De desafueros y mezquindades

Confieso que me da mucha flojera contribuir al desgastado debate sobre el inminente desafuero escribo un día antes de la sesión de la Cámara de Diputados de Andrés Manuel López Obrador. Pero parece ser que hoy día no se puede hablar de otra cosa en la política nacional, inclusive en la semana en que murió el Papa. Aclaro que el personaje tabasqueño me produce bastante desconfianza, pues me irrita escuchar a diario los desatinos populistas en sus conferencias de prensa. Me suena más a un activista trasnochado de los setenta que a un potencial jefe de estado. No es de mis afectos, pues considero que la izquierda mexicana merece líderes serios que tengan ideas viables y consecuentes, no solamente sentencias absolutas, simplistas y admonitorias, como las que nos receta sin piedad el gobernante defeño.
Sin embargo también me siento irritado por el oportunismo de los adversarios de López Obrador, particularmente los que actúan desde el ejecutivo federal y los dos principales partidos políticos nacionales. Es sorprendente con qué caradura pueden afirmar que en este caso sólo se aplica la ley, y que pretendan con ello desconocer que existe un plan evidentísimo para cortarle el paso al precandidato puntero en las encuestas y uno de los gobernantes más populares del país. Se le va a despojar de su fuero constitucional sin importar que el indiciado ni siquiera haya emitido un solo documento incriminador, o que exista un solo testimonio de que él haya ordenado la desobediencia al laudo judicial, y no sus subalternos.
Creo fue Benito Juárez quien dijo: “a los amigos ley y gracia, a los contrarios la ley”. Esto es lo que está sucediendo con López Obrador. Nunca habíamos visto a un gobierno y a una procuraduría tan afanados en cumplir a rajatabla con una orden judicial. Cuántos miles de ciudadanos quisieran haber recibido justicia con tal afán y con tanta determinación, en ese 90% de casos denunciados que se quedan sin resolver en los ministerios públicos. La ley en México se sigue aplicando de forma parcial e interesada, y se sigue contaminando al aparato judicial con los intereses políticos del ejecutivo en turno, no sólo el federal, sino también los locales. Ejemplos tenemos muchos tanto en México como en Guanajuato. Y a confesión de parte relevo de pruebas: el presidente Fox ha manifestado que la decisión más difícil de su administración ha sido el asunto del desafuero; es decir su venia personal a que la procuraduría procediera contra el jefe de gobierno. Y recordemos las consignas ventiladas en el cónclave de Mellado.
Si la justicia fuera de a de veras pareja con todos, ¿por qué no se aplicó el desafuero a los legisladores responsables del Pemexgate? ¿Por qué no hubo consecuencias luego que se demostró el exceso de gasto de campaña de Santiago Creel? ¿Por qué no se consignó a Luis Echeverría? ¿Por qué no se castigó al traficante de influencias que laboraba en la secretaría de Salud? La impunidad prevalece en asuntos bastante más graves que el haber desobedecido a la autoridad judicial en un asunto particular de accesos y terrenos.
Es claro que se está negociando ya el acceso a la presidencia de la república en el 2006. Sería ingenuo negarlo. Nada en política es gratuito o casual. Y la justicia se está empleando como instrumento que realizará el trabajo sucio de la política partidista. Esto representa no un avance, sino una regresión en la convivencia democrática nacional. Si los insidiosos tienen éxito quedarán heridas que tardarán mucho en sanar entre la comunidad política nacional, y marcará una pauta para futuros descontones políticos aprovechando cualquier traspié que tenga el contrario. Así nunca podremos llegar a construir los acuerdos básicos que le urgen a este país, que se ha empachado con la democracia y hoy padece una incapacidad para avanzar dentro de las vías del progreso compartido.
Ojalá que este jueves los diputados se desafanen de la disciplina partidista mal entendida, y que voten realmente en función de su conciencia personal y su compromiso con la democracia efectiva, y no la negociada entre las élites. Déjenos decidir nuestro futuro con nuestros votos, no con sus ardides palaciegos.

¿Y cómo votar desde el exterior?

