La reforma electoral estatal aparenta sufrir un nuevo retraso, ahora provocado por una estrategia de dar largas a su aprobación a nivel de los ayuntamientos. Esto es de lamentarse, porque hay que ponderar que fue un logro no menor de la sociedad civil el que se haya podido sensibilizar al Congreso del Estado, y en particular a su mayoría parlamentaria, sobre la necesidad de recuperar en algo el liderazgo político perdido por nuestra entidad en materia de confiabilidad en sus procesos y autoridades electorales. La iniciativa consensuada y aprobada el 29 de mayo pasado recuperó algunas de las propuestas que emitimos varios ciudadanos, integrantes algunos del Instituto Guanajuatense de Estudios y Ciencias Políticas (IGECIP). No se atendieron todas las propuestas, evidentemente, pero fue un importante paso en la dirección correcta.
No me cabe duda de que en el golpe de timón oficial con relación a la participación del Ejecutivo en la nominación de consejeros y magistrados electorales, tuvo mucha influencia la charla que nos compartió el maestro José Woldenberg el 13 de mayo pasado, donde, a respuesta de un cuestionamiento del público y la prensa, emitió la opinión de que dicha injerencia no era positiva en un momento donde el resto del país la ha superado. Fue significativo que a los pocos días el gobernador manifestara públicamente su acuerdo en que el Legislativo incluyese este punto en su iniciativa de reforma. Los proponentes ciudadanos nos sentimos de plácemes, aunque lamentando que sólo se haya considerado uno de los puntos de nuestra batería de propuestas discutidas ante la comisión electoral.
Este avance parcial es significativo porque debe entenderse que la reforma electoral es un proceso permanente; nunca un expediente cerrado. Es incorrecto plantear que ciertas reformas pueden considerarse "definitivas", como sucedió en 1996 con las trascendentales modificaciones al Cofipe. Siempre habrá algo que es conveniente modificar, pues las condiciones de la competencia y las expectativas sociales cambian aceleradamente en un país cuya transición política parece no tener fin. Hay que armarse de paciencia, y seguir manifestando ante los legisladores la exigencia ciudadana del perfeccionamiento del marco normativo, siempre por encima de los intereses partidistas. En el ámbito federal, estamos atestiguando un cambio trascendental: el de la prohibición de las campañas en los principales medios electrónicos de comunicación –radio y TV—financiadas con dineros públicos o privados. Así se separan del proceso los intereses de los poderes fácticos, y posiblemente se aliente una auténtica comunicación política que haga posible el debate y la información objetiva sobre candidatos, plataformas y proyectos de gobierno o de representación. Esta modalidad se aplica ya en Brasil, Chile, España, Francia, Gran Bretaña, Australia y Canadá.
En ese sentido debemos prepararnos en lo local a enfrentar en conjunto con el IFE los retos tecnológicos y de fiscalización que implican estas nuevas reglas.
Hace dos contribuciones narré mis impresiones sobre el primer foro de diálogo y colaboración entre autoridades electorales a que convocó el IFE los días 7 y 8 pasados. En su intervención como panelista, Leonardo Valdés nos informó que en el proceso electoral federal de 2006 los partidos políticos se gastaron casi dos millones de pesos en contratar publicidad en radio y televisión. Y ese es el dato oficial reportado por los partidos. El dato real sólo podemos adivinarlo --¿será el doble, el triple?--. Esa cifra escandalosa correspondió a casi la mitad (47.6%) del financiamiento público que recibieron. ¿Cuántas escuelas, carreteras u hospitales podríamos construir con esa millonada?
La reforma obliga ahora a que los partidos ejerzan su propaganda en los tiempos oficiales de los medios. El IFE será la única autoridad competente para administrarlos, incluso por sobre los órganos electorales locales, ya que las telecomunicaciones son materia federal. Nos explicó Leonardo: "Desde el inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral, quedan a disposición del IFE 48 minutos diarios, que son distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión, en cada estación de radio y televisión. En las precampañas los partidos políticos disponen en conjunto de un minuto por cada hora de transmisión. En las campañas electorales los partidos pueden disponer del 85 por ciento de los 48 minutos referidos anteriormente. Fuera de precampañas y campañas electorales, el IFE dispone del 12 por ciento del tiempo del estado, del cual el 50 por ciento corresponde a los partidos políticos y 50 por ciento a las autoridades electorales. Y aquí hay que enfatizarlo, no sólo al IFE sino también a los institutos estatales electorales y a otras autoridades electorales como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Para el caso de las entidades federativas, el IFE administra los tiempos que corresponden al estado en radio y televisión, en las estaciones y canales con cobertura en la entidad respectiva. […] De este modo los tiempos de acceso a radio y televisión son los siguientes: para elecciones federales, durante las precampañas, existen 18 minutos para los partidos políticos y 30 minutos para las autoridades electorales. Durante las campañas hay 41 minutos para los partidos políticos y siete minutos para las autoridades electorales. Durante las elecciones locales, cuando éstas son coincidentes, en campañas locales tenemos 15 minutos para partidos políticos y este tiempo forma parte de los 41 minutos reservados, para los partidos políticos en las campañas federales."
El esquema será acompañado de un sofisticado sistema nacional de monitoreo, que se estrenará apenas en esta ocasión, en el que se invirtieron más de 800 millones de pesos. Este monto nos hizo dudar a muchos sobre los pretendidos ahorros. Pero es una inversión necesaria para darle viabilidad a la reforma, y el gasto fuerte es el inicial; en las elecciones subsecuentes se solventará este recurso de fiscalización.
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