Apenas cumplimos un mes desde el arribo de las primeras lluvias al territorio guanajuatense, y ya padecimos los avatares y desastres que acompañan a este tipo de fenómenos cuando no existe una cultura de la previsión ante los riesgos meteorológicos. Es impresionante cómo los años pasan y la experiencia no parece acumularse entre nosotros. Con gran facilidad las autoridades de todos los niveles se ven rebasadas y ponen en evidencia su pasmo ante la fuerza de la naturaleza; dejan pasar las horas y los días iniciales sin atinar en el despliegue de maniobras pertinentes que ayuden a paliar el dolor y la desesperación de miles de guanajuatenses, que vieron cómo el patrimonio acumulado en una vida de trabajo desaparece o se daña irremediablemente como consecuencia de las inundaciones y sus posteriores anegamientos.
Me resulta difícil aceptar que este tipo de desastres no pueda ser previsto. Es claro que desde hace muchos años existe la tecnología para evaluar riesgos, particularmente los relacionados con las avenidas del agua. Nuestros así llamados ríos son más bien lechos secos o encharcados la mayor parte del año, y carecen con frecuencia de contenedores naturales o artificiales de sus cauces. La planicie abajeña complica aún más las cosas, pues facilita que las avenidas acuáticas, cuando se dan, no respeten esas vías fluviales que en buena parte son insinuaciones o remedos de cauces, ya que en muchos tramos su trayectoria no se delimita con claridad, y más bien serpentea entre campos de cultivo que tienen poca o nula altura con relación al lecho por donde debe circular el agua, cuando la hay. Y todo esto se complica cuando la gente toma la decisión imprudente de asentarse o colocar instalaciones en las inmediaciones o de plano en los lechos de los ríos y arroyos, poniéndose voluntariamente en situación de riesgo. Recordemos la famosa Ley de Murphy: “lo que puede pasar, pasará”.
El colmo de la imprevisión se evidenció cuando se dio inicio al trasvase de la Presa Solís, pues era claro que dicho proceso coincidiría con la temporada de lluvias, que este año se vio precedida de una oleada de calor que rompió récords regionales y nacionales. Sospecho que alguna autoridad relacionada con el agua supuso que esto anunciaba un año de sequía, y que por ello el trasvase no implicaba ningún riesgo. Pero no fue así. Por lógica, el trasvase debió haberse dado en temporada de invierno, para evitar cualquier riesgo y además minimizar las pérdidas por evaporación. Pero al parecer los debates políticos y las negociaciones con la federación y el estado de Jalisco retrasaron esta decisión, que debió tomarse con base en criterios técnicos y no políticos.
Aunque no soy un experto en la materia, sí creo tener alguna calificación para opinar ya que he participado en algunos trabajos como consultor de la Comisión Nacional del Agua en el ámbito social. Por esto me atrevo a sugerir a las autoridades que se tomen algunas medidas, y me permito enunciarlas: 1) que impulsen un estudio a profundidad sobre el historial y consecuencias de las precipitaciones en nuestro estado; 2) que evalúen la situación real de los cauces con su ponderación topográfica y geológica; 3) que refuercen las acciones de reordenamiento territorial para movilizar a las poblaciones asentadas sobre los lechos o en zonas de riesgo; 4) que se evalúe la situación real de presas, bordos y retenes para tomar medidas de prevención; 5) que se tracen y precisen los cauces naturales de ríos y arroyos, redefiniéndolos si es necesario y reforzando sus márgenes con base en las máximas avenidas históricas; 6) que se reorganice el sistema estatal y municipal de protección civil, que evidenció sus limitaciones y su escasa capacidad de reacción ante los siniestros; 7) que se refuerce el fondo estatal para desastres, que se instituyan los municipales y que se acuerde con las autoridades federales mecanismos más ágiles para la disposición de los recursos del Fonden; 8) impulsar y apoyar la cultura del aseguramiento; 9) actualizar y divulgar el Atlas Estatal de Riesgos desglosado por municipio, y 10) que se vigorice la educación para la prevención en los niveles básico y medio del sistema educativo estatal.
Es claro que ninguna medida de prevención aislada tendrá la capacidad de evitar o paliar nuevas calamidades, pero en cambio todo un sistema de prevención que disponga de recursos suficientes y a tiempo, apoyado en una cultura ciudadana formada en la prevención, y con una capacidad probada de respuesta, sí puede amortiguar e incluso evitar las consecuencias de los imponderables naturales. Ya es urgente que acumulemos experiencia y cambiemos nuestra actitud desde la acción hacia la proacción. Recordemos que todos podemos ser víctimas eventuales de las calamidades, y debemos prepararnos en consecuencia.
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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miércoles, 23 de julio de 2003
miércoles, 16 de julio de 2003
¿Elecciones con mensaje?
La culminación de cualquier proceso electoral obliga siempre a los balances y a la reflexión acerca del mensaje que los ciudadanos han enviado a través de la emisión de su voto. Este ejercicio recurrente de la democracia brinda excelentes oportunidades a los analistas para ensayar explicaciones, interpretaciones y en ocasiones pontificar sobre los contenidos simbólicos que ellos alcanzan a detectar en la reconfiguración de las cifras que lograron los partidos y sus candidatos. Es cierto que con mucha frecuencia se extraen conclusiones aceleradas e incluso interesadas, que más se asemejan a la cartomancia y a lectura del Tarot que a un ejercicio serio de interpretación politológica; pero sin duda esto también es inevitable y forma parte de las realidades de la política práctica.
Los diferentes momentos electorales nacionales y estatales ha recibido lecturas diferentes según el clima político imperante en el momento. Por ejemplo, cuando en 1994 se habló del así llamado “voto del miedo”, la referencia clara era hacia el alzamiento zapatista y los asesinatos intestinos dentro de la élite política hegemónica. El ciudadano común reaccionó ante estos asomos de violencia con el uso masivo del poder del voto. Los mexicanos pacíficos inundaron las urnas y rompieron el récord de la participación con un histórico 76% de votantes que con su actitud participativa enviaron un claro mensaje de rechazo a la revuelta armada y al asesinato como recurso político. Nunca como entonces se puso en evidencia la utilidad que plantea la democracia como recurso efectivo ante la irracionalidad de la violencia y los gérmenes de la guerra civil, que asomaron la nariz y nos llenaron de aprensión. Por eso yo concuerdo con la conclusión de que el “voto del miedo” sirvió para insuflarle nueva legitimidad a un régimen que ya evidenciaba agotamiento.
