El pleito del agua I

La cuestión del agua será siempre un elemento de conflicto potencial entre los conjuntos sociales. En nuestro país, que se caracteriza por la distribución desequilibrada de su población en función de la disponibilidad del recurso, este tipo de problemáticas apuntan a verse incrementadas en el futuro. En Guanajuato la escasez crónica del agua pronto obligará a la adopción de medidas de corte autoritario, haciendo a un lado el prurito democrático y participativo que hoy aqueja a la política del agua. Ya se asomó este cariz autoritario en la amenaza velada que contenía el reciente anuncio presidencial, en el sentido de que si las dos entidades que hoy se bronquean por el asunto de Chapala no logran ponerse de acuerdo, entonces los recursos federales, cinco miles de millones, se irían para otro lado donde sí supieran construir acuerdos.
No es por accidente que el término “rivalidad” tiene su raíz etimológica en el vocablo latino “riviera” que significa “río”. El agua siempre dividirá a los hombres, por su enorme valor de uso. Hoy día, con un mundo confrontado con los requerimientos de la sustentabilidad y la racionalidad ambientalista, el buen uso del agua se presenta como uno de los condicionantes para garantizar nuestra supervivencia como especie en el plazo casi inmediato (¡cien años a lo más!).
El arte de la política debe desplegarse con el máximo de sus virtudes si queremos construir en el centro occidente mexicano una región más amable y viable para el desarrollo social. La escasez de agua obliga a ejercitar el máximo de nuestra imaginación y construir de forma realista una salida a un problema que forzosamente debe ser resuelto. Lo contrario significaría el hundimiento ecológico de la zona y su colapso demográfico y económico. Hay demasiado en riesgo como para arriesgarse a no cimentar esas soluciones.
Las bravuconerías jaliscienses (¡Jalisco nunca pierde y si pierde arrebata!, diría el borracho bravucón) deben ser contrarrestadas con el buen juicio y la prudencia guanajuatenses (no por nada presumimos de ser la “Atenas de por acá” y de ser los artífices de la política civilista). A esta prudencia, nuestro gobernador ha añadido la frialdad de su mentalidad calculadora y racional (aunque a veces exagera), y le apuesta a que la sensatez se impondrá (tal vez literalmente) al final del camino. Ya sea con el proyecto Río Verde o con el Santa María (espléndida idea de Juani Torres Landa), Guanajuato deberá encontrar fuentes alternas para aprovisionarse y fundar su desarrollo para el siglo XXI. La confrontación y el chantaje deberán caer por su propio peso, y al final el que pierde es el que se enoja.
Sin embargo, seguiremos insistiendo en que cuando un recurso es escaso, la mejor solución no es adquirirlo a toda costa, incluso con el riesgo de empobrecer otras regiones (como sucedió con el valle de Almoloya en el alto Lerma, cuando el DF se llevó prácticamente toda su agua en los setenta). Lo mejor y más económico (en términos monetarios y ecológicos) es aprovechar mejor el volumen disponible y atajar el desperdicio. ¡Y vaya que desperdiciamos el agua en México! No es racional que un país semiesértico siga dedicando, en su región del altiplano, el 85% de sus volúmenes de agua al riego agrícola, que para colmo aún está muy pobremente tecnificado. El derroche es enorme y contrasta con lo cruento de las carencias urbanas. Debemos bajar esa proporción mediante la adopción de métodos modernos de ahorro del agua de riego, a la manera como lo implementó Israel desde hace tres décadas. Eso liberaría volúmenes muy importantes que podrían dejarse en el subsuelo (para detener el abatimiento de los mantos) y para usos urbanos y recreativos. Podríamos, mediante esta economía, incrementar los cuerpos de agua y los flujos superficiales, tanto incluso como para cubrir nuestras cuotas con Chapala. No es irreal. Es posible recuperar nuestros depósitos acuícolas si radicalizamos las medidas de conservación. Pero eso puede requerir un profundo cambio de actitud cívica y gubernamental, antes de que nos veamos obligados a imponer las medidas necesarias por la fuerza y mediante el autoritarismo, del que nadie se quiere acordar. Pero puede que en un futuro cercano no haya de otra.

