Reforma política ahora

El lunes pasado abandoné mi intención de ser considerado como candidato autopropuesto para cubrir la vacante de la consejería ciudadana del Instituto Electoral del Estado. Fue imposible penetrar la concha dentro de la que se envuelven los legisladores cuando éstos se perciben como los dueños del balón, y por lo tanto los únicos que pueden invitar a ciudadanos “a modo” que puedan ser considerados para cubrir posiciones tan políticamente sensibles.
Los detentadores del poder suelen olvidar la futilidad de su circunstancia. Es fácil asumir que el goce de capacidades socialmente habilitadas es un acompañante permanente y natural de cualquier cargo de gobierno o representación. En realidad no es así. Los diputados, por ejemplo, deberían asumirse como receptores atentos de las demandas y los sentires de sus representados, pero nuestro actual sistema de representación política privilegia la lealtad partidista más que la lealtad a los ciudadanos. No existe la percepción de “responsibidad” (accountability) del legislador hacia los electores que lo colocaron en esa posición de representación política, sino que dirige sus lealtades hacia el líder partidista, el dirigente de camarilla o el gobernante en vigor, que le abrieron las puertas –y las bolsas- del poder político. Y esto es aún más patético en el caso de los diputados plurinominales, que ni siquiera reconocen un espacio propio de representatividad social. Es por eso que el ejercicio de comunicación de los ciudadanos hacia sus representantes suele caer en oídos sordos. ¿Cuántos de nosotros nos comunicamos regularmente con nuestro representante en el Congreso, para hacerle saber nuestra opinión acerca de asuntos de interés público? Incluso, ¿cuántos de nosotros conocemos el nombre de nuestro representante?
Estoy convencido de que somos miles los ciudadanos guanajuatenses interesados en mejorar nuestro sistema de gobierno y representación. Somos ciudadanos activos e informados, conscientes de nuestra capacidad de opinar e influir. Ya estamos comenzando a organizarnos. Vamos a impulsar una reforma electoral que vaya al fondo de muchos asuntos pendientes en nuestra caduca legislación. Para ello será difícil contar con el apoyo de muchos legisladores, que perciben que el actual status quo es benéfico y conveniente para su partido político. Podrá ser cómodo y adecuado para ellos y su partido, pero no para la sociedad y para la democracia auténtica. Desgraciadamente las hegemonías políticas, como la que vivimos con el PRI hasta 1991, y la que hoy vivimos con el PAN desde ese año, convierten a los partidos más “revolucionarios” o más comprometidos con el “bien común” en partidos conservadores, que no desean provocar cambios que puedan resultar en un eventual incremento de las capacidades ciudadanas para cuestionarlos. Habrá que recordarle al PAN su original compromiso con la democracia representativa, aquella que movió a Madero; también habrá que hacerle ver al PRI que su supervivencia depende de su capacidad de retomar banderas progresistas, como las de Colosio; habrá que ayudarle al PRD a recuperar el compromiso democrático cardenista con el que nació en 1989, el año posterior al gran fraude. Habrá que convocar a los partidos emergentes a hacer causa común con la sociedad, y recuperar para Guanajuato el liderazgo que algún día tuvo dentro de la trasformación democrática nacional.
No me parece pequeño el reto: más bien es formidable. Pero con el apoyo de los medios de comunicación, como éste que me acoge, podremos formar una creciente corriente de opinión que obligue a los legisladores a asumir un compromiso de más aliento hacia la reforma electoral y política en nuestra entidad, y que la molicie no los mantenga en la absurda posición de hacer los ajustes mínimos que demandan los cambios en la Constitución General de la República y en el Cofipe. Tenemos poco tiempo, siete meses, pero sí es posible apurarse para llevar a efecto esa reforma de largo aliento. Varios abogados y politólogos del Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas, que preside Juan Miguel Alcántara, ya están comenzando la tarea de analizar los puntos de la agenda de la reforma. Existen el conocimiento y las ganas: sólo falta que los legisladores quieran hacerse cargo de su responsabilidad y que convoquen a una consulta social que permita definir los grandes capítulos de la reforma por venir. Hay que hacerlo juntos.