En el 2000 experimentamos un nuevo fenómeno, ahora el del “voto del cambio”, que posibilitó la alternancia en la presidencia de la República y la renovación de los aires ya viciados de la política nacional. Pero la avalancha de votos a favor del cambio, que sumaron casi dos tercios de los sufragios emitidos, esto sumando las cantidades recibidas por todos los candidatos distintos al del PRI, trasmitió el claro mensaje de que la mayoría de los mexicanos apoyaban alternativas diferentes a la del oficialismo tricolor. Luego, de los votos opositores, Vicente Fox encabezó la más grande de las minorías, lo que le permitió hacerse del triunfo con sólo un 42% de los votos, suficientes dentro de un sistema de mayoría relativa.
También entonces la participación ciudadana fue destacada. Un 64% de los electores expresaron su opinión mediante el voto. También es claro que la posibilidad de concretar el cambio nos movió a muchos a acudir a urnas.
¿Cuál es el mensaje que los nuevos resultados electorales trasmiten? Podemos ensayar muchas interpretaciones, pero yo sólo quiero expresar la mía propia, que se sustenta en una apreciación personal de la evolución de los escenarios nacionales de la política. Creo yo que en esta ocasión los votantes enriquecieron sus posibilidades de apoyo a alternativas partidarias muy variadas. Las mayorías no se dejaron seducir por el sonsonete que se prodigó desde el nuevo partido oficial, para supuestamente “quitarle el freno al cambio”, y más bien se optó por agregarle contrapesos al ejecutivo federal, sin darle la mayoría absoluta a nadie, y obligar así a los actores de la política a realmente ejercerla y ponerse a trabajar en la construcción de consensos. El desempeño del gobierno federal sigue causando desasosiegos ante la carencia de líneas claras en la emisión de políticas públicas. Las reformas urgentes en ámbitos de tan enorme trascendencia como el fiscal, del sector eléctrico, del sistema de seguridad social, la reforma del Estado, etcétera, siguen esperando en el limbo de la incapacidad política. Y la nueva conformación de la cámara de diputados federal no facilitará las cosas.
Pero cuidado, con el nuevo mapa político que surgió como resultado de la elección del 6 de julio pasado el votante no está comunicando un deseo aparente de que nunca se llegue a acuerdos y de que el presidente Fox se vea maniatado en su búsqueda de concretar reformas. Más bien se debe interpretar como un llamado de atención para todos los actores de la política. En cierto sentido, la nueva situación representa el fin del llamado “cheque en blanco” que la nueva élite gobernante quiso encontrar en los resultados del 2000, pero también es un jalón de orejas para el resto de los partidos; por ejemplo el PRI, incluso con su alianza con el partido verde, logró 9.33 millones de votos, cuando en el 2000 había obtenido 13.7 millones. El PRD recibió 4.5 millones, cuando en la elección anterior había logrado 7 millones –aunque con la suma de los otros cuatro partidos de la Alianza por México. La Alianza por el Cambio había recibido 14.2 millones, y el PAN ahora cosechó 7.8 millones. Es decir, que en este proceso todos perdieron votos, no hubo espaldarazo para nadie, ni tampoco fue clara la existencia del voto de castigo. Más bien encontramos la confirmación de que México no es patrimonio de ningún partido ni de ningún personaje, y que la pluralidad junto con la tolerancia deben comenzar a aceptarse como los vehículos privilegiados para la construcción de acuerdos y la garantía de la gobernabilidad. De esta forma, terminaremos con las soberbias, los mesianismos y los autoritarismos, que tanto daño nos han hecho y que continúan amenazándonos desde las profundidades de los partidos y los gobiernos.
Los diferentes momentos electorales nacionales y estatales ha recibido lecturas diferentes según el clima político imperante en el momento. Por ejemplo, cuando en 1994 se habló del así llamado “voto del miedo”, la referencia clara era hacia el alzamiento zapatista y los asesinatos intestinos dentro de la élite política hegemónica. El ciudadano común reaccionó ante estos asomos de violencia con el uso masivo del poder del voto. Los mexicanos pacíficos inundaron las urnas y rompieron el récord de la participación con un histórico 76% de votantes que con su actitud participativa enviaron un claro mensaje de rechazo a la revuelta armada y al asesinato como recurso político. Nunca como entonces se puso en evidencia la utilidad que plantea la democracia como recurso efectivo ante la irracionalidad de la violencia y los gérmenes de la guerra civil, que asomaron la nariz y nos llenaron de aprensión. Por eso yo concuerdo con la conclusión de que el “voto del miedo” sirvió para insuflarle nueva legitimidad a un régimen que ya evidenciaba agotamiento.
En el 2000 experimentamos un nuevo fenómeno, ahora el del “voto del cambio”, que posibilitó la alternancia en la presidencia de la República y la renovación de los aires ya viciados de la política nacional. Pero la avalancha de votos a favor del cambio, que sumaron casi dos tercios de los sufragios emitidos, esto sumando las cantidades recibidas por todos los candidatos distintos al del PRI, trasmitió el claro mensaje de que la mayoría de los mexicanos apoyaban alternativas diferentes a la del oficialismo tricolor. Luego, de los votos opositores, Vicente Fox encabezó la más grande de las minorías, lo que le permitió hacerse del triunfo con sólo un 42% de los votos, suficientes dentro de un sistema de mayoría relativa.
También entonces la participación ciudadana fue destacada. Un 64% de los electores expresaron su opinión mediante el voto. También es claro que la posibilidad de concretar el cambio nos movió a muchos a acudir a urnas.