Imperialismo y política internacional

La política internacional es, con demasiada frecuencia, un campo de acción donde priva la ley de la selva, la irracionalidad y la hipocresía más abyecta. Si en el ámbito de las políticas domésticas de las naciones, la competencia entre los inevitables grupos de interés rivales puede allanarse mediante el marco constitucional con su aparato legal y de justicia, en el nivel supraestatal se carece de referenciales y puntos de apoyo normativos que garanticen una relación entre las naciones más o menos armónica y legítima. La fuerza se impone por sobre la razón y los estados más fuertes se imponen sobre los más débiles. Contrasta que la diplomacia haya desarrollado todo un aparato de recursos simbólicos que pretende lubricar las asperezas verbales entre los líderes y representantes de las naciones, y al mismo tiempo cultive el doble lenguaje, el pragmatismo hipócrita y el desdén por los valores éticos.
En esta semana hubo dos sucesos internacionales que obligan a la reflexión: primero, que el imperio americano decidió darle su espaldarazo abierto al sionismo expansivo que defiende el estado de Israel, y ha legitimado en los hechos las conquistas militares sobre territorios palestinos, como Cisjordania, donde se han asentado “a la mala” miles de familias israelíes que con su presencia hacen posible esta política de “hechos consumados”. En segundo lugar, se confirmó la condena a Cuba en las Naciones Unidas con el pretexto del respeto a los derechos humanos, ahora con el lamentable aval mexicano. A estos dos sucesos habría que sumar la buena noticia de la semana pasada, cuando supimos que México ganó su pleito legal contra los Estados Unidos en la Corte Internacional de La Haya, en torno al caso de los 52 mexicanos condenados a muerte en diferentes estados norteamericanos.
Son estos casos contrastantes, pero que confirman nuestra visión pesimista sobre el futuro de las relaciones internacionales, marcadas cada vez más por el afán de imponer los intereses del más fuerte pos sobre los derechos de los débiles. Por ejemplo, en el caso del juicio ganado en La Haya cabe felicitarse por el excelente desempeño de los representantes legales del gobierno mexicano, pero también debemos ser realistas y reconocer que fue una victoria moral, pero inefectiva. Los Estados Unidos continúan sin reconocerle a la Corte Internacional jurisdicción alguna sobre sus asuntos domésticos, por lo que no es posible esperar que haya alguna reconsideración de esos casos, ya juzgados en cortes legales que con frecuencia ignoran las obligaciones que ha contraído su país al firmar acuerdos internacionales, como el que obliga a los gobiernos a dar noticia a los consulados sobre la detención de los ciudadanos extranjeros. La prepotencia de la justicia norteamericana no permitió a nuestros paisanos (no importa que sean delincuentes) el ejercicio pleno de sus derechos.
Lo de Cuba es una vacilada. Es cierto que en la isla no se respetan los derechos políticos que el mundo liberal quiere imponer como “valores universales”, pero también es cierto que antes de señalar la paja en el ojo ajeno hay que reconocer la viga en el propio (Jesús dixit): ni México ni los Estados Unidos tienen la calidad moral para demandar ese respeto, cuando el primer país sigue siendo denunciado por Amnistía Internacional por su ineficiente aparato de justicia, además de que tiene sumido en la miseria a 52 millones de sus habitantes (Josefina Vázquez dixit), y el segundo se niega a dar el estatus de prisioneros de guerra a los centenares de afganos que tiene entambados en el campo de concentración de Guantánamo.
Y de los israelíes ni qué decir. Mantienen en estado de sitio a todo un pueblo, reconstruyen el muro de Berlín, asesinan impunemente a los líderes palestinos y agitan el avispero del terrorismo, que desgraciadamente se ha convertido en el único recurso de resistencia de los débiles ante la ley de la selva internacional. Lo peor del caso es que en este escenario de agravios mutuos los que pagan el pato son los inocentes que pierden la vida en los atolondrados ataques de ambas partes mediante el terrorismo guerrillero o el de estado.
Qué olvidado ha quedado Hugo Grocio, pensador holandés del siglo XVII considerado padre del derecho internacional, que defendió la idea de que los estados nacionales deben ser tratados como entidades iguales, garantes de su propia soberanía. La ética social implícita en su propuesta suena hoy hueca y anacrónica, tanto como la visión optimista del futuro que quisimos recrear a partir del arranque del tercer milenio.

