Frontera de guerra

¿Exagero con el título que le he dado a este texto? No lo creo. La frontera de México con los Estados Unidos se ha convertido en una auténtica zona de guerra desde que comenzó la aplicación de la nefasta “Operación Guardián” (Gatekeeper) el primero de octubre de 1994, seguida por sus emuladoras, las operaciones “Interferencia” y “Salvaguarda” en Arizona, y “Río Grande”, en Texas. En esos diez años se han acumulado tres mil decesos de trabajadores mexicanos y centroamericanos que han dejado la vida en su intento vano de alcanzar el espejismo del “sueño americano”. Docenas de organizaciones civiles de ambos países han denunciado sistemáticamente los abusos, las vejaciones y la violencia que se ejercen contra los trabajadores migratorios que intentan atravesar la frontera, ahora reforzada y más inhumana que nunca. Se trata de una guerra soterrada, silenciada, negada, pero evidente cuando hablamos de bajas humanas, victimizadas por una política agresiva de “control de la frontera” que inició el gobierno de Clinton y que continúa con fe el de Bush el pequeño. ¿El enemigo? Los migrantes que “violan la soberanía de los Estados Unidos” al desconocer la existencia de fronteras artificiales entre los pueblos.
A partir de 1994 la frontera se reforzó mediante el despliegue masivo de agentes, la iluminación intensa y extensa de la frontera, la instalación de sensores ópticos y de movimiento, la construcción de nuevos y modernos cercados –reusando materiales de la primera guerra del golfo pérsico—, la intensificación del patrullaje apoyado en jeeps, motocicletas y helicópteros, y el uso de telescopios con visión nocturna. También mediante la contratación de miles de agentes adicionales, que han convertido a la Border Patrol en la policía federal más numerosa de ese país. En consecuencia, el paso de indocumentados se vio forzado a moverse en dirección al este, hacia los grandes desiertos y montañas de California y Arizona. Con el tiempo, este movimiento hacia el este comenzó a cobrar cada vez más vidas de inocentes que desconocen los rigores extremos del clima de la frontera. Por ejemplo, en enero de 1997 sucumbieron 16 personas cerca de Tecate, en una inhóspita región donde las temperaturas llegan a caer violentamente por debajo del punto de congelación. Luego, en el verano del año siguiente 39 migrantes murieron insolados. Y docenas de otros han muerto ahogados en los canales de riego del valle imperial o en el río Colorado. En Arizona y Texas la situación pronto alcanzó la gravedad de lo que se veía en California, y pronto se unieron a la estadística macabra de insolados, deshidratados, ahogados, asfixiados, atropellados y asesinados. Y lo más triste es que en las cifras mortales hay que incluir a una fuerte proporción –alrededor de un 15%— de mujeres y niños.
El sistema económico norteamericano ha basado su expansión en la mano de obra barata –y en apariencia inagotable— que le facilita la inmigración, particularmente la ilegal. Si los salarios se mantienen deprimidos en la base, también lo harán en los niveles superiores, ya que permiten mantener controlada la inflación y con ello las presiones salariales de los trabajadores de cuello azul y blanco. Todo el esquema de producción y circulación se beneficia fuertemente por este traslado de valor –utilizando los términos marxistas— desde la base de la pirámide laboral hacia sus estratos superiores. Parafraseando a Heberto Castillo, quien afirmaba que el petróleo sólo produce riqueza donde se quema o transforma, el trabajo humano sólo produce riqueza en donde se le aprovecha plenamente. Es decir que nuestro país realiza una enorme transferencia neta de riqueza al país del norte al desaprovechar el potencial de su gente; los 17 mil millones de dólares anuales en remesas significan solamente una pequeña porción del valor que generan los brazos de los 10 millones de mexicanos que hoy laboran al otro lado de la frontera.
Quiero decir que este recurso, la mano de obra inmigrante, es vital para mantener los altos estándares de vida que acostumbran los norteamericanos. Esto fue bien ilustrado por el ingenioso filme de Sergio Arau, Un día sin mexicanos, que se estrenó el 14 de mayo de este año. En la trama 14 millones de hispanos desaparecen de California, la tercera parte de la población de ese estado. Millones de tareas cotidianas, sobre todo las más elementales, dejan de ser atendidas, y la economía y la sociedad colapsan. No es exageración, es una realidad que fue reconocida hasta por Alan Greenspan, el gurú de la reserva federal gringa.