¿Cuál es el mensaje que los nuevos resultados electorales trasmiten? Podemos ensayar muchas interpretaciones, pero yo sólo quiero expresar la mía propia, que se sustenta en una apreciación personal de la evolución de los escenarios nacionales de la política. Creo yo que en esta ocasión los votantes enriquecieron sus posibilidades de apoyo a alternativas partidarias muy variadas. Las mayorías no se dejaron seducir por el sonsonete que se prodigó desde el nuevo partido oficial, para supuestamente “quitarle el freno al cambio”, y más bien se optó por agregarle contrapesos al ejecutivo federal, sin darle la mayoría absoluta a nadie, y obligar así a los actores de la política a realmente ejercerla y ponerse a trabajar en la construcción de consensos. El desempeño del gobierno federal sigue causando desasosiegos ante la carencia de líneas claras en la emisión de políticas públicas. Las reformas urgentes en ámbitos de tan enorme trascendencia como el fiscal, del sector eléctrico, del sistema de seguridad social, la reforma del Estado, etcétera, siguen esperando en el limbo de la incapacidad política. Y la nueva conformación de la cámara de diputados federal no facilitará las cosas.
Pero cuidado, con el nuevo mapa político que surgió como resultado de la elección del 6 de julio pasado el votante no está comunicando un deseo aparente de que nunca se llegue a acuerdos y de que el presidente Fox se vea maniatado en su búsqueda de concretar reformas. Más bien se debe interpretar como un llamado de atención para todos los actores de la política. En cierto sentido, la nueva situación representa el fin del llamado “cheque en blanco” que la nueva élite gobernante quiso encontrar en los resultados del 2000, pero también es un jalón de orejas para el resto de los partidos; por ejemplo el PRI, incluso con su alianza con el partido verde, logró 9.33 millones de votos, cuando en el 2000 había obtenido 13.7 millones. El PRD recibió 4.5 millones, cuando en la elección anterior había logrado 7 millones –aunque con la suma de los otros cuatro partidos de la Alianza por México. La Alianza por el Cambio había recibido 14.2 millones, y el PAN ahora cosechó 7.8 millones. Es decir, que en este proceso todos perdieron votos, no hubo espaldarazo para nadie, ni tampoco fue clara la existencia del voto de castigo. Más bien encontramos la confirmación de que México no es patrimonio de ningún partido ni de ningún personaje, y que la pluralidad junto con la tolerancia deben comenzar a aceptarse como los vehículos privilegiados para la construcción de acuerdos y la garantía de la gobernabilidad. De esta forma, terminaremos con las soberbias, los mesianismos y los autoritarismos, que tanto daño nos han hecho y que continúan amenazándonos desde las profundidades de los partidos y los gobiernos.
viernes, 25 de abril de 2003
La guerra que no debió ocurrir
Las humaredas y cenizas de la guerra absurda apenas están asentándose, y el mundo no termina de salir de su pasmo. Irak fue devastado en aras de cumplir con las exigencias de una geopolítica que no acepta más hegemonía que la de los Estados Unidos. Los vastos yacimientos petroleros del desierto persa están ahora en manos de la única potencia que sobrevivió a la guerra fría, y con ello ha garantizado su abasto para los próximos cuarenta años. Irak se suma al grueso inventario de naciones que han perdido su soberanía más elemental y que ahora garantizan la “reserva estratégica” de recursos energéticos para el imperio sin límites.
El enorme sufrimiento humano que acompañó a esta hecatombe no puede ser justificado por los discursos belicistas de Bush el chico, el halcón Rumsfeld y la exfuncionaria petrolera Codoleeza Rice, ni por sus acólitos Blair, Aznar y Berlusconi. No sabremos nunca con certeza la cantidad real de muertos, heridos y lisiados que dejó como secuela la irracionalidad, pero estoy seguro de que las miles de bombas de todo tipo que se jactó de haber arrojado el comando “aliado” –díganme: ¿cuál alianza? sobre el suelo iraquí, deben reflejarse con seguridad en miles de masacrados sin sentido. ¿Fueron tres mil, como calcula el comando aliado? ¿Cinco mil según organizaciones humanitarias? Nunca lo sabremos a ciencia cierta: la propaganda del caído Saddam siempre minimizó las bajas y lo mismo hizo su contraparte norteamericana.
La barbarie impera en el arranque del siglo XXI. Percibo negros nubarrones que parecen anunciar malos tiempos. Me da tristeza, por mis hijos, observar cómo se impuso la voluntad del más fuerte sobre cualquier intento de ejercer la racionalidad. De nada valieron la política y la diplomacia, herramientas básicas de la convivencia civilizada. La ONU fue avasallada, los inspectores de armas fueron desatendidos y vilipendiados, las naciones que optaron por la paz fueron amenazadas y chantajeadas, los miles o millones de manifestantes que exigieron a gritos detener la guerra fueron ignorados, encarcelados y vapuleados. Nada sirvió para detener a la arbitrariedad y la ley del revólver. El cowboy texano de mirada bizca aplastó a una de las naciones que más ha aportado a la forja de la cultura humana. Fue un ataque a la vida, pero también a la civilización, que debió padecer la devastación y el saqueo de miles de evidencias del nacimiento de nuestra esencia como seres humanos. Gran parte de nuestra herencia cultural, legada por Mesopotamia, por Sumeria, por Asiria, por Nínive con sus bibliotecas , por Persia, por el ilustrado Islam, se ha perdido para siempre, y lo ha hecho rodeada por los gritos del dolor, de la agonía de seres humanos inocentes, que pagan la factura por el hambre de petróleo que atraviesan los poderes imperiales.
Además de las vidas humanas perdidas se extraviaron para siempre decenas de miles de reliquias e íconos culturales que fueron robados de los museos de Irak. Todo ello para el placer de los millonarios traficantes de arte antiguo, la mayor parte de los cuales, por casualidad, se encuentran en Londres y Nueva York. Irak fue la tierra donde nació la agricultura, donde se estableció la primera ciudad, donde se inventó la escritura, donde vivieron sabios que nos legaron desde la astrología hasta el calendario que nos rige; también nuestro sistema de medición del tiempo por medio de horas, minutos y segundos; nuestra costumbre de contar por docenas; el ajedrez moderno… etcétera y más etcétera.
