La reforma que viene, III

El principal asunto que preocupa a la fracción más crítica de la comunidad de la Universidad de Guanajuato con relación a su reforma institucional, tiene qué ver con los mecanismos de selección de las autoridades unipersonales de esa corporación. Este siempre ha sido un tema polémico y delicado, pues toca uno de los puntos más sensibles de la vida colectiva y de su interacción con los agentes ejecutivos que la lideran y la representan. Antes de la autonomía de mayo de 1994 esta no era materia de mayor preocupación, ya que para todos era claro que las nominaciones se hacían en cascada: el gobernador nombraba al rector, y éste a los funcionarios administrativos y a los directivos de las unidades. La colegiabilidad se limitaba al Consejo Universitario, los núcleos académicos por área y los consejos técnicos por unidad, pero su función era estrictamente académica, y poco o nada podían incidir en la nominación de autoridades. Esta verticalidad autoritaria dejó marcada la conciencia colectiva universitaria, que hoy manifiesta su preocupación por ser escuchada y participar más activamente en la elección de sus liderazgos formales.
No es un asunto menor, evidentemente. Es natural que los responsables de la conducción de una institución deseen mantener su capacidad de definir en última instancia la nominación del resto de autoridades unipersonales, pues se percibe que esto ayuda a mantener una política uniforme y un espíritu de equipo. Sin embargo se debe reconocer que el grueso de la comunidad profesoral de la universidad posee ya un nivel de madurez y conciencia democrática que garantiza que la autoridad cuente siempre con su participación comprometida, aun cuando ésta se ejerza críticamente. Creo yo que la comunidad comparte el proyecto común que se ha expresado en los documentos que definen el rumbo futuro de esa casa de estudios, como el PLADI 2002-2010 -que urge actualizar-. Por ello me parece que bien harían las comisiones del Consejo Universitario que están a cargo de atender las propuestas de la comunidad, en analizar con seriedad la posibilidad de que se democraticen los procesos de selección de autoridades unipersonales.
Aclaro que para mí, el verbo “democratizar” no es sinónimo de elecciones abiertas y sufragio universal. No considero que éste sea el mejor mecanismo dentro de una institución que debe privilegiar la excelencia académica por sobre la autocracia demagógica. Me refiero a que existen alternativas que propician la libre expresión y participación de los miembros de las parcialidades universitarias en la nominación de sus liderazgos formales. Los mecanismos que rigen en la Universidad Autónoma Metropolitana podrían ser estudiados. En esa casa de estudios todas las autoridades unipersonales son electas por los diferentes consejos que rigen en sus divisiones y sus unidades. Los rectores y directores de división sólo pueden nombrar a su personal directivo de carácter administrativo. A pesar de este acotamiento, el espíritu de equipo no padece divisiones ni se experimentan conflictos interpersonales relevantes entre las autoridades académicas, pues los une la voluntad común de hacer el mejor papel posible ante el resto de sus colegas, pues el director o rector en turno siempre tiene en mente que pronto se reincorporará a su posición original como académico llano. Ni siquiera existen alicientes económicos para buscar posiciones directivas, pues un profesor “de a pie” puede llegar a ganar mejor que un funcionario si es suficientemente productivo, esto gracias a un inteligente sistema de estímulos que favorece la competencia.
Por supuesto no comparto los radicalismos populistas de algunos de mis colegas de la UG. En el ámbito académico yo cuestiono fuertemente la viabilidad de la democracia a ultranza. Los liderazgos fuertes son necesarios en una institución que persigue la excelencia, pero esos líderes deben ser legitimados mediante mecanismos participativos y deliberativos, mas no asambleísticos, pues esto promovería la demagogia. En este sentido sí creo en la utilidad de un órgano como el colegio directivo, que nominaría a los rectores según el proyecto de reforma. Pero yo habría enriquecido a dicho consejo con la participación de un mayor número de académicos externos que el previsto en la propuesta –dos de siete-; inclusive yo optaría por una mayoría de externos sobre los internos, pues de esta manera esos “siete magníficos” se concentrarían más en lo objetivo-sustantivo y no tanto en las consideraciones adjetivas de grupos internos, como todavía hoy ocurre. Pero creo que en nuestra universidad todavía pesan mucho las consideraciones parroquianas y el chauvinismo institucional. Ya me ha tocado padecerlo, y más de alguno me ha considerado “ajeno” por haberme formado fuera de la institución. En fin.