Pero a pesar de la importancia que tienen los migrantes hispanos y mexicanos en la economía de los Estados Unidos, han florecido en ese país movimientos conservadores –o incluso liberales— que denuncian la pérdida de los valores de la sociedad WASP –White, Anglo Saxon & Protestant— que caracterizaron a esa sociedad desde el arribo del May Flower a la roca Plymouth. Un santón de la ciencia política, Samuel Huntington, dio este año el campanazo de alarma a los auténticos coletos de por allá, se pregunta alarmado ¿quiénes somos? Y se responde: “El flujo persistente de inmigrantes hispanos amenaza con dividir a los Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos lenguajes. A diferencia de los grupos inmigrantes del pasado, los mexicanos y otros latinos no se han asimilado a la corriente principal de la cultura americana, y han formado más bien sus propios enclaves políticos y lingüísticos –desde Los Angeles hasta Miami— y rechazan los valores Anglo-protestantes que construyeron el sueño americano. Los Estados Unidos ignora este desafío y su peligro” (traducción mía). Los puristas han alzado la voz, y con ellos se ha levantado una turba de rancheros y red necks que han convertido a la cacería de indocumentados en el nuevo deporte nacional.
En un sitio de internet que mantiene la California Rural Legal Assistence Foundation (http://www.stopgatekeeper.org/Espanol/index.html) se puede encontrar el listado casi completo de dos mil de las víctimas mortales de esta década macabra de la operación Guardián. De mil más se desconoce su identidad, pues sus cuerpos fueron encontrados sin papeles o en un estado de degradación que imposibilitó su filiación. Las tragedias humanas que hay detrás de cada uno de esos muertos son estremecedoras. Por ello afirmo que se trata de una auténtica frontera de guerra, donde los aspirantes al sueño americano ponen sus vidas en la orilla de un precipicio letal. Terrible precio para quienes honestamente sólo buscan mejorar sus vidas y ofrecer su esfuerzo para la construcción de una mejor sociedad en los Estados Unidos.
Tan sólo el año pasado sumaron 390 los muertos entre los migrantes, lo que equivale a más de uno al día. De ese número los guanajuatenses llegaron a significar alrededor de 70. Se calcula que el flojo anual de trabajadores sin papeles es de 300 mil. Diríamos entonces que uno o dos de cada mil migrantes que se atreven a transitar la frontera ilegalmente, pierden la vida.
El incendio en Columbus Ohio del 12 de septiembre pasado, aparentemente provocado por alguna organización criminal xenofóbica, o bien el apedreo en octubre de las mujeres migrantes de Cortazar, a quienes la patrulla fronteriza impidió cruzar el río bravo y por ello perecieron ahogadas, refleja los extremos a los que se ha llevado esta situación. Es realmente preocupante que dos países no puedan ponerse de acuerdo para salvar centenares de vidas de seres humanos honestos e inocentes, y que en cambio se incremente la xenofobia, el racismo y la discriminación, cuando en realidad ellos no pueden vivir sin nosotros y nosotros aunque no nos guste admitirlo— no podemos vivir si ellos. Los nacionalismos trasnochados y los radicalismos sólo empeoran una situación que ha llegado a extremos dramáticos.
El gobierno mexicano hace menos que lo que debería hacer en estos casos. Los 43 consulados mexicanos en los EU padecen de una escasez endémica de recursos, y para defender los derechos de los connacionales, o bien impulsar la investigación de los casos de agresiones o violación a sus derechos, deben con frecuencia hacer uso de voluntarios o bien de asociaciones civiles que tampoco abundan en recursos. Nuestro gobierno federal debería invertir cantidades sustanciales en la contratación de bufetes de abogados, de investigadores privados, y apoyar a los activistas en pro de derechos humanos para consolidar un frente de defensa que sea sólido y agresivo. Trescientas vidas al año bien lo valen.
Hoy día se debate en el Congreso de los Estados Unidos una nueva iniciativa antiinmigrante, la HR-10, que invalidaría a las matrículas consulares de los países extranjeros como documentos de identificación. Además esa ley facilitaría la expulsión de extranjeros sin revisión administrativa o judicial, limitaría el derecho de asilo, y le daría mayores poderes a las autoridades federales para ignorar los derechos humanos de migrantes ilegales en ese país. Esto vendría a empeorar el clima de persecución policíaca que impera a lo largo de la frontera, y tendría consecuencias muy graves para los paisanos sin papeles, que suman casi cuatro millones en prácticamente todos los estados de la unión americana.
La frontera México-Estados Unidos es un espacio de muerte, y la tendencia es a que empeore la situación. La actual administración federal de los EU está más dispuesta a congraciarse con los grupos racistas de extrema derecha, muchos de ellos que se dedican a la persecución de greasers que se atreven a cruzar por sus ranchos, que a reconocer la naturaleza interdependiente de nuestras dos naciones. No es con la persecución policíaca, ni orillando a los aspirantes al sueño americano a arriesgar sus vidas, como construiremos una relación mejor en el futuro. Sólo lo será reconociendo nuestras realidades y unificando criterios que normalicen la migración, de tal forma que se convierta para los trabajadores mexicanos en una alternativa segura –entre muchas— para hacerse de un mejor futuro. Y más vale que nuestro país retome, de una vez por todas, el perdido camino del desarrollo, pues esa será la única solución de carácter definitivo que detenga la sangría humana que padece nuestra nación.