El Consejo Universitario de la Universidad de Guanajuato –que pronto dejará de serlo y pasará a convertirse en “Consejo General Universitario” cuando culmine el proceso de renovación de autoridades unipersonales y se renueve la representación de estudiantes y profesores–, conformó en su sesión del 30 de mayo pasado una “comisión especial” avocada a la selección de candidatos a rectores de los cuatro Campus regionales y el director del Colegio del Nivel Medio Superior. En esa comisión participan tres consejeros directores, tres consejeros profesores y tres consejeros estudiantes. Es presidida por el Rector General, quien a su vez puede delegar esa conducción en la Secretaria General.
Ya se ha hecho costumbre que cada vez que la universidad estatal renueva sus autoridades rectorales, el proceso reciba un interés especial por parte de los medios de comunicación y muchos círculos de la comentocracia local. No podría ser de otra manera: la universidad es pública, y sus procesos internos también deben serlo. La transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son ya condiciones ineludibles para cualquier instancia que reciba financiamiento gubernamental. Eso es así al menos desde el 2003, cuando se emitió la ley estatal en la materia. Sólo existe el límite del respeto a la información personal, y las restricciones a la información que es considerada “confidencial”, según criterios fijados en la propia ley.
No puede ser diferente esta ocasión. Además se agrega la circunstancia de que es un proceso inédito, pues se trata de cinco procesos paralelos, no de uno solo, lo que plantea dificultades adicionales a las acostumbradas. Los registros de aspirantes se iniciaron en esta semana y continuarán en la siguiente. En estos diez días hábiles, con 80 horas laborales, se están recibiendo las propuestas y autopropuestas de parte de los académicos que se consideren calificados para aspirar a uno de esos cargos ejecutivos. Se pide ser profesor de carrera con al menos una licenciatura; con un mínimo de cinco años de experiencia y con los tres últimos desempeñados en esta universidad; haberse distinguido en sus actividades académicas y tener buena reputación; no ser candidato a puesto de elección, dirigente partidista ni ministro de culto ¿se acuerdan del debate sobre la ley romerista? , y presentar un proyecto de desarrollo institucional. La mayor parte de los 787 profesores de tiempo completo de la universidad reúnen los requisitos. ¿Veremos un alud de solicitudes? Es dudoso.
Este tipo de responsabilidades requieren de habilidades que van más allá de los requerimientos formales estipulados por la ley. Es ahí donde entrará el buen criterio de los miembros de la comisión especial, quienes, luego de una serie de entrevistas, deberán depurar la primera lista para presentar un dictamen ante el Consejo el 8 de agosto sobre aquellos candidatos que reúnen las condiciones para serlo.
El Consejo aprobará o modificará el dictamen. A partir de entonces los aspirantes cobrarán carácter de candidatos oficiales, e iniciarán las consabidas “pasarelas” ante las comunidades particulares de cada Campus o entre las escuelas preparatorias de la universidad, según cada caso. Esta promoción deberá enmarcarse en valores “caballerescos” y de buena educación, así como de sentido común: libertad, honorabilidad, legalidad, certeza, imparcialidad, equidad, objetividad y respeto. Prácticamente los mismos que enarbolan nuestros zarandeados institutos electorales. Cinco agitados días, del 11 al 15 de agosto, dedicarán los candidatos a difundir su propuesta y convencer sobre su perfil e idoneidad. Estudiantes, profesores y trabajadores de apoyo los cuestionarán sobre los particulares intereses que inquietan a cada conjunto ¿“campirano” se dice? del Campus del que se trate. Los preparatorianos harán lo mismo.
Se desplegará así la “auscultación” –palabreja horrenda que sustituye a los conceptos llanos de “consulta” o “exploración” de la comunidad por parte de la comisión especial. Como siempre, el problema será el procesamiento y decantación de la información así recolectada. Pero hoy es un reto nuevo, que nunca habían enfrentado las previas comisiones especiales formadas para el mismo propósito: no se trata ahora de una sola “auscultación”, sino de cinco, y todas separadas geográficamente. ¿Cómo le harán los pobres miembros de la comisión? Deberán ser ubicuos y despabilados.
La comisión de marras rendirá su dictamen final al Consejo el 20 de agosto. Ahí defenderán su proyecto los candidatos decantados en el proceso, y sólo entonces ese órgano colegiado definirá las propuestas definitivas para presentar a la Junta Directiva. Esos once notables, de los que ocho son miembros de la comunidad universitaria y tres restantes son externos, son los responsables de la designación de los titulares de las rectorías y del director del Colegio de las preparatorias. ¿Cuántas propuestas llegaran a sus manos? Yo hago votos porque al menos sean dos por cada cargo a designar, pues en caso contrario se continuaría conculcando en los hechos una facultad explícita de ese órgano de gobierno. Pero no hay que adelantar vísperas. Más bien le quiero apostar a que los universitarios demos muestras de nuestra madurez creciente, y de que merecemos la autonomía y el autogobierno que tantos esfuerzos nos costó obtener. Por lo pronto, por ahí nos vemos…
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