Dediqué mis tres anteriores contribuciones (25 de febrero, 4 y 11 de marzo) a la revisión de los avatares y asegunes que se presentan ante la probable aprobación (ahora por parte del Senado) de los mecanismos para posibilitar el voto desde el extranjero para nuestros connacionales. Manifesté mis reservas ante la premura y la escasez de recursos, que pondrían en riesgo la tan costosa confiabilidad que han podido ganar los procesos comiciales en nuestro país, pues se abre así un horizonte inquietante para eventuales maniobras desde el exterior que se amparen en la imposibilidad práctica de aplicar la norma electoral mexicana extraterritorialmente –algo a lo que por cierto se ha opuesto nuestro país desde los abandonados tiempos de la doctrina Estrada.
Si bien es poco realista pretender que en las elecciones presidenciales del 2006 se cuente con un esquema confiable y eficaz de recolección y conteo de votos desde el exterior, amén de contar con los recursos diplomáticos para que las autoridades extranjeras colaboren en la salvaguarda de la seguridad del proceso, es cierto que con esta medida se está cubriendo una deuda social y política hacia ese diezmo de mexicanos que han tenido que salir del país por falta de oportunidades. Es cierto que ellos sostienen las economías locales y familiares de multitud de regiones del norte, centro y sur del país, y que en efecto hoy día sus opiniones son consideradas con cuidado por parte de sus parientes y amigos que permanecieron en las comunidades de origen, por lo que participan activamente en la micropolítica de la nación, quiéralo o no el gobierno. Ellos son ya un factor de poder efectivo, y de ninguna manera se han alejado o desinteresado de los asuntos públicos que afectan a su terruño, siempre añorado e incluso reverenciado. En muchos sentidos son más mexicanos que los que nos hemos quedado por acá a lidiar con nuestras pobrezas y la falta de visión de nuestros líderes.
El mecanismo para emitir el voto que ahora se prescribe en el Cofipe es en extremo cerrado, pues no contempla opción alguna diferente a la de apersonarse ante la casilla y depositar de propia mano la papeleta electoral. Gracias a esa restricción el esquema ha ganado en confiabilidad, pero se ha quedado a la saga de la modernidad tecnológica que ya se aplica en multitud de países con democracias consolidadas –o casi, como en Perú. Por ello, si intentamos aplicar nuestro dispositivo caduco en países como los Estados Unidos estaremos provocando problemas que pronto se convertirían en las nuevas rajaduras por donde haga agua el sistema electoral. Imaginemos los riesgos de empadronar a los indocumentados, de poseer listados nominales con domicilios y otros datos –oro molido para las empresas de publicidad americanas--, de reclutar cientos de miles de funcionarios de casilla y de representantes de partido, de regular la propaganda y las inequidades, conseguir los espacios para instalar casillas o centros de votación, garantizar la seguridad de los votantes y candidatos, garantizar la integridad de los materiales electorales, impedir las redadas de la migra, y un montón de riesgos adicionales que se nos pueden ocurrir si imaginamos la jornada a la manera como la realizamos en nuestro país.
Por eso yo opino que antes de avanzar hacia este precipicio, deberíamos ensayar en nuestro territorio nuevas formas de emisión del voto, más modernas, abiertas y eficaces, superando las viejas desconfianzas y dándoles un renovado voto de confianza a las autoridades electorales. Primero habría qué ensayar el voto por correo. ¿El servicio postal mexicano es ineficiente y poco confiable? Pues qué mejor excusa para meterle mano a profundidad y convertirlo en el servicio público vigoroso que demanda una sociedad moderna. Si se puede votar por correo podremos implementar el voto por adelantado, lo que aliviaría a la jornada de los votantes “duros”, a los que ninguna campaña les hará cambiar de opinión sobre sus opciones partidistas. Alrededor de un tercio de los electores son de este tipo. ¡Un enorme desahogo!
Luego habría que ensayar el voto electrónico masivo, a la manera brasileña, manteniendo hasta lo posible un respaldo documental, por si se “cae” el sistema. La credencial para votar incluye una banda magnética que hoy no tiene uso alguno. Podríamos aprovecharla de esta manera. Además, habría que bajar el número de casillas e incrementar los centros de votación. El ciudadano debe invertir más esfuerzo en la emisión de su voto y abandonar el paternalismo. ¿Votar por Internet? Me parece todavía imposible en el espacio de los hackers. ¿Y por qué no cambiar las fechas de las elecciones y acercarlas a diciembre y enero, cuando miles de paisanos regresan a sus comunidades? Si logramos esa modernización podríamos pensar en el voto desde el exterior sin riesgos, y eso quiere decir que habría que esperar al 2012. Muy tarde para muchos, pero no para el país.

