Bush, los migrantes y la soberanía

Vemos cómo, nuevamente, la problemática de la migración de trabajadores mexicanos hacia los Estados Unidos vuelve a ocupar un lugar importante en la atención de la opinión pública. La ocasión es ahora propiciada por la propuesta que hizo pública el presidente Bush (el pequeño), para normalizar la situación legal de los casi 10 millones de extranjeros irregulares que viven en ese país. El proyecto no tiene móviles humanitarios ni de justicia laboral; tampoco hay un acento en los derechos humanos o un interés solidario en las necesidades de las comunidades de irregulares. Ni siquiera hay una lógica pragmático-económica que reconozca la enorme importancia que tiene para los Estados Unidos el disponer de una fuerza laboral subvaluada y poco organizada, carente de derechos políticos pero que en contraste genera impuestos y aportes a la seguridad social. Ya lo reconoció abiertamente Alan Greenspan, el gurú de la reserva federal, para quien el aporte económico de los migrantes es de enorme importancia para sostener la viabilidad y competitividad de esa economía.
Vemos hoy a un Bush taimado, más preocupado por ganarse el voto hispano en las próximas elecciones presidenciales de noviembre, que por reconocer la importancia estratégica del aporte de los migrantes a la perpetuación de la riqueza de los Estados Unidos. El discurso de la seguridad nacional ha corroído fuertemente el papel internacional de ese país, y le ha convertido en un foco de paranoia permanente que revive las viejas fobias racistas y xenófobas de los belicosos aislacionistas y puritanos. El terrorismo es la excusa para renovar aquella política del “big stick” de Teddy Roosevelt, que facultaba al Tío Sam a intervenir en países extranjeros ante cualquier asomo de riesgo a sus intereses, hoy ocultos en la política de “seguridad nacional”. Este concepto, por cierto, nunca ha sido definido con precisión, pues interesa que su vaguedad permita cualquier arbitrariedad que se le antoje al imperio, como es el caso del “fichaje” humillante al que son sometidos miles de visitantes pacíficos que arriban a ese país diariamente.
Los migrantes regresan a la arena oportunista de la politiquería republicana. Son usados como el mono de trapo propagandístico que luego será refundido en un renovado olvido de cuatro años, hasta la siguiente elección. No hay un compromiso auténtico. Si lo hubiera, los halcones del Pentágono y los mojigatos (o “conservadores compasivos”) de la Casa Blanca ya habrían impulsado un acuerdo migratorio que le otorgara garantías y seguridades a los más de 300 mil mexicanos y varios miles más de centroamericanos que atraviesan ilegalmente la frontera sangrienta que hoy separa a nuestros países. Ni los 30 años del muro de Berlín produjeron tantos muertos como los 3 mil decesos que se han acumulado en la frontera desde que en 1995 se desató la atroz operación Guardián en el área fronteriza californiana. En cambio no se reconoce que si los paisanos fueron capaces de enviar, el año pasado, 13 mil millones de dólares a nuestro país, habría que imaginarse la enormidad de riqueza y plusvalía que generan para aquella nación.
Creo yo que la injusticia, la ignorancia y el oportunismo vuelven a campear en el tema de la migración indocumentada a los Estados Unidos. La iniciativa Bush no incluye una amnistía, sino más bien un registro de los indocumentados, con la promesa de otorgarles permisos temporales de trabajo. Esto hace sospechar que es un recurso para facilitar deportaciones masivas futuras, ahora justificándolas como recurso de defensa ante el terrorismo. Es una auténtica trampa para ratones.
Pero lo que más lastima es la actitud servil del ejecutivo mexicano. La iniciativa no es producto de ninguna negociación de gobierno a gobierno, ni recoge ninguna propuesta de organizaciones civiles vinculadas con los migrantes. Es una oferta unilateral que no está sujeta a debate externo, sino que está pensada para satisfacer al mercado político interno de aquel país.
Para terminar, una referencia al debate sobre la presencia de agentes gringos en el Aeropuerto de la ciudad de México, y al peculiar concepto de “soberanía” que tiene el subsecretario de población, quien la definió como la “capacidad de tomar decisiones”. ¡Válgame el señor! Bodino y Hobbes se deben revolver en sus tumbas, pues para ellos la soberanía es aquel poder que no reconoce la supremacía de ningún otro. Y en este caso nuestro gobierno no tuvo esa capacidad.

