 26 de septiembre. El 26 de junio se emitió la convocatoria que dio pie al proceso formal de selección del nuevo líder universitario, y desde entonces las tradicionalmente tranquilas aguas de la academia se han agitado con los debates y especulaciones sobre el futuro de la institución, que en buena medida está amarrado al perfil y propuestas del nuevo regente.
Estoy convencido de que a partir de la inesperada y polémica renuncia del rector Cuauhtémoc Ojeda Rodríguez, hace dos meses y medio, se adelantó en alguna medida el proceso sucesorio. La relación de posibles candidatos cambió, y hay que recordar que esta lista ya había experimentado una mudanza previa cuando el doctor José Angel Córdova Villalobos, uno de los más fuertes aspirantes, aceptó una candidatura plurinominal para diputado federal, lo que lo eliminaba de la contienda universitaria. Quiere decir que dos de los aspirantes más recios salieron de la lista antes de que el proceso arrancara. Otros ya estaban descartados de antemano, como el doctor Octavio Obregón, quien había aceptado formar parte del Colegio Directivo, órgano encargado de elegir al Rector, y esto lo imposibilitó para participar como aspirante.
A pesar de los rumores sobre otros personajes que podrían haber buscado el registro como candidatos, como fue el caso del Procurador de los Derechos Humanos, Manuel Vidaurri; el director de Investigación y Posgrado de la universidad, Pedro Luis López de Alba, o el director del Centro de Investigaciones Humanísticas, Armando Sandoval, finalmente fueron solamente dos los profesores que buscaron dicho registro. Se trató del doctor Arturo Lara, hoy director del Concyteg, y el Rector interino, el maestro Sebastián Sanzberro. La brevedad en el número de aspirantes puede ser indicativa de que muchos universitarios que también cubren los requerimientos para buscar este importante puesto, reconocen en los dos pretendientes actuales a personas con las prendas necesarias para hacer un buen papel al frente de la institución. Hay que recordar que la normatividad universitaria únicamente demanda para obtener el registro como candidato el ser mayor de 30 años, contar con grado universitario superior, tener cinco años de antigüedad, haberse distinguido en su actividad académica, gozar de reputación como persona honorable, no desempeñar funciones de dirección partidista o ministerio de culto, no ser candidato a un puesto de elección popular y tener conocimiento de la realidad universitaria. Estoy seguro de que estas condiciones las cumplen la mayoría de los casi 2,500 profesores de la institución, lo que quiere decir que los miembros de la comunidad universitaria cuando se abre la convocatoria ejercitan cierta reflexión que les conduce al autodescarte. Esto habla muy bien del sentido de responsabilidad y comprensión de la dimensión de la tarea rectoral.
Los aspirantes recibirán eventualmente su reconocimiento como candidatos oficiales luego de que el Consejo Universitario les reconozca su condición de tales; de ahí transitarán a las manos del Colegio Directivo, integrado por siete profesores ajenos a las labores de dirección universitaria. Esos siete personajes tendrán la pesada responsabilidad de evaluar los proyectos, las trayectorias y las propuestas de los candidatos, así como los sentires de la comunidad universitaria. Pero no podemos dejar de reconocer que su determinación se tomará también con base en las propias experiencias y expectativas de los miembros de ese Colegio, que desgraciadamente sigue siendo muy doméstico. Muchos pesamos que ese órgano debería enriquecerse con la participación de miembros externos, profesores destacados de otras universidades del país, que aportaran una visión ajena –y por lo mismo más crítica al análisis de los proyectos presentados por los aspirantes.
Por otro lado, la Universidad de Guanajuato no somete la elección de su rectorado a la voluntad amplia y directa de la comunidad universitaria, y creo que esto es afortunado; es decir que la designación no se somete a elecciones abiertas, como sí sucede en universidades como la de Querétaro, Zacatecas o Sinaloa. Estos procesos competitivos pervierten el espíritu de excelencia que debe privar en la educación superior, y transforman los procesos de selección de Rector en contiendas populistas que con facilidad son campo de acción para los partidos políticos e incluso para grupos de poder económico. La democracia electoral no debe aplicarse en muchos campos, entre ellos el de la educación superior. Deben ensayarse más bien las estrategias de la democracia participativa, que provocan en los miembros de la comunidad el sentido de responsabilidad que otorga el emitir opiniones sistemáticas, conducidas mediante canales que garanticen su recepción y atención por parte de la autoridad, pero no mediante la simplicidad del voto.
En fin, bienvenida la contienda universitaria, pero siempre en el campo de las ideas y las propuestas.