Guanajuato bárbaro

Una noticia sacude el momento en nuestro apacible y sereno estado: en el mes de enero sumaron diez los sujetos ejecutados por los criminales, incluyendo varios policías. El procurador Chowell y el gobernador Oliva tratan de calmar los ánimos de los angustiados parroquianos de Plan de Abajo, señalando que la paz está garantizada, que el combate al crimen es constante y decidido, y que los policías muertos no son evidencia de deterioro, sino una muestra palpable del brío que ha cobrado el combate a los malosos. Aventurada disquisición. El que se interprete que estas bajas son un barómetro de la intensidad de las hostilidades, nos dice que entonces cabría esperar que las masacres policiales se mantengan e incluso se incrementen. ¡Pobres agentes investigadores! Pueden ir preparando sus necesarias previsiones testamentarias, pues comienza la carnicería.
Francamente inspira asombro la actitud de las noveles autoridades estales y municipales. A cuatro meses de comenzada esta administración estatal, no hemos conocido una iniciativa clara para conformar el programa estatal de seguridad pública. El consejo respectivo no ha sesionado desde agosto, y mientras tanto lo único que se sabe es que se mantienen las purgas en la secretaría de Seguridad Pública, y se incrementan los rumores acerca de las capacidades técnicas y de liderazgo de la titular. Da la impresión de que esta secretaría es considerada de segundo nivel, simple coordinación de Ceresos y corporaciones policíacas estatales. No se aprecia liderazgo ni proactividad, sino simple reacción coyuntural a crisis súbitas. Ante el brete reciente, ni siquiera hubo alguna declaración pública de la dependencia, que explicara por qué fallaron las tácticas preventivas policiales, sino que tuvimos que recibir la versión oficial por parte del procurador y del mismo gobernador.
Que a los de Pénjamo los mataron en Michoacán –ese país vecino tan exótico, tan violento y tan ajeno a nosotros y que los vinieron a “aventar” en nuestro apacible lado del río. Y los matones pudieron pasearse tranquilamente en su vehículo con tres muertitos en la cajuela, sin ser molestados en los retenes que supuestamente existen en las fronteras interestatales. El libre tránsito garantizado para los matones. De no creerse.
Ante la violencia social y la inseguridad es mejor para el gobierno reaccionar con cierto exceso en su diligencia y preocupación por su combate, que mediante la negación de lo evidente y la autocomplacencia. Los gobernantes deben aprender que los gobernados no somos deficientes mentales y que sabemos sumar dos más dos. Sencillamente Guanajuato ha mucho que dejó de ser tranquilo, y que desde hace una década o poco más nos hemos transformado en un espacio donde el crimen organizado hace de las suyas. Hemos dejado de ser, por ejemplo, lugar de paso del narcotráfico, y hoy somos mercado de consumo y expendio. Las autoridades federales, estatales y municipales han aprendido a echarse la bolita mutuamente, y son expertas en excusas para explicar su falta de contundencia contra el crimen de alto impacto. No existe información pública, sobre todo indicadores históricos de la criminalidad, que nos permitan a los ciudadanos ponderar si las cosas van bien o mal. Debemos creerles a nuestros gobernantes cuando nos dicen que Guanajuato, en términos comparativos, sigue siendo la Suiza del altiplano mexicano, y que no vamos mal, al contrario. Pero yo recuerdo un dato: durante el año en que viví en Tijuana, se registraron ahí casi cien ejecuciones de policías y de bandas rivales. Diez muertos en un mes ya nos colocan a la altura de esa violenta ciudad. ¿O estoy mal?
Las autoridades tienden a ser herméticas en materia de seguridad y combate al crimen. Las restricciones en la información, se nos explica, tienen que ver con la necesaria secrecía que demandan las investigaciones. Esto al menos es lo que se nos expone a los miembros del comité estatal de participación ciudadana de la PGR, en nuestras reuniones mensuales con el delegado. Suena lógico, pero la carencia de estadísticas y de indicadores también genera incertidumbre, y da pie a que elucubremos interpretaciones de incompetencia de parte de las corporaciones a cargo de la procuración de justicia y seguridad. Pero si a esta “caja negra” le sumamos un optimismo temerario por parte de la autoridad, el resultado lógico es la incredulidad y la molestia ciudadanas. No nos podemos tragar esta píldora paciflorina cuando nuestros hijos y nosotros mismos estamos cada vez más expuestos a la violencia social y al crimen artero. Seamos honestos: Guanajuato ya es violento, ya es teatro de la guerra sorda del delito, y negarlo sólo ofende nuestro sentido común. Por favor: hay que hacer algo, hacerlo bien y hacerlo ya.