En los últimos seis años se ha emprendido una guerra de declaraciones entre autoridades estatales y federales en el campo de la procuración de justicia, sobre el espinoso tema de la creciente presencia del narcotráfico y el crimen organizado en la entidad. En ocasiones reiteradas la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) ha señalado el incremento de actividades vinculadas con esos ilícitos de alta peligrosidad, y el hecho de que la entidad no puede ser más considerada como región de paso de drogas sino cada vez más como teatro de los embates de los narcotraficantes, así como un espacio de consumo y distribución interna. Tan sólo recordemos que apenas en marzo la PGJE dio a conocer su contabilidad de cinco asesinatos vinculados con el tráfico de drogas prohibidas.
El caso reciente más espectacular fue la ejecución de un matrimonio de sinaloenses radicados en León el 9 de febrero, cuando se dirigían a un popular centro comercial de esta ciudad. La PGR atrajo la ejecución de Ezequiel Valenzuela Aguilar y María Guadalupe Valenzuela de la Rocha, ejecutados con un certero balazo en la cabeza cada uno. Hasta el momento desconocemos si se ha avanzado algo en la investigación de este crimen, que colocó a nuestra entidad en la misma condición violenta que tiene angustiada a la ciudadanía de Tijuana, Nuevo Laredo o Guadalajara, donde las ejecuciones impunes se han convertido en hechos cotidianos.
Mientras se incrementan las evidencias de una creciente actividad de narcomenudeo, secuestro virtual, fraudes y tráfico de armas, la delegación de la PGR parece debatirse en una profunda crisis interna que no acaba de terminar. Desde las remociones no explicadas de delegados, como Antonio Mendoza Chávez y luego César Romero Valenzuela, mudados según esto por el “Programa de Renovación de Delegados”; así como otros señalados como presuntos responsables de actos de corrupción, como Lucía Graciano Casas, a quien se le pidió la renuncia en junio de 2004 a poco más de un año de haber tomado posesión, y Jorge Puente Ledesma, apresado en agosto de 2005.
El delegado actual, Martín Diego Salido-Orcillo, tiene nueve meses en el encargo y ha introducido cambios sensibles que él mismo se encargó de explicarnos a los integrantes del comité de participación ciudadana: reducción de la exposición a los medios -criticó acremente el protagonismo de sus antecesores-; concentración en las funciones sustantivas de la institución sin mayores concesiones a las relaciones públicas; separación radical de cualquier implicación política -como sucedió cuando el general Macedo abrigó aspiraciones presidenciales-, y relaciones respetuosas pero bien delimitadas con la autoridad local.
Debo confesar que el estilo personal del delegado me produjo en un principio algún pasmo y confusión, sobre todo cuando arrancó la reunión prácticamente desconociendo las funciones y la utilidad de un comité ciudadano como el nuestro. Cuando se le mencionaron las funciones definidas en el acuerdo del Procurador General de la República del 19 de abril del 2002 -emitido precisamente por el general Macedo- afirmó que ese acuerdo carecía de cualquier validez jurídica, y que sencillamente no estaba obligado a dar mayores facilidades para el ejercicio de las esas funciones. Incluso llegó a afirmar que no nos podía dar acceso a “los expedientes” de las investigaciones, lo cual es un despropósito, pues el comité ciudadano no fue creado para meter sus narices en las indagatorias, sino para formular opiniones con relación a la orientación y la aplicación de las políticas que implemente la institución, con base en la participación, la consulta y la comunicación del sentir de cada una de las comunidades representadas por los comisionados ciudadanos.
Al principio la sesión se enturbió, pero afortunadamente el sentido común imperó y el delegado pronto reconoció el valor y necesidad de mantener abierto un canal de comunicación con representantes de los ciudadanos comunes, que somos los que padecemos los efectos de la violencia social y la delincuencia. Se logró el compromiso de construir una estrategia más eficiente para hacer llegar a la PGR los sentires compartidos de los guanajuatenses comunes, y convertirnos en antenas y en correas de trasmisión de inquietudes, propuestas, demandas y ansiedades de nuestros coterráneos, para que la institución avance en sus acciones de manera tersa y legitimada ante los ojos de aquellos a quienes la ley y sus procuradores deben proteger, los ciudadanos de bien. Espero que lo logremos.
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