Pero todo esto poco cuenta cuando las botas y las bombas se imponen sobre el raciocinio y la compasión, valores que un dizque cristiano como Bush debería honrar.
La humanidad debe estar de luto. Yo lo estoy. Malos tiempos se aproximan.
El enorme sufrimiento humano que acompañó a esta hecatombe no puede ser justificado por los discursos belicistas de Bush el chico, el halcón Rumsfeld y la exfuncionaria petrolera Codoleeza Rice, ni por sus acólitos Blair, Aznar y Berlusconi. No sabremos nunca con certeza la cantidad real de muertos, heridos y lisiados que dejó como secuela la irracionalidad, pero estoy seguro de que las miles de bombas de todo tipo que se jactó de haber arrojado el comando “aliado” –díganme: ¿cuál alianza? sobre el suelo iraquí, deben reflejarse con seguridad en miles de masacrados sin sentido. ¿Fueron tres mil, como calcula el comando aliado? ¿Cinco mil según organizaciones humanitarias? Nunca lo sabremos a ciencia cierta: la propaganda del caído Saddam siempre minimizó las bajas y lo mismo hizo su contraparte norteamericana.
La barbarie impera en el arranque del siglo XXI. Percibo negros nubarrones que parecen anunciar malos tiempos. Me da tristeza, por mis hijos, observar cómo se impuso la voluntad del más fuerte sobre cualquier intento de ejercer la racionalidad. De nada valieron la política y la diplomacia, herramientas básicas de la convivencia civilizada. La ONU fue avasallada, los inspectores de armas fueron desatendidos y vilipendiados, las naciones que optaron por la paz fueron amenazadas y chantajeadas, los miles o millones de manifestantes que exigieron a gritos detener la guerra fueron ignorados, encarcelados y vapuleados. Nada sirvió para detener a la arbitrariedad y la ley del revólver. El cowboy texano de mirada bizca aplastó a una de las naciones que más ha aportado a la forja de la cultura humana. Fue un ataque a la vida, pero también a la civilización, que debió padecer la devastación y el saqueo de miles de evidencias del nacimiento de nuestra esencia como seres humanos. Gran parte de nuestra herencia cultural, legada por Mesopotamia, por Sumeria, por Asiria, por Nínive con sus bibliotecas , por Persia, por el ilustrado Islam, se ha perdido para siempre, y lo ha hecho rodeada por los gritos del dolor, de la agonía de seres humanos inocentes, que pagan la factura por el hambre de petróleo que atraviesan los poderes imperiales.
Además de las vidas humanas perdidas se extraviaron para siempre decenas de miles de reliquias e íconos culturales que fueron robados de los museos de Irak. Todo ello para el placer de los millonarios traficantes de arte antiguo, la mayor parte de los cuales, por casualidad, se encuentran en Londres y Nueva York. Irak fue la tierra donde nació la agricultura, donde se estableció la primera ciudad, donde se inventó la escritura, donde vivieron sabios que nos legaron desde la astrología hasta el calendario que nos rige; también nuestro sistema de medición del tiempo por medio de horas, minutos y segundos; nuestra costumbre de contar por docenas; el ajedrez moderno… etcétera y más etcétera.
Pero todo esto poco cuenta cuando las botas y las bombas se imponen sobre el raciocinio y la compasión, valores que un dizque cristiano como Bush debería honrar.
La humanidad debe estar de luto. Yo lo estoy. Malos tiempos se aproximan.
miércoles, 27 de noviembre de 2002
El primer tercio
Con cada fin de periodo, en este caso el término de un año calendárico, es fácil sucumbir a la tentación de ensayar evaluaciones, balances o apreciaciones sobre aspectos sensibles de nuestro medio social, político o económico. Los mexicanos en general, pero muy en particular los guanajuatenses, gustamos de calificar y ponderar a nuestros gobernantes a la menor oportunidad, aunque con frecuencia lo hacemos desde nichos oscuros –desde la “grilla” de café o el chisme de banqueta donde nuestras opiniones no tienen mayor consecuencia. La prensa nos permite llegar a un público más extenso y también más exigente, con el beneficio de obligarnos a examinar con más cuidado y sentido de responsabilidad los alcances de nuestros juicios.
A dos años de iniciada la presente administración estatal romerista ya se puede ensayar una aceptable estimación sobre su desempeño político administrativo general. Sin ánimo de asumir posiciones magistrales o de dictamen inatacable sobre un asunto esencialmente polémico, ensayo algunas primeras consideraciones que pueden ser pertinentes cuando ya se ha recorrido más de un tercio del camino de la gestión estatal.
El arribo de Juan Carlos Romero Hicks a la gubernatura guanajuatense tuvo tintes diferentes a los que caracterizaron a sus tres antecesores inmediatos del mismo signo partidista. Dos interinos y un gobernador constitucional se habían sucedido en el lapso de nueve años. Carlos Medina gobernó durante casi cuatro años, sujeto a cuestionamientos constantes producto de la “concertacesión” de 1991, con un congreso opositor, con la incertidumbre de no conocer la temporalidad de su mandato, e incluso con dos secretarios de gobierno priístas. En contraste Vicente Fox asumió el poder inmerso en un enorme halo de legitimidad y acompañamiento político, aunque debió negociar con otra legislatura opositora. Durante dos años pudo desplegar un proyecto político-administrativo ambicioso, aceptablemente coherente, con un control mínimo de la función estatal, con pocas definiciones, mucha delegación de funciones y un enorme protagonismo mediático. Los siguientes dos años, los de su precampaña presidencial, evidenciaron una clara disgregación del poder estatal, con un aparente olvido o dispersión de los objetivos y programas planteados en el plan básico de gobierno. Los megaproyectos en su mayoría fueron archivados. Los flamantes programas y oficinas de reciente creación cayeron en la pasividad o la inercia –recuérdese el SEFIDE, el CILACE, el CUC, el CDH, el FIDEPO y otros luego de la desbandada de funcionarios hacia la campaña.
