El pequeño-gran escándalo que se desató el fin de semana pasado, acerca de la aprobación de un nuevo Bando de Policía y Gobierno del municipio de Guanajuato, ha provocado debates y malos entendidos que parecen viciados de origen. Debo expresar públicamente mi opinión, pues como habitante de esta cañada me siento afectado directamente por los contenidos del reglamento y los altercados en torno suyo. Primero que nada, agradezco la deferencia de la doctora Teresita Rendón Huerta, digna síndica en este ayuntamiento y jurista notable, por el envío de un trío de interesantes documentos, incluida la ordenanza de marras. En un mensaje dirigido a un grupo de sus conocidos, no todos partidarios, la abogada municipalista explica con seriedad su posición y nos manifiesta su desconcierto ante la lluvia de improperios y desfiguros a que dio lugar una declaración desafortunada en torno a la nueva norma municipal: la falsa prohibición de los besos en los espacios públicos. Sin duda le asiste la razón en este aspecto: la materia nunca fue esa, y los medios nacionales hicieron su agosto en enero presentando a la administración panista de la capital como un conjunto de obtusos conservadores, ejemplos de las buenas conciencias retrógradas del Bajío provinciano.
Concedo que el efímero reglamento no contemplaba en ninguna parte el asunto esencial del escándalo: lo de prohibir los besos. Es evidente que hubo un manejo político e interesado por parte de los medios de comunicación, que indujeron la batahola sin más sustento que el dicho de un regidor de oposición. En ese sentido es necesario reconocer que se exageró hasta un extremo risible un argumento sin sustento. Pero lástima de defensa chabacana que emprendió el edil Romero, que nunca abandonó su tono “buenaondista” de preparatoriano.
Como le expresé a la querida maestra universitaria, sí veo en el reglamento señas preocupantes de lo que los politólogos y los psicólogos sociales llaman “pensamiento unívoco”. Este concepto sirve para definir las convicciones compartidas por conjuntos sociales que caen en la certeza de poseer la verdad única en torno a cuestiones muy variadas, pero que en este caso tocan el ámbito de la moral pública y la privada. Las tradiciones religiosas, así como las ideológicas –tanto de derecha como de izquierda— caen fácilmente en esta tentación absolutista: sólo yo, sólo nosotros, los fieles convencidos, somos portadores del dogma primigenio. Esta infalibilidad puede partir de consideraciones basadas en un origen mítico –por ejemplo las tablas de la ley dadas a Moisés por Dios con el fin de regir la conducta del pueblo elegido--, o bien de otras fuentes de legitimación, como la ciencia misma –el marxismo es un buen ejemplo--, la historia, el arte y demás fuentes de pretendidas certidumbres.
Luego de leer cuidadosamente el bando-catecismo derogado, me he convencido de que tras el texto subyace una ideología unívoca, conservadora y excluyente. Se pretende regir sobre la conducta individual en los lugares públicos, y evitar “una serie de conductas que se califican de infracción administrativa y que tienen relación directa con el uso del espacio público”, reza la exposición de motivos. El primer título del bando es inobjetable, desde mi visión, pues despliega una filosofía de la convivencia basada en el respeto a los derechos de los demás, que parte de una lógica elemental que sin problemas compartimos. Pero es el título II donde se encuentran las evidencias de una actitud obtusa: las once “infracciones a la convivencia” del artículo 32 son en su mayoría subjetivas e impracticables, las 17 “infracciones contra la seguridad pública” del artículo 34 son relativas e imprecisas; pero las joyas de la corona lo constituyen las “infracciones contra la moral del individuo y de la familia” del artículo 36. Desde el propio epíteto estamos mal: ¿de cuál “moral” individual o familiar hablamos? ¿La moral excluyente que se defendió en el reciente Encuentro Mundial de las Familias? ¿Los absolutos de la moral familiar de los evangélicos? ¿La moral heterodoxa que subyace en los modelos familiares alternativos? ¿La moral cívica y laica que defendemos los liberales? Mi respuesta: ningún modelo único de moral puede y debe ser defendido desde el Estado. Éste debe garantizar a la persona la más absoluta de las libertades, sin que ésta dañe a los demás en su físico, sus bienes o su prestigio. Hiper legislar la conducta individual puede ser peor que dejar de legislar.
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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