El agua del Lerma: construyendo su futuro

El reciente acuerdo interestatal con participación federal para el rescate de la cuenca Lerma-Chapala representa una buena noticia dentro de un entorno poco optimista. Pareciera que los grandes problemas nacionales y regionales deben esperar a mejores tiempos políticos, pues en los actuales atravesamos aparentemente por una “resaca democrática” traducida en un canibalismo de la clase política nacional, que dificulta la consecución de acuerdos que superen los inmediatismos electoreros de los líderes partidistas y gubernamentales, que se supone deberían estar tomando decisiones por el bien del país.
La cuenca Lerma Chapala es sin duda la más importante del país. No me refiero a sus recursos hidráulicos, que más bien tienden a ser escasos, sino con relación a la población que la habita y a la actividad económica que ahí se desarrolla. Por lo mismo, por su saturación demográfica y su concentración industrial, es también la más contaminada, la más sobreexplotada y la más conflictuada socialmente. Sus problemas se dejaron crecer durante décadas, sin que las autoridades federal y estatales lograran tejer un acuerdo que se convirtiera en medidas efectivas que evitaran el deterioro acelerado. El acuerdo regional de 1991 fue impuesto autoritariamente desde el centro, y aunque atendía la problemática ecológica, cancelaba para entidades como Guanajuato la posibilidad de fundar un desarrollo sustentable que le garantizara su viabilidad a sus campos y ciudades. Se sacrificó lo más (el desarrollo regional) por lo menos (la supervivencia de Chapala y el abasto de Guadalajara), sin que se exploraran alternativas que combinaran ambos objetivos. Entre esas posibilidades se expusieron varias por parte de los especialistas: reducción del espejo de agua de Chapala, compensándolo con un incremento en su profundidad; abasto de agua a Guadalajara por medio de megaproyectos como el del sistema integral del Pacífico; eficientización del sector agrícola regional; tratamiento y reciclamiento masivo de las aguas de uso urbano; reordenación a fondo de derechos, concesiones y afectaciones relacionadas con el recurso; actualización de padrones de usuarios; eliminación de usos clandestinos y/o desordenados de fuentes subterráneas, y un largo etcétera. Ideas nunca faltaron, lo que pareció escasear fue voluntad política.
El nuevo acuerdo aparenta superar ese estado de entumecimiento y confrontación creciente entre los actores involucrados, particularmente entre los gobiernos de Guanajuato y Jalisco. En lugar de continuar con los debates interminables, por fin se toma la decisión de actuar con contundencia: 2 mil 688 millones de pesos van a invertirse durante este año en obras que sin duda se reflejarán en un desahogo de las presiones alrededor del uso del recurso. Los programas y proyectos que implementarán las cinco entidades de la cuenca, más el gobierno federal, parecer ser muy pertinentes para la preservación de la viabilidad hidráulica de la región. Tengo la esperanza de que además de los recursos económicos (aparentemente abundantes, aunque seguramente insuficientes) los gobiernos apoyen un proceso integral de planeación que desglose acciones concretas de acción inmediata, así como de previsión ante las necesidades del futuro, que ya nos alcanzó.
Sobre el aprovechamiento de un recurso tan vital (literalmente) como el agua, deben desterrarse (o mejor dicho deshidratarse) las tentaciones de politizarlo o de convertirlo en espacio para ventilar regionalismos obtusos o un federalismo mal entendido. La responsabilidad de nuestra generación en la preservación de esta hermosa cuenca y sus flujos o depósitos hidráulicos va más allá de la simple administración de un recurso escaso, sino que exige la asunción de una actitud holística (integral), ambientalista y de largo plazo. Debemos apoyar el rescate, restauración y revitalización de la cuenca privilegiando criterios ecológicos y sociales más que económicos o políticos. Recordemos, aunque no nos guste, que los seres humanos no somos dueños de la tierra o del agua; sólo somos sus abusivos beneficiarios y debemos respetar el derecho del resto de las especies animales y vegetales a disfrutar de sus beneficios. Nadie nos escrituró el planeta ni sus recursos. Debemos aprender a comportarnos menos como la plaga calamitosa del planeta y más como uno de sus inquilinos más respetuosos.
Da gusto que nuestros gobernantes sepan construir acuerdos en materias tan delicadas. Ese es el camino: síganle.