El año que le tocó a Ramón Martín, el único operador político eficaz con que contó Fox, fue literalmente de cierre y puesta en orden. Se recompuso la clase administrativa estatal y se pudieron impulsar algunas iniciativas modestas pero efectivas gracias a la existencia de un liderazgo claro y presente. Pero por razones obvias tampoco hubo oportunidad de rediseñar una política de desarrollo de mediano y largo plazo, que permitiera imprimirle un sello distintivo a esta administración.
La sucesión de Fox y Ramón Martín representó de inmediato un objetivo extremadamente apetecible para los aspirantes a la candidatura panista. La perspectiva de un triunfo amplio, al menos en el nivel estatal, aprovechando la inercia de la campaña federal en la que por primera vez un guanajuatense –y opositor además aspiraría con realismo a la primera magistratura del país, fue un imán tan poderoso como inédito. Eso explica bien la intensa lucha interna que se trabó en el PAN a lo largo de su proceso de selección de su candidato a la gubernatura. Los jaloneos y las maniobras no dejaron de lastimar la buena imagen, tan cuidadosamente labrada, de quien finalmente se alzó con el triunfo interno.
Juan Carlos Romero obtuvo un triunfo electoral contundente tras una campaña con altibajos, con demasiados esfuerzos dedicados al frente interno y a una “operación cicatriz” que distrajo demasiado, frente a un opositor priísta engallado, con un perfil más típico de los candidatos panistas –empresario y leonés . La diferencia de votos entre el ganador y su primer opositor fue más amplia que la registrada por la elección de Fox en 1995 (25.1 puntos de diferencia porcentual, contra 22.9 en la elección anterior), aunque con 5 puntos por debajo de la votación obtenida en Guanajuato por el candidato presidencial de Alianza por el Cambio.
Su enorme legitimidad, aunada al hecho de que esta sería la primera administración sexenal en casi una década, permitieron albergar la esperanza de que la planeación y la ejecución de los programas oficiales recobraría la visión de largo plazo y el sentido de trascendencia histórica. El nuevo estilo personal de gobernar de Romero Hicks, en las antípodas de su antecesor ahora en la presidencia, anunciaba una nueva época de reflexiva concepción de un modelo de desarrollo regional basado en el conocimiento inteligente de la realidad social a ser atendida. Esto nos llevó a muchos a colaborar de forma entusiasta en la elaboración participativa y democrática del nuevo plan de gobierno, que ahora no debió sustentarse en las sesudas y autoritarias consideraciones de un grupito de expertos en estrategia prospectiva, sino más bien en el sentido común de gente comprometida y participativa. A veces resultó difícil comunicarse al interior de los grupos convocados, por la disparidad de experiencias y trayectorias de los participantes, pero hay que reconocerle a esta administración su afán de extender hacia la sociedad su compromiso con el diseño del futuro rumbo compartido. Desgraciadamente el método seleccionado por los consultores fue poco menos que caótico y el procesamiento acusó problemas y contradicciones que son evidentes en los documentos básicos que se generaron y se publicaron. Sigo opinando que faltó involucrar en la fase final, ahora sí, a un grupo limitado de expertos en planificación social, económica y administrativa. No cabe duda que los intelectuales a veces sí sirven para algo.
Si el esfuerzo de planeación padeció problemas, era previsible que también se acusaran en el desempeño concreto de las diferentes áreas del gobierno. Desde la conformación de un gabinete en el que desde el principio se evidenciaron dos equipos separados, el del gobernador y el del partido, hasta los diferenciales en la experiencia de gobierno de los titulares de las diferentes áreas. Fue pronto claro que la vivencia en los claustros universitarios no era práctica suficiente para enfrentar las complejidades de un entorno político taimado, mañoso y poco inclinado al diálogo y al debate respetuoso que se acostumbra en la academia. Las buenas voluntades del gobernador y de su equipo, subrayo, de SU equipo, chocarían con las veleidades y dobles caras de los actores experimentados de la realpolitik tanto de la oposición como de su propio partido –técnicos contra rudos-. A la fecha todavía se señala –sobre todo en los medios- la falta de malicia del gobernador y de su equipo inmediato. Lo malo es que el tono es en el sentido de que esto es un defecto, más que una virtud. La moralidad bien definida y el sentido de ética personal a veces se interpreta como obstáculo para el control efectivo de los marrulleros de la política. Hay que conceder cierta pertinencia a estos juicios, pues nuevamente observamos cómo Maquiavelo se burla de Platón.
Parece claro que la gestión financiera, económica y social está en manos del equipo romerista, y no es extraño que sea en este ámbito donde la administración pueda entregar las mejores cuentas –finanzas, contraloría, desarrollo económico, desarrollo social, salud, justicia , pero el bajo control sobre el área política y de seguridad parece ser una de las razones para el crecimiento de movimientos de protesta e incluso algún brote de violencia. Las agendas políticas de los personajes encargados de las áreas no parecen coincidir mucho con la del titular del ejecutivo, y esto provoca desfases y contradicciones. En otros ámbitos, el área educativa está en el limbo y la política social no termina de definirse y trazar su raya con los proyectos foxistas, fruto más de ocurrencias que de una planeación del desarrollo.
El congreso, a pesar del fin del gobierno dividido y el amplio predominio del partido del gobernador, no ha podido acompañar suficientemente al ejecutivo y se debate en sus luchas internas por el faccionalismo que sufren los grupos parlamentarios, a lo que se unen las inexperiencias de un grupo que en las elecciones pasadas no se preparó para ganar, y otros que no se prepararon para perder.
Con sus luces y sombras, el desempeño de la administración me ha parecido aceptable y parece aprender rápido. Recordemos que cuando Carlos Medina comenzó su gestión estatal exhibió claras muestras de inexperiencia e intolerancia, pero con el tiempo fue aprendiendo a tejer política de alto nivel. Hoy Medina es uno de los mejores políticos con que cuenta Acción Nacional. Los romeristas venían curtidos con una amplia experiencia institucional, pero limitada a las aguas tranquilas de la universidad estatal. Es de esperar que su exposición a los fríos vientos de la política agreste les permita pronto aguzar sus garras y desplegar un proyecto más agresivo y propio. Como en los buenos matchs deportivos, la mejor victoria es la del que viene de menos a más.
