El IFE y sus debates, I

El sábado y domingo pasados se realizó en la ciudad de México el Encuentro Nacional de Consejeros Electorales del Instituto Federal Electoral, con el objeto de analizar con detenimiento, objetividad y honestidad el desarrollo general del proceso electoral federal del 6 de julio. Asistimos la mayoría de los 192 consejeros locales (seis por entidad federada) y los nueve consejeros generales del IFE, y entre todos se pudo arribar a conclusiones muy relevantes sobre el momento actual de la operatividad electoral, la participación ciudadana, el papel del IFE ante los actores de la política y en general sobre el momento que atraviesa la democracia mexicana.
Me gustaría destacar aquí algunas de las ideas que se ventilaron y consensuaron. En primer lugar, considero que hay un acuerdo fundamental en torno a la confirmada confiabilidad generalizada de los procedimientos electorales (con excepciones motivadas por conflictividades locales, como en Chiapas), lo que permite comenzar a debatir las problemáticas “de segunda generación”, como es la necesidad de regulación de las precampañas, el elevado costo del mantenimiento de partidos y la operatividad electoral, la urgencia de ampliar las facultades fiscalizadoras del IFE, la reforma del Estado y de sus componentes sujetos a elección popular, el empoderamiento ciudadano, la rendición de cuentas y la “responsibidad” (neologismo que es lo más parecido al concepto inglés accountability) de parte de los detentadores del poder. Son todas cuestiones muy novedosas para un entorno político que más bien se caracterizó hasta hace poco por la ausencia de competencia, de debates, de participación y de posibilidades reales del ciudadano común de incidir en las decisiones públicas que le afectaban.
Destacó la preocupación por los ataques y las conflictividades en que se ha visto envuelto el IFE desde hace al menos dos años. Es compartida la sensación de que esta institución ha debido remar a contracorriente para poder imponer la legalidad en asuntos como el del Pemexgate y los Amigos de Fox, cuando diferentes instancias estatales, sindicales y partidistas negaron o resistieron el acceso a la información necesaria para ventilar estos asuntos. Todo ello padeciendo el torpedeo de los medios de comunicación y de muchos actores políticos demasiado comprometidos con sus intereses particulares.
De los problemas detectados en el desarrollo de la última elección destacan los relacionados con la baja capacitación de los funcionarios de casilla. Este es un problema que rebasa totalmente al IFE, que no es responsable del bajo nivel educativo real de los ciudadanos (“no somos la secretaría de educación”, dijo algún funcionario del instituto). El actual procedimiento de selección con base en una insaculación doble (por letra del apellido y mes de nacimiento), que respondió a un momento político de clara desconfianza hacia los operadores electorales, hoy estrecha en extremo las opciones para seleccionar a ciudadanos capaces que puedan afrontar con éxito el complicado procedimiento de recepción y contabilización del voto. Tan sólo el llenado de actas es un reto que con seguridad no afrontaríamos exitosamente muchos profesionistas. Hay que evolucionar hacia un esquema más abierto, donde la selección se haga con base en criterios de competencia y capacidad. En los Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios de casilla pueden ser los mismos durante varios procesos electorales, e incluso pueden reconocerse públicamente como simpatizantes de un partido, pero su sentido de responsabilidad y ética personal los hace confiables en el momento de desempeñarse como responsables de casilla. Hay que aprender a confiar en nosotros mismos, y comenzar a deshacer candados en torno al procedimiento electoral.
También se discutió ampliamente sobre la posibilidad de evolucionar hacia el voto electrónico, el voto por correo o por internet, el ampliar el periodo de recepción de votos a varios días o una semana, el voto desde el extranjero, los centros de votación, etcétera. La tecnología puede abrirnos posibilidades muy amplias, y con el tiempo puede ser más económica que el proceso tradicional. Por ejemplo, la actual boleta electoral, con 20 elementos de seguridad, tiene un costo aproximado de 4 pesos cada una, y si recordamos que se imprimieron más de 67 millones de boletas, más lo que costaron las urnas transparentes, las mamparas y demás recursos y materiales, podemos estar de acuerdo en que este procedimiento es muy caro. Mucho mejor sería acudir a un centro de votación (no a una casilla), ser conducido ante una pantalla electrónica, activarla mediante el pase de la cinta magnética de la credencial de elector, pulsar las opciones políticas de nuestra preferencia y retirarnos sin necesidad de que nos manchen el pulgar o que agujeren nuestra credencial. Los resultados podrían conocerse en tiempo real, pero por la obligada discreción que debe guardarse hasta las 20:00 horas, el IFE podría dar a conocer a esa hora los resultados definitivos de los centros de votación urbanos (ya que en las áreas rurales todavía deberá acudirse al procedimiento tradicional).
En fin, los planteamientos fueron múltiples, pero quedó en el ambiente la preocupación por el futuro del instituto, que enfrentará en octubre la renovación abrupta de su consejo general, un consejo al que por cierto todos felicitamos. Pero seguiré analizando este tema en una próxima colaboración.