Bienvenida al 2004

Los analistas de la política nacional y local hemos coincidido, en un sentido general, en el hecho de que el año que se fue, el 2003, fue muy contrastante en cuanto a sus saldos positivos y negativos. Vimos situaciones muy contradictorias, que por una parte evidencian una madurez creciente del sistema político y partidista nacional, pero también testimoniamos coyunturas que resultaron patéticas por su primitivismo y su estulticia. Entre estas últimas destacó sin duda el espectáculo circense que vimos en el Congreso federal, particularmente en el grupo parlamentario mayoritario, pero sin excusar a los demás de sus frecuentes perlas japonesas. Nuestros diputados pusieron en evidencia que para ellos priva el interés inmediatista de la elección siguiente, o bien la inclinación a quedar bien con el líder, más que con la nación y la viabilidad de su desarrollo.
Ante el 2004, no queda más que abrigar nuevamente la esperanza y esperar que las enseñanzas del año anterior produzcan algunos frutos que compensen el tiempo y las oportunidades desperdiciadas. Una vía que permitiría la capitalización de la experiencia sería que los legisladores retomaran inmediatamente los grandes temas de la agenda política que no supieron desahogar de forma adecuada en el periodo anterior. No tenemos por qué esperar nuevamente diez meses o un año para retomar la reforma hacendaria, que no ha sido posible consensuar entre las fuerzas políticas. Por su parte, el ejecutivo federal debe (ahora sí) dar muestras de talento negociador y exhibir los capacidades de un buen vendedor de ideas, que muchos creímos que serían las prendas que adornarían a un empresario metido a la política. También deben retomarse otras reformas pendientes, como la energética, la del Estado, la electoral y la educativa (aunque ya nadie quiera hablar de esta última). Es increíble que a más de la mitad del sexenio del cambio todavía no exista una sola reforma trascendente aprobada, y que las políticas públicas en el campo económico y social sean prácticamente las mismas que se iniciaron en la administración salinista. No ha habido un sello distintivo en esta administración federal, excepto en el manejo de la imagen, que ahora es mucho más personalista y focalizada en la figura presidencial que en los dos sexenios anteriores. Si no se dan prisa los señores y las señoras de Los Pinos, ¿cuál será el aporte por el que será recordado su paso por esa casa? ¿Tan sólo la alternancia presidencial?
En Guanajuato también llegamos ya a la mitad descendente de la colina sexenal. Aquí tenemos a una administración estatal que no termina de hacer sus ajustes internos, y que tampoco da muestras de un proyecto social y económico específico. Da la impresión de que los frentes internos ocupan más la atención del ejecutivo que los frentes externos. Pero la administración sin la política es siempre una actividad ociosa porque carece de rumbo. De seguro todos los miembros del gabinete están convencidos de que están haciendo muy buen tiempo y que trabajan eficazmente, pero ¿hacia qué objetivo?
El “gobierno humanista” no termina de traducirse en una filosofía política y administrativa que permita diferenciar con claridad el “plus” de la actual regencia en comparación con sus antecesoras. Los universitarios en el gobierno no han sabido añadirle sensibilidad social o intuición humanística a la misión gubernamental tradicional. La inercia soporífera de la cotidianidad se mantiene en áreas muy extensas del gobierno, donde escasean los liderazgos que sepan aglutinar la fuerza innovadora de las voluntades individuales comprometidas con una causa trascendente. Los ajustes administrativos siguen respondiendo a la cobertura personalista de cuotas de poder, más que a un rediseño de largo aliento basado en capacidades individuales y en oportunidades políticas y sociales. Los desempleados municipales y de otras esferas logran su acogida (y el mantenimiento de su sueldo) a costa del desajuste en el equipo original de gobierno. No se ve la lógica, excepto en el sentido de que se continúa pagando una fuerte factura partidista que se desprende del difícil parto de la candidatura romerista en enero de 2000.
Son escenarios políticos dificultosos los que se nos plantean para el 2004 a los mexicanos y a los guanajuatenses. Nuestro desarrollo político continúa fuertemente marcado por nuestro componente cultural autoritario y egoísta. Los partidos deben dejar de actuar como facciones mezquinas y nuestros políticos deben aprender, ya por fin, el duro arte de comunicarse sin imponer, el oficio de escuchar sin ignorar, y la obligación de atender el interés general por sobre el particular. Esos son nuestros deseos de año nuevo.