A dos años de iniciada la presente administración estatal romerista ya se puede ensayar una aceptable estimación sobre su desempeño político administrativo general. Sin ánimo de asumir posiciones magistrales o de dictamen inatacable sobre un asunto esencialmente polémico, ensayo algunas primeras consideraciones que pueden ser pertinentes cuando ya se ha recorrido más de un tercio del camino de la gestión estatal.
El arribo de Juan Carlos Romero Hicks a la gubernatura guanajuatense tuvo tintes diferentes a los que caracterizaron a sus tres antecesores inmediatos del mismo signo partidista. Dos interinos y un gobernador constitucional se habían sucedido en el lapso de nueve años. Carlos Medina gobernó durante casi cuatro años, sujeto a cuestionamientos constantes producto de la “concertacesión” de 1991, con un congreso opositor, con la incertidumbre de no conocer la temporalidad de su mandato, e incluso con dos secretarios de gobierno priístas. En contraste Vicente Fox asumió el poder inmerso en un enorme halo de legitimidad y acompañamiento político, aunque debió negociar con otra legislatura opositora. Durante dos años pudo desplegar un proyecto político-administrativo ambicioso, aceptablemente coherente, con un control mínimo de la función estatal, con pocas definiciones, mucha delegación de funciones y un enorme protagonismo mediático. Los siguientes dos años, los de su precampaña presidencial, evidenciaron una clara disgregación del poder estatal, con un aparente olvido o dispersión de los objetivos y programas planteados en el plan básico de gobierno. Los megaproyectos en su mayoría fueron archivados. Los flamantes programas y oficinas de reciente creación cayeron en la pasividad o la inercia –recuérdese el SEFIDE, el CILACE, el CUC, el CDH, el FIDEPO y otros luego de la desbandada de funcionarios hacia la campaña.
El año que le tocó a Ramón Martín, el único operador político eficaz con que contó Fox, fue literalmente de cierre y puesta en orden. Se recompuso la clase administrativa estatal y se pudieron impulsar algunas iniciativas modestas pero efectivas gracias a la existencia de un liderazgo claro y presente. Pero por razones obvias tampoco hubo oportunidad de rediseñar una política de desarrollo de mediano y largo plazo, que permitiera imprimirle un sello distintivo a esta administración.
La sucesión de Fox y Ramón Martín representó de inmediato un objetivo extremadamente apetecible para los aspirantes a la candidatura panista. La perspectiva de un triunfo amplio, al menos en el nivel estatal, aprovechando la inercia de la campaña federal en la que por primera vez un guanajuatense –y opositor además aspiraría con realismo a la primera magistratura del país, fue un imán tan poderoso como inédito. Eso explica bien la intensa lucha interna que se trabó en el PAN a lo largo de su proceso de selección de su candidato a la gubernatura. Los jaloneos y las maniobras no dejaron de lastimar la buena imagen, tan cuidadosamente labrada, de quien finalmente se alzó con el triunfo interno.
Juan Carlos Romero obtuvo un triunfo electoral contundente tras una campaña con altibajos, con demasiados esfuerzos dedicados al frente interno y a una “operación cicatriz” que distrajo demasiado, frente a un opositor priísta engallado, con un perfil más típico de los candidatos panistas –empresario y leonés . La diferencia de votos entre el ganador y su primer opositor fue más amplia que la registrada por la elección de Fox en 1995 (25.1 puntos de diferencia porcentual, contra 22.9 en la elección anterior), aunque con 5 puntos por debajo de la votación obtenida en Guanajuato por el candidato presidencial de Alianza por el Cambio.
Su enorme legitimidad, aunada al hecho de que esta sería la primera administración sexenal en casi una década, permitieron albergar la esperanza de que la planeación y la ejecución de los programas oficiales recobraría la visión de largo plazo y el sentido de trascendencia histórica. El nuevo estilo personal de gobernar de Romero Hicks, en las antípodas de su antecesor ahora en la presidencia, anunciaba una nueva época de reflexiva concepción de un modelo de desarrollo regional basado en el conocimiento inteligente de la realidad social a ser atendida. Esto nos llevó a muchos a colaborar de forma entusiasta en la elaboración participativa y democrática del nuevo plan de gobierno, que ahora no debió sustentarse en las sesudas y autoritarias consideraciones de un grupito de expertos en estrategia prospectiva, sino más bien en el sentido común de gente comprometida y participativa. A veces resultó difícil comunicarse al interior de los grupos convocados, por la disparidad de experiencias y trayectorias de los participantes, pero hay que reconocerle a esta administración su afán de extender hacia la sociedad su compromiso con el diseño del futuro rumbo compartido. Desgraciadamente el método seleccionado por los consultores fue poco menos que caótico y el procesamiento acusó problemas y contradicciones que son evidentes en los documentos básicos que se generaron y se publicaron. Sigo opinando que faltó involucrar en la fase final, ahora sí, a un grupo limitado de expertos en planificación social, económica y administrativa. No cabe duda que los intelectuales a veces sí sirven para algo.
Si el esfuerzo de planeación padeció problemas, era previsible que también se acusaran en el desempeño concreto de las diferentes áreas del gobierno. Desde la conformación de un gabinete en el que desde el principio se evidenciaron dos equipos separados, el del gobernador y el del partido, hasta los diferenciales en la experiencia de gobierno de los titulares de las diferentes áreas. Fue pronto claro que la vivencia en los claustros universitarios no era práctica suficiente para enfrentar las complejidades de un entorno político taimado, mañoso y poco inclinado al diálogo y al debate respetuoso que se acostumbra en la academia. Las buenas voluntades del gobernador y de su equipo, subrayo, de SU equipo, chocarían con las veleidades y dobles caras de los actores experimentados de la realpolitik tanto de la oposición como de su propio partido –técnicos contra rudos-. A la fecha todavía se señala –sobre todo en los medios- la falta de malicia del gobernador y de su equipo inmediato. Lo malo es que el tono es en el sentido de que esto es un defecto, más que una virtud. La moralidad bien definida y el sentido de ética personal a veces se interpreta como obstáculo para el control efectivo de los marrulleros de la política. Hay que conceder cierta pertinencia a estos juicios, pues nuevamente observamos cómo Maquiavelo se burla de Platón.