Capital oxigenada

El gobierno estatal y el municipal de Guanajuato capital vienen de anunciar un ambicioso proyecto de obra pública para el resto del trienio que les resta a sus administraciones. Es un proyecto cuya envergadura no se había conocido desde hace décadas, al menos para una localidad tan castigada como Guanajuato. Y la califico así porque se trata de una ciudad que ha visto debilitarse o incluso desaparecer sus fuentes de sustentación, como lo fueron la minería, la burocracia y la educación. El turismo es la única actividad que plantea potencialidades de desarrollo, pero que todavía no alcanzan a concretarse debido a la incapacidad del empresariado turístico local para involucrarse en el mejoramiento radical de sus servicios.
La ciudad de Guanajuato padece los problemas típicos de la mayoría de las capitales estatales: manifestaciones políticas, población flotante, exceso de circulación vehicular, fuerte demanda de servicios públicos y poca recaudación municipal por derechos e impuestos. Los recursos nunca alcanzan para cubrir las necesidades, muchas de las cuales se generan por su calidad de capital estatal. Esto conduce a que exista una dependencia histórica hacia la buena voluntad del gobernador en turno, quien puede (o no) sentirse identificado con el villorrio cuevanense.
La distribución de las participaciones estatales y federales a los municipios se basa en una fórmula que pondera criterios demográficos y económicos, pero no sutilezas como la de que esta ciudad debe proveer servicios a instituciones estatales y federales que no pagan ni siquiera su impuesto predial. Pero en cambio sí demandan seguridad y vigilancia (y en esto participan también los bancos, que siempre le endilgan a los gobiernos locales buena parte del costo de su vigilancia), generan enormidades de basura, consumen agua (que en ocasiones tampoco pagan), atraen protestas públicas y congestionamientos, y provocan población flotante que acude a hacer trámites desde otros municipios. Para colmo, resulta que recientemente y gracias a la mejora en las vías de comunicación, esas oficinas ya no son una opción de empleo y riqueza para la localidad, ya que crecientemente se hace uso de funcionarios y trabajadores que provienen de otras ciudades, y que prefieren vivir (y consumir) en sus localidades de origen.
El plan de obra pública de los gobiernos de Juan Carlos Romero y Arnulfo Vázquez para la capital del estado ayudará a corregir parte de esas desviaciones e insuficiencias. Tal vez en algo influya que el gobernador sea guanajuateño, y no leonés como fueron Fox, Martín y Medina (quienes sin embargo sí invirtieron recursos importantes en la mejora de la capital). Pero también influye el hecho de que esta administración municipal sí ha dado muestras de tener idea de qué hacer con el montón de problemas de la cañada de las ranas. Por lo menos ahora sí ha visto trabajo, tesón y presencia física de parte de este presidente municipal, en contraste con la administración precedente. Dicen los que saben de chismes políticos que el gobernador no había soltado antes los apoyos al constatar la ausencia de un proyecto viable de desarrollo municipal. Pero más vale tarde que nunca, y todo parece apuntar a que al fin hay coincidencia de voluntades para rescatar a la ciudad más emblemática del estado, joya urbana llena de herrumbre que soporta con estoica altivez e incurable orgullo los fastidios de su crisis interminable. Se abre así un espacio de respiro para la “Atenas de por acá”, cuya viabilidad urbana se encuentra en peligro creciente.
Ojalá que los gobiernos locales sepan involucrar a la federación en estas labores de rescate y potenciación de este patrimonio urbanístico. La belleza y personalidad de la capital guanajuatense es un valor que debe ser preservado y justipreciado por los guanajuatenses de todos los municipios, así como por todos los mexicanos. El sistema de desarrollo regional de la entidad es uno de los más interesantes del país, gracias a la diferente vocación productiva de cada una de sus ciudades. A Guanajuato capital le ha tocado ahora concentrarse en los servicios (gobierno, educación, turismo y cultura), y por ello debe preservarse como un espacio digno donde se recreen cotidianamente los valores humanísticos, incluyendo los democráticos, mismos que garantizan la convivencia armoniosa y la buena política. No hay de otra.

