De dineros y a dónde se van

Resulta ya un fastidio que año con año, por estas fechas, nuevamente sean los presupuestos del gobierno motivo de riñas y confrontaciones. Al principio del sexenio lo fueron tan sólo entre las fracciones parlamentarias, y usualmente el ejecutivo no se metía demasiado. Pero ahora vemos en el ring al presidente, al congreso y pronto a la corte suprema.
Ya se ha dicho mucho en pro y en contra de las modificaciones que realizaron los diputados, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Particularmente me han parecido correctas las permutas. Es espléndido que se hayan casi duplicado los recursos para las carreteras del país, que están en un estado deplorable. Igual me gustó que se le inyecten recursos necesarísimos a la educación superior y la investigación científica, que esta administración ha abandonado por completo. El ejecutivo, por su parte, ha acusado al legislativo de haber convertido al presupuesto en un pastel que se repartió según los intereses particulares de los diputados. Pero eso a mí no me parece tan malo: un representante popular debe preocuparse por beneficiar a sus electores, incluso mediante artificios como el de morderle recursos a actividades superfluas del ejecutivo (el vestuario de la pareja presidencial por ejemplo). Si un diputado logró acarrear agua a su molino, lo hizo porque logró convencer a sus compañeros y justificó ante ellos ese destino.
Ya se ha evidenciado que la secretaría de Hacienda basó su propuesta original en un escenario sumamente pesimista en cuanto a los precios del petróleo (¡23 dólares el barril!) y la evolución de los ingresos públicos. En un entorno mundial de guerra y de expansión económica, es poco probable que los precios del crudo caigan drásticamente. Cuesta trabajo creer que esta subvaloración sea accidental, sino más bien movida por el interés de que buena parte de los excedentes puedan ser asignados de manera discrecional por el ejecutivo, sin necesidad de someterlos a la consideración del legislativo.
Guanajuato salió beneficiado por el nuevo reparto. El gobernador Romero así lo reconoció y agradeció a los diputados federales de la entidad, sin distingo de partidos, por haber sabido aglutinarse en una causa común y superior a los intereses particulares de sus bancadas. Por fin habrá obra pública de largo aliento, como la necesarísima ampliación de la carretera panamericana, que hoy es un monumento a nuestro atraso en comunicaciones. Y no hay que olvidar las obras hidráulicas, como la presa de Río Verde, y ojalá se hayan apartado recursos para la solución de largo plazo a la escasez de agua en la entidad: el sistema hidráulico en el río Santa María para traernos agua de la cuenca del Pánuco.
Sobre la seguridad pública, el enfoque de los diputados me pareció más correcto que el del ejecutivo: no es invirtiendo en más armas, en más elementos para las corporaciones, ni en más equipo costoso como se puede enfrentar con efectividad el problema de la inseguridad y la transgresión de la ley, sino con obras de infraestructura productiva y educativa que faciliten la apertura de más empleos, con la capacitación para aspirar a mejores salarios. La criminalidad va de la mano con la pobreza. No es con mayores elementos represivos como se arrancarán las raíces del problema, pues así sólo se podarán sus follajes. Ya se vio en San Juan Ixtayopan: las corporaciones evidenciaron su ineficacia, y luego han cebado su impotencia contra la población, aplicando detenciones arbitrarias sin ton ni son. Al final quedará claro que castigar a dos docenas de responsables no reparará el mal de fondo: la desconfianza ante la autoridad y la pertinaz pobreza, que obliga a buscar la sobrevivencia con los medios que sea, incluso el narco o el crimen.
En cambio al Poder Judicial se le asignaron recursos adicionales para facilitar la administración de justicia expedita.
Me parece afortunado que hoy día la división de poderes sea tan real, que ya enfada al ejecutivo. Todos deberemos aprender a vivir en estas nuevas realidades, aceptando los ámbitos de competencia de los actores públicos. El ejecutivo deberá a aprender a negociar con mucha antelación los proyectos que juzgue estratégicos, para que no sufran menoscabo. Eso fue lo que sucedió con la megabiblioteca José Vasconcelos (esfuerzo superfluo en un país donde las bibliotecas existentes están vacías de usuarios) y la carísima enciclomedia (que tampoco se justifica en un entorno donde las escuelas llegan a carecer hasta de lo más elemental). En fin, que al final nadie quedará contento, pero al menos tenemos motivos de conversación para el fin de año.