Votar desde el exterior, III

Las complejidades de implementar un operativo que eventualmente permita recoger el voto de tres o cuatro millones de mexicanos en el extranjero, que cuenten con credencial para votar y estén registrados en una lista nominal especial, son enormes. La intención de reconocerles sus derechos políticos, incluso cuando se han asentado en el exterior, es justa y va en concordancia con las nuevas tendencias internacionales hacia el reconocimiento de las ciudadanías múltiples y el ejercicio de potestades políticas transnacionales de las poblaciones migrantes. Los problemas mayores que enfrenta la iniciativa es el de la poca oportunidad con la cual se aprobó –aunque falta conocer la opinión del Senado , su aparente improvisación y la pobreza de recursos financieros con los que se está dotando al IFE para implementarla 400 millones de pesos . Sobre lo inoportuno de la iniciativa hay que señalar que se aprueba a siete meses de que comience el proceso electoral en octubre próximo, que se emite en el año en que se está realizando la redistritación del país y el reacomodo de más de 65 mil secciones con no más de 1,500 electores cada una, y que en este momento el IFE se encuentra estrenando consejeros noveles y que buena parte de su personal ejecutivo ha sido renovado o reubicado.
La improvisación de la iniciativa es evidente al dejarle al IFE la responsabilidad de prácticamente cualquier materia que demandara cierta precisión. No sabemos cuántos consejos locales y consejos extraordinarios se instalarán en el extranjero, ni dónde, ni cómo. No existe ningún acuerdo internacional que garantice el acceso a espacios públicos, ni tampoco alguna garantía de que la autoridad en el extranjero será tolerante ante las inevitables campañas mexicanas. Eso apenas se va a negociar. ¿Será posible en seis meses?
Los actuales consejeros generales no cuentan con mucha experiencia en materia electoral. Muchos de ellos ni siquiera hablan inglés o alguna otra lengua extranjera. El personal ejecutivo del IFE, excepto en la coordinación de Asuntos Internacionales, tiene nula experiencia en relacionarse con autoridades externas al país. Van a tener que reclutar a marchas forzadas a personal calificado –es decir, que al menos pueda comunicarse en inglés en el exterior, pero que no conoce la materia electoral mexicana. Será más práctico contratar a ese numeroso personal entre los mexicanos que ya viven en el exterior, para evitar exportar más paisanos fuera del país ahora como trabajadores del IFE. Pero muchos de esos paisanos ya han optado por una segunda ciudadanía, y estarían imposibilitados para ser consejeros, funcionarios electorales o de casilla, según lo señalado por el artículo 32 de la constitución, la Ley de Nacionalidad y el Cofipe (artículos 103, 114 y 120). Los resultados de muchas casillas y consejos se verían en riesgo de ser anulados en caso de demostrarse que algún funcionario tiene otra nacionalidad. ¿Quién podría investigar que todos ellos realmente posean sólo la nacionalidad mexicana?
Los riesgos son muchos, y no están siendo considerados suficientemente. Los partidos van a encontrar muchísimas vías para violar las disposiciones que contemplan las reformas del 22 de febrero pasado. Por ejemplo, se prohíbe contratar propaganda en medios extranjeros y limitarse a las retransmisoras mexicanas ¿cuáles? yo me pregunto . Cualquier persona por la libre puede contratar mensajes en los medios del exterior y difundir propaganda disimulada de opinión. ¿Cómo se sancionaría esta conducta? Hay prohibiciones de risa, como la señalada en el nuevo inciso 2 del artículo 190: “El día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales, tanto en territorio nacional como en el extranjero.” Eso sería ilegal en países donde la libertad de reunión y de expresión están sólidamente garantizados, como en los Estados Unidos. Y el inciso 4 dice: “Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora del cierre oficial de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del territorio nacional así como en el extranjero, queda prohibido publicar o difundir por cualquier medio, los resultados de encuestas o sondeos de opinión”. Pero el huso horario más occidental es el de Samoa y las islas Midway, con seis horas menos que el horario central de México. Si hay mexicanos en esos recónditos lugares habrá que esperar a que cierren su(s) casilla(s) a las 12 de la noche del día de la elección para dar a conocer encuestas o resultados, lo que incrementará el riesgo de incertidumbre.
El destino de esta elección en el exterior es, al menos, dudosa. Ojalá no contamine al resto del proceso al interior del país. Demasiado hemos invertido para ahora volver sobre nuestros pasos.