Ausencia de honestidad

Hoy en día no es fácil ser político en México. Esta profesión, tan vieja como la propia humanidad, está cayendo en un acelerado proceso de decadencia y descrédito ante las crecientes evidencias de inmoralidad, espionaje mutuo y la vendetta oportunista. Anteayer observamos otros dos espectáculos lamentables, protagonizados ahora por las planas mayores del PRD y del PVEM. El primero sometió a juicio sumarísimo a Rosario Robles y a Carlos Imaz, a quienes se les suspendió en sus derechos políticos. Pero lo ridículo fue que la primera, más Ramón Sosamontes (a quien no supieron de qué acusarlo), ya habían renunciado varias horas antes a sus membresías, por lo que el juicio resultaba ocioso y sin sustancia. Pero el partido debía cebar sus frustraciones en los defenestrados, para limpiar así su conciencia pública. Una auténtica purga estalinista, sin posibilidad para los acusados de defenderse. ¿Su pecado? Estar próximos al demonio Ahumada, del que ahora todos trazan afanosamente su rayita (Para esto: a ver cómo le va a Imaz en su defensa ante un tribunal sediento de sangre).
A Rosario se le debió haber exhortado a cuidar las formas y a no mezclar su vida personal con la pública. No existía ningún indicio en su contra de falta de probidad. El uso de un avión o una casa no son elementos concluyentes de la existencia de un contubernio para ejercer la corrupción. Lo mismo sucede con el resto de amigos del empresario apestado. A Imaz podría reclamársele no haber informado al partido y al IEDF de la aportación económica de Ahumada (a quien le debió expedir un recibo formal por los 350 mil pesos) para apoyo de su campaña electoral. Si el donante quiso después cobrarse a la mala, Imaz debió denunciarlo, y no solamente echarse la baladronada de que le pagaría de su sueldo.
Por parte de los verdes el espectáculo fue aún peor: ratificaron al “niño verde” como dueño del partido, ¡y lo hicieron por unanimidad! Definitivamente no se les vio el más mínimo pudor político a los dirigentes de ese partido. Se les escapó la gran oportunidad de limpiar la casa (incluyendo en ello el castigo a los autores del “chamacazo”) y recuperar el prestigio del ecologismo ante la sociedad. Lo que pronto veremos es la expulsión fulminante de los opositores a la hegemonía gonzalista y los ajustes de cuentas internos. De nuevo la bola está en la cancha del TRIFE y del IFE, como instituciones responsables de garantizar la limpieza en los procesos internos de los partidos.
Para colmo, nuestras sospechas de que detrás de todo esto podríamos adivinar al gobierno federal parecen confirmarse. El jefe Diego resbaló verbalmente en un noticiero de Televisa, de nuevo en sus afanes de demostrar que nada sucede en la política mexicana sin que él lo sepa, y aceptó haber conocido los videos de Ahumada antes de su difusión. También se dio a conocer una sospechosa reunión con el empresario, donde hubo presencia de funcionarios del CISEN y la PGR. ¿Cuál es el interés de esas instancias en este asunto? Resulta inquietante pensar que todo esto pudiera responder a una campaña preconcebida de desprestigio contra el PRD y López Obrador, en un afán tumbar a éste de las preferencias populares.
Si este fuera el caso, los autores intelectuales de la maquinación están corriendo el riesgo de que al final las consecuencias se les reviertan. Si López Obrador actúa con inteligencia (algo que tampoco podemos augurar) esta pretendida persecución puede fortalecerlo al final, al colocarse como víctima de un acoso injustificable e inmoral de parte de sus adversarios. Todavía sus números en las encuestas continúan vigorosos (sólo cayó del monumental 74% al más modesto 60%: más que suficiente para ganar una elección). Por ello no creo posible que pueda caer aún más, a menos de que le saquen un nuevo video, que ahora lo muestre a él en persona llenándose de billetes los bolsillos.
La honestidad el es valor político más añorado en estos aciagos momentos. Y no sólo la honestidad en términos de ser ajeno a la corrupción, sino también como el arte de decir la verdad, sin importar sus consecuencias. Por eso cada día me convenzo más de que finalmente Vicente Fox tuvo razón cuando felicitó a una señora por no saber leer, pues los periódicos nos traen puras malas noticias desde el mundo de la política. En fin, quién nos manda querer saber.