Nuevos desafíos electorales

La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado ha propuesto una apretada agenda para sacar adelante las reformas necesarias –y obligatorias- que demanda el código estatal electoral –conocido por sus siglas como CIPEEG-, ante los recientes cambios en la normatividad federal tanto en la Constitución General de la República como en la ley reglamentaria –el COFIPE-. Las reformas locales representan un considerable reto para su adecuación a las nuevas circunstancias. Consideremos tan solo las facultades ampliadas del Instituto Federal Electoral, la restricción de tiempos y recursos a las campañas partidistas, el uso de los tiempos oficiales para acceso a los medios electrónicos, así como su fiscalización y monitoreo, y un etcétera que no deja de ser importante. La reforma federal, si bien se quedó corta en muchos temas, fue sumamente importante para redefinir las nuevas condiciones de la competencia política dentro de mejores condiciones para la equidad, una mayor racionalidad en el uso de tiempos y recursos, y el incremento de la calidad del discurso político. Es bien sabido que se dará una reducción del financiamiento público destinado a las campañas electorales; una nueva forma de calcular el mismo, más la facultad exclusiva del Instituto para realizar la contratación de propaganda en radio y televisión.
Pero de poco servirá este esfuerzo de calibre nacional si las normas locales no se adecuan a las nuevas circunstancias. Yo tuvimos el mal ejemplo del estado de Guerrero, donde su legislatura malinterpretó las nuevas disposiciones oficiales sobre el acceso a medios de comunicación y le dio facultades indebidas al órgano electoral local para definir su distribución entre los partidos políticos en los comicios locales. La Suprema Corte ya determinó que es una facultad exclusiva del IFE. Por lo tanto, las autoridades locales deben establecer convenios con ese instituto para poder garantizar dicho acceso a medios para los contendientes partidistas locales. Además, es esperable que se les demande coadyuvar en el monitoreo del uso efectivo de esos recursos, que se convertirá en el nuevo y enorme reto tecnológico para el IFE y los institutos locales. Tan grande es este desafío que el IFE está preparando una sustancial ampliación de sus áreas técnicas dentro de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, que posibiliten este necesario monitoreo. También planea el IFE involucrar a las universidades públicas y privadas del país en la enorme tarea de monitorear el acceso efectivo de partidos, candidatos y terceros a mensajes en dichos medios de comunicación. A partir de ahora habrá que dar seguimiento a más de 2 mil 600 procesos municipales, mil 137 campañas de diputados locales –de mayoría y de representación proporcional-, 500 de diputados federales, 128 senadores, 32 gobernadores y un presidente de la República. En suma, es un buen montón de campañas proselitistas, en las que siempre estará presente la tentación de violar la ley y hacer uso de mensajes “por afuerita” del control del IFE. La prueba más cercana de esta “natural” actitud abusiva por parte de partidos y candidatos lo tuvimos con los 281 mil mensajes no reportados por los partidos en el proceso federal del 2006. ¡Todos hicieron trampa! Y no será diferente en el futuro, pues la política es cosa de humanos. Sólo la vigilancia por parte de la ciudadanía y la autoridad electoral podrá contener estas fullerías.
Entretanto hay que impulsar a nivel local una actitud proactiva y preventiva dentro de la normatividad electoral. No es suficiente hacer las adecuaciones mínimas a la constitución estatal y al CIPEEG: hay que introducir cambios profundos en varios ámbitos de la norma para transformar a la autoridad electoral local en un vigilante potente y coactivo dentro de las nuevas circunstancias de la competencia electoral nacional. También habría que replantear el convenio de colaboración del IEEG con el IFE, y aportar las potencialidades locales para contribuir en la vigilancia de los actores de las campañas. La reforma electoral federal obliga a esa colaboración, y la penalidad sería quedarse sin acceso a los medios de comunicación masiva. Pero será difícil hacerlo si mantenemos la absurda actitud “soberanista” que con frecuencia exhiben, demagógicamente, nuestros políticos locales. Hay ciertas materias donde conviene un fuerte nivel de coordinación y planeación centralizada, y una de ellas es la electoral, donde no nos podemos dar el lujo de propiciar desniveles y diferencias regionales en el desarrollo de los procesos comiciales, ya que así estaríamos llevando a la democracia a su perdición.