Votar desde el exterior, II

El número de iniciativas que se recibieron en la Cámara de Diputados federal relativas a la admisión del voto desde el exterior llegó a un total de 11, provenientes de representantes de todos los partidos. Este número refleja el interesante potencial político que los actores políticos de todos signos advertían ya en esta causa, que poco a poco dejó de ser abiertamente rechazada por muchos para finalmente convertirse en un asunto donde lo “políticamente correcto” era convenir en reconocerles sus derechos alienados a los paisanos. Las voces que en su momento se alzaron para señalar las inconveniencias, los riesgos y la poca consistencia jurídica del voto de los emigrados, como las de Jorge Carpizo y Diego Valadez, fueron pronto ignoradas. Esos juristas, al término de los trabajos de la comisión de especialistas del IFE en 1999, desplegaron una campaña en los medios contra la posibilidad del sufragio extraterritorial, lo que los llevó incluso a publicar un libro bajo el sello de la UNAM. Pronto se convirtieron en los malosos preferidos de los líderes paisanos.
Ante la ausencia de reglamentación del voto desde el exterior, para las elecciones de julio de 2000 el IFE no pudo implementar más medidas que la de desplegar en los 20 distritos electorales de la frontera con los EU, 64 casillas especiales, que podrían recibir hasta 48 mil votos. Se creyó que esas casillas se verían atiborradas de paisanos exigiendo poder emitir su voto presidencial. En la realidad se vio la misma afluencia hacia esas casillas que en el resto del territorio nacional. No se vieron colmadas, y mostraron una participación electoral no muy diferente a los promedios del resto de las casillas especiales. Según una encuesta de salida levantada por El Colegio de la Frontera Norte en las 15 casillas especiales de los tres distritos de Tijuana y Rosarito, el 84.4% de los que emitieron su voto en esas urnas eran residentes en México, y el resto residentes en los EUA por cierto, un 7.3% del total de votantes residentes en ese país eran ciudadanos nacidos en Guanajuato . Luego, casi un 10% de ellos declararon ser ciudadanos americanos naturalizados. Dos tercios eran hombres y un tercio mujeres. Más de la mitad declaró haber votado en las anteriores elecciones presidenciales de 1994. Y en cuanto a los resultados, sólo se evidenció que los números de las oposiciones (Alianza por el Cambio y Alianza por México) sólo eran un poco superiores que el promedio en Baja California. No se dieron las grandes caravanas de votantes provenientes del norte, ni hubo un desborde de las casillas especiales más allá del habitual. Pareciera ser que la aspiración de votar desde el exterior no era una causa tan compartida por los paisanos como sus líderes aseguraban. A lo mejor el reto de establecer mecanismos de voto desde fuera del país no será tan complejo como en un primer momento se pensó.
Cuando en 2003 tocó renovar el Consejo General del IFE el PRI propuso, entre otros, a Diego Valadés para dirigir ese instituto. Eso alarmó a los líderes de los migrantes mexicanos. Raúl Ross, integrante en Chicago de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior –bien conocido por los lectores de Correo , declaró preocupado: "Para nosotros el hecho de que se maneje el nombre de Valadés es una mala noticia; nos asusta que un enemigo del voto de los residentes en el exterior pudiera ser presidente de ese órgano clave." Tal vez fue esta una de las razones que tuvo Valadés en mente para pronto declinar su postulación.
Pronto los líderes paisanos volvieron a insistir y presentaron factura al nuevo presidente, Vicente Fox, quien se había comprometido en campaña a impulsar la implantación del voto desde el exterior como parte de una vieja deuda moral hacia la diáspora mexicana, que sumaba ya casi once millones, el 99% de ellos en los EU. Como otras promesas extravagantes del nuevo presidente, el cumplimiento de esta volvía a plantear multitud de aristas que ningún político se atreve públicamente a admitir: ¿cómo aplicar extraterritorialmente una ley mexicana? ¿cómo garantizar la imparcialidad, la objetividad, la certeza, la legalidad, la equidad y la transparencia en un suelo ajeno? ¿Cómo aplicar las sanciones previstas para los infractores electorales? ¿Cómo negociar con autoridades federales, estatales y de condado en un país tan descentralizado como los EU? ¿Cómo evitar las razzias de la migra en eventos electorales mexicanos? ¿Cómo controlar los gastos de campaña en otros países? ¿Cómo instalar casi 10 mil casillas en ese país? ¿De dónde saldrá el gasto de desplegar cientos de agentes electorales en varios países, capacitar a decenas de miles de funcionarios de casilla, pagar factura, transporte y seguridad para materiales electorales, y un montón de otros gastos? Seguiremos indagando en la siguiente entrega…