Parece claro que la gestión financiera, económica y social está en manos del equipo romerista, y no es extraño que sea en este ámbito donde la administración pueda entregar las mejores cuentas –finanzas, contraloría, desarrollo económico, desarrollo social, salud, justicia , pero el bajo control sobre el área política y de seguridad parece ser una de las razones para el crecimiento de movimientos de protesta e incluso algún brote de violencia. Las agendas políticas de los personajes encargados de las áreas no parecen coincidir mucho con la del titular del ejecutivo, y esto provoca desfases y contradicciones. En otros ámbitos, el área educativa está en el limbo y la política social no termina de definirse y trazar su raya con los proyectos foxistas, fruto más de ocurrencias que de una planeación del desarrollo.
El congreso, a pesar del fin del gobierno dividido y el amplio predominio del partido del gobernador, no ha podido acompañar suficientemente al ejecutivo y se debate en sus luchas internas por el faccionalismo que sufren los grupos parlamentarios, a lo que se unen las inexperiencias de un grupo que en las elecciones pasadas no se preparó para ganar, y otros que no se prepararon para perder.
Con sus luces y sombras, el desempeño de la administración me ha parecido aceptable y parece aprender rápido. Recordemos que cuando Carlos Medina comenzó su gestión estatal exhibió claras muestras de inexperiencia e intolerancia, pero con el tiempo fue aprendiendo a tejer política de alto nivel. Hoy Medina es uno de los mejores políticos con que cuenta Acción Nacional. Los romeristas venían curtidos con una amplia experiencia institucional, pero limitada a las aguas tranquilas de la universidad estatal. Es de esperar que su exposición a los fríos vientos de la política agreste les permita pronto aguzar sus garras y desplegar un proyecto más agresivo y propio. Como en los buenos matchs deportivos, la mejor victoria es la del que viene de menos a más.
domingo, 28 de abril de 2002
Diplomacia ranchera
La zarzuela que han representado los jefes de estado de nuestro país y la isla caribeña ha puesto en la palestra dos debates necesarios, que van más allá del folclórico anecdotario que ha adornado la confrontación entre estos dos adalides del populismo: primero, la necesidad de definir una política exterior renovada pero congruente con los mejores principios de la tradición diplomática mexicana, y segundo, el compromiso real de nuestro país en la defensa de los derechos humanos en el ámbito internacional.
En el primer rubro, es claro para mí que la administración foxista reconoce la necesidad de un aggionamento, una puesta al día del papel tradicional de México en el concierto internacional. El primer paso concreto fue el interés evidenciado por nuestro país en incorporarse al de por sí controversial y anacrónico Consejo de Seguridad de la ONU, lo que despertó una justa polémica que fue obviada en buena medida para dar cabida al enorme ego del entonces inoperante consejero de seguridad nacional, Aguilar Zínzer. La política exterior pareció teñirse con intereses más personales y coyunturales que de prioridades de Estado y de largo plazo. Pudo bien interpretarse como síntoma de un pretensioso delirio primermundista como el que le conocimos a Carlos Salinas. Ya ni siquiera se trataba del delirante liderazgo tercermundista de Echeverría, que al menos nos ubicaba entre nuestros iguales.
El claro abandono de la doctrina Estrada, la que sin duda requería de una puesta al día ante un mundo globalizado que cuestiona la soberanía de los estados, no fue correspondido con el diseño de una nueva política externa de Estado, cuyas prioridades continuasen siendo el respeto irrestricto al orden político por el que optasen los pueblos y las decisiones de política interna, y la búsqueda de mecanismos internacionales propiciatorios del bienestar social y la justicia.
Pero estamos entrando a un nuevo momento de predominio de los valores llamados “absolutos”. Ya Fox ha etiquetado a los derechos humanos como “valores absolutos”, así como muchos otros políticos de tendencia conservadora. Esto se traduce en una especie de obligatoriedad universal. Es harto preocupante que los líderes políticos vuelvan a pontificar sobre los que ellos consideran universal y “absoluto”, pues ello nos remite a las intolerancias de los fundamentalismos absolutistas que tanto daño han hecho a la humanidad, como lo fue el fascismo, el estalinismo, las cruzadas, el sionismo, el destino manifiesto, y ¡claro! el castrismo.
Los antropólogos nos hemos opuesto históricamente a estos absolutos. Los actuales derechos humanos son una respuesta defensiva dentro de un mundo industrializado ante los abusos del poder irrestricto, el racismo, la intolerancia y el sexismo. Pero no siempre ha sido así, incluso en el mundo moderno. El derecho a la vida, el más básico de los derechos humanos, no fue reconocido sino hasta el siglo XVIII, dentro de los bien conocidos Derechos del Hombre. Pero incluso hoy existen muchos estados nacionales que practican legalmente la pena de muerte, y desconocen en los hechos la universalidad del más básico de esos derechos. ¿Es entonces un valor absoluto el respeto a la vida?
Ahora aterrizando sobre el debate con Cuba sobre el voto mexicano en Ginebra, debo recordarle al lector que existen tres niveles o “generaciones” dentro de los derechos humanos: los derechos elementales a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la equidad ante la ley y otros. En un segundo nivel están los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. Los de tercera generación corresponden a la autodeterminación, la independencia, la identidad nacional, la coexistencia pacífica, la justicia internacional, el patrimonio, el medio ambiente y el desarrollo con dignidad.
Nuestro país padece de fuertes rezagos en los tres niveles de derechos humanos. Día a día conocemos de abusos policiacos, de ineficacia del sistema de justicia, de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, de imposibilidad de acceso al empleo, de millones de personas que nos acceden al sistema educativo, de padecimientos de salud vinculados al subdesarrollo, de racismo contra los indígenas, sexismo, y un largo etcétera.