Luis en 1998 

Luis en 2001

Luis en 2001 

Saldos políticos del 2003

Al acercarse el final del año 2003 podemos concluir, en un intento de balance político, que en este año nuestro país se vio estancado como en pocas ocasiones anteriores. El único evento político que merece ser destacado en este malogrado “año de nones, año de dones”, fue la elección legislativa que se vivió el 6 de julio pasado, donde observamos la confirmación de la estabilización democrática en nuestro país. Sin embargo ese mismo evento fue empañado por la baja participación registrada; es decir que no hubo manera de convencer a los electores de acudir a votar. Luego, para colmo de males, el IFE se vio feamente manoseado por parte de las fracciones parlamentarias recién llegadas, que le impusieron un nuevo Consejo General sin haber sabido construir los consensos necesarios que consolidaran el creciente prestigio institucional de ese organismo, que tanto trabajo nos ha costado construir a los mexicanos.
Por el lado de las elecciones locales, vimos asomarse la sombra de las viejas mañas en Colima y en Ciudad Valles. Y no debemos ignorar los distritos federales que fueron anulados en Zamora y en Torreón. Es decir, que a pesar de la nueva profesión de fe democrática que hoy asumimos los mexicanos, todavía algunas de nuestras autoridades, o bien los dirigentes partidistas, se siguen dando el lujo de violentar las reglas e imponer reveses a nuestra buena fe. Nunca como ahora se ha confirmado el enorme valor que tienen los tribunales electorales independientes, que se han dado a la tarea de limpiar los eventuales cochineros en que partidos y gobiernos llegan a convertir las elecciones.
En este intento de balance también puedo aventurar que lo peor del año por terminar fueron los tortuosos affaires de los Amigos de Fox y el Pemexgate. En el transcurso de las averiguaciones que pudo impulsar trabajosamente el IFE se evidenciaron las complicidades institucionales y personales entre los personajes señalados con el dedo (Korrodi, Robinson, Romero Deschamps, Aldana, Eduardo Fernández) y los actores que se mantuvieron protegidos por las sombras (Fox y Labastida, principalmente). Las presiones, las negativas de información, los intentos de negociación subrepticia, las mentiras y las verdades a medias dejaron en claro solamente una cosa: que en México todavía confundimos la gimnasia con la magnesia, y que la política real se sigue conduciendo de manera deshonesta por parte de líderes que en el fondo nos siguen considerando a los ciudadanos como menores de edad, si no es que incluso como tarados. Pero de este nuevo mugrero se puede rescatar un elemento positivo: el que la autoridad electoral federal se haya fajado los pantalones y haya escarbado hasta donde los actores del poder se lo permitieron. El castigo a los partidos protagonistas fue proporcional a la ofensa y justo en términos políticos. Pero desgraciadamente no se avanzó hacia el castigo a los personajes concretos que ejecutaron estas maldades, y vemos ahora que los platos rotos los va a pagar la militancia partidaria, más que los dirigentes veniales.
A nivel estatal, las notas políticas principales giraron alrededor del desempeño del gobernador universitario y sus eventuales destellos de buen oficio, como sucedió en el caso del despido de su secretario de Gobierno o con los operativos de apoyo a los damnificados de las inusuales lluvias de este año. En general el Estado sigue bien administrado y sin mayores contratiempos a su seguridad y su tranquilidad social. Pero en la contraparte se pudieron apreciar resbalones y traspiés que no fueron pocos y sí algunos muy difíciles de explicar, como fue la aparente insensibilidad ante las tragedias de los paisanos en su andanza “cultural”, y más recientemente la torpeza con la que se promovió el replaqueo, que al final nadie atinó a justificar. Los cambios gubernamentales tampoco parecieron rebosar de racionalidad administrativa, y sí dieron la apariencia de constituir pagos de facturas partidistas. Nuevamente, como en tiempos del viejo priísmo, vemos al gobierno estatal y a muchos de los muncipales (de todos los partidos) convertidos en agencias de empleo para correligionarios, amigos y parientes, muchos de los cuales se han visto convertidos en “todólogos” que lo mismo sirven en una posición que en otra. La planeación no se evidencia cuando el gobierno parece responder a coyunturas, negociaciones personales y ocurrencias. En ese sentido, seguimos dando tumbos en materia política y nos mantenemos en un estadio de subdesarrollo que hace tiempo deberíamos haber superado, si así lo quisiéramos realmente.