Cuba padece de fuertes rezagos en el ámbito de las libertades políticas e individuales, pero no así en el resto de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. No hay país en América Latina que registre los niveles de alfabetización, acceso a educación superior, a los servicios de salud, a la cultura y al deporte. Todo ello en un contexto de un bloqueo soberbio e imperial que todavía hoy, liquidada la guerra fría, pasa una factura oprobiosa al pueblo cubano por el atrevimiento de haberse dado el sistema político que en su momento fue asumido por los pobres y olvidados de Cuba como el que podría rescatarlos de su oprobio.
Al gobierno mexicano se le ha olvidado este origen. Cuba no es Castro. Ni siquiera la Revolución Cubana es Castro. Cuba es un símbolo de la dignidad latinoamericana (¡qué anacrónico me oigo! ¡El bolivarianismo es una curiosidad de museo!). México también lo fue, al menos en la escena internacional. Hoy lucimos como el país recadero y lambiscón de los Estados Unidos que basa su política internacional en simulaciones y mentiras, que luego son ventaneadas gracias a la marrullería zorruna de un político con 43 años de experiencia ante la ingenuidad de los artífices de nuestra diplomacia ranchera.
En el primer rubro, es claro para mí que la administración foxista reconoce la necesidad de un aggionamento, una puesta al día del papel tradicional de México en el concierto internacional. El primer paso concreto fue el interés evidenciado por nuestro país en incorporarse al de por sí controversial y anacrónico Consejo de Seguridad de la ONU, lo que despertó una justa polémica que fue obviada en buena medida para dar cabida al enorme ego del entonces inoperante consejero de seguridad nacional, Aguilar Zínzer. La política exterior pareció teñirse con intereses más personales y coyunturales que de prioridades de Estado y de largo plazo. Pudo bien interpretarse como síntoma de un pretensioso delirio primermundista como el que le conocimos a Carlos Salinas. Ya ni siquiera se trataba del delirante liderazgo tercermundista de Echeverría, que al menos nos ubicaba entre nuestros iguales.
El claro abandono de la doctrina Estrada, la que sin duda requería de una puesta al día ante un mundo globalizado que cuestiona la soberanía de los estados, no fue correspondido con el diseño de una nueva política externa de Estado, cuyas prioridades continuasen siendo el respeto irrestricto al orden político por el que optasen los pueblos y las decisiones de política interna, y la búsqueda de mecanismos internacionales propiciatorios del bienestar social y la justicia.
Pero estamos entrando a un nuevo momento de predominio de los valores llamados “absolutos”. Ya Fox ha etiquetado a los derechos humanos como “valores absolutos”, así como muchos otros políticos de tendencia conservadora. Esto se traduce en una especie de obligatoriedad universal. Es harto preocupante que los líderes políticos vuelvan a pontificar sobre los que ellos consideran universal y “absoluto”, pues ello nos remite a las intolerancias de los fundamentalismos absolutistas que tanto daño han hecho a la humanidad, como lo fue el fascismo, el estalinismo, las cruzadas, el sionismo, el destino manifiesto, y ¡claro! el castrismo.
Los antropólogos nos hemos opuesto históricamente a estos absolutos. Los actuales derechos humanos son una respuesta defensiva dentro de un mundo industrializado ante los abusos del poder irrestricto, el racismo, la intolerancia y el sexismo. Pero no siempre ha sido así, incluso en el mundo moderno. El derecho a la vida, el más básico de los derechos humanos, no fue reconocido sino hasta el siglo XVIII, dentro de los bien conocidos Derechos del Hombre. Pero incluso hoy existen muchos estados nacionales que practican legalmente la pena de muerte, y desconocen en los hechos la universalidad del más básico de esos derechos. ¿Es entonces un valor absoluto el respeto a la vida?
Ahora aterrizando sobre el debate con Cuba sobre el voto mexicano en Ginebra, debo recordarle al lector que existen tres niveles o “generaciones” dentro de los derechos humanos: los derechos elementales a la vida, a la libertad, a la seguridad, a la equidad ante la ley y otros. En un segundo nivel están los derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al trabajo, a la educación y a la salud. Los de tercera generación corresponden a la autodeterminación, la independencia, la identidad nacional, la coexistencia pacífica, la justicia internacional, el patrimonio, el medio ambiente y el desarrollo con dignidad.
Nuestro país padece de fuertes rezagos en los tres niveles de derechos humanos. Día a día conocemos de abusos policiacos, de ineficacia del sistema de justicia, de asesinatos de periodistas y defensores de derechos humanos, de imposibilidad de acceso al empleo, de millones de personas que nos acceden al sistema educativo, de padecimientos de salud vinculados al subdesarrollo, de racismo contra los indígenas, sexismo, y un largo etcétera.
Cuba padece de fuertes rezagos en el ámbito de las libertades políticas e individuales, pero no así en el resto de los derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. No hay país en América Latina que registre los niveles de alfabetización, acceso a educación superior, a los servicios de salud, a la cultura y al deporte. Todo ello en un contexto de un bloqueo soberbio e imperial que todavía hoy, liquidada la guerra fría, pasa una factura oprobiosa al pueblo cubano por el atrevimiento de haberse dado el sistema político que en su momento fue asumido por los pobres y olvidados de Cuba como el que podría rescatarlos de su oprobio.
Al gobierno mexicano se le ha olvidado este origen. Cuba no es Castro. Ni siquiera la Revolución Cubana es Castro. Cuba es un símbolo de la dignidad latinoamericana (¡qué anacrónico me oigo! ¡El bolivarianismo es una curiosidad de museo!). México también lo fue, al menos en la escena internacional. Hoy lucimos como el país recadero y lambiscón de los Estados Unidos que basa su política internacional en simulaciones y mentiras, que luego son ventaneadas gracias a la marrullería zorruna de un político con 43 años de experiencia ante la ingenuidad de los artífices de nuestra diplomacia ranchera.
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