Votar desde el exterior, I

El 22 de febrero pasado la Cámara de Diputados de la federación aprobó el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, referente a las reformas necesarias en el Cofipe para concretar la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos en el extranjero puedan emitir su voto por el Presidente de la República desde los lugares de su residencia. Esta medida, largamente esperada por las organizaciones de los paisanos en el exterior, aterriza la reforma constitucional de noviembre de 1996, cuando se suprimió de la fracción III del artículo 36 la obligación de que el voto ciudadano fuese emitido únicamente desde el distrito electoral que le correspondiera. Esto abrió la posibilidad de dicho voto también pudiese ser emitido desde el exterior del país.
Desde entonces los debates sobre este tema han coloreado la relación del Estado mexicano con las comunidades mexicanas en el extranjero. La demanda de derecho al sufragio sin importar el lugar de emisión se fundaba en el hecho de que 60 países reconocen el voto extraterritorial, y México seguía negándose a aceptar dicha posibilidad, a pesar –o a lo mejor a causa de contar con más del 10% del total de su población viviendo fuera del territorio nacional. Los temores y las desconfianzas campearon entre los partidos políticos, que no supieron en un principio cómo leer esta demanda. Se temía, por ejemplo, que los paisanos de afuera canalizaran su resentimiento contra el sistema que no fue capaz de ofrecerles oportunidades locales, y que entonces ese caudal de votos potenciales se volcaran a favor de alguna de las oposiciones de entonces –PAN o PRD . Otros actores políticos o académicos se negaron enfáticamente a esta posibilidad, poniendo en duda la lealtad que podrían conservar ciudadanos que se han alejado voluntariamente de sus comunidades originales y su problemática.
El debate primario involucró incluso a la secretaría de Gobernación, que en tiempos de Labastida llegó a afirmar que concretar el voto desde el exterior le costaría al país alrededor de mil millones de dólares. Ante esta situación, el Congreso demandó al IFE elaborar un estudio de viabilidad operativa y financiera de una medida como esta. En 1998 se formó una comisión de especialistas –académicos sobre todo que llegó a la conclusión de que esta posibilidad era factible, y desplegó seis modalidades alternas con 22 derivaciones que variaban en instrumentos, costo y cobertura. Se proponía aprovechar la situación de que el 99% de los mexicanos en el exterior residen en los Estados Unidos, y que en 33 condados, pertenecientes a siete estados, se concentra el 75 por ciento de la población mexicana. Es decir, que el operativo debería aprovechar en su favor esta concentración, para llegar efectivamente al mayor número de paisanos.
Sin embargo la ley electoral mexicana es clara, y prescribe que la autoridad debe garantizar la igualdad de oportunidades para emitir el voto. Esto planteaba el gran problema de enfrentar el hecho de que hoy día hay mexicanos en los 50 estados de la unión americana, y que en muchos otros países existen concentraciones pequeñas que no podrían ser dejadas a un lado. Ningún otro país del mundo tiene una población tan amplia de sus connacionales habitando en un país vecino, como el nuestro. Ya es un lugar común afirmar que la ciudad con más mexicanos en el mundo, después de la ciudad de México, es Los Ángeles, y no que quedan muy atrás Chicago, Dallas y muchas otras.
A pesar de las conclusiones de la comisión de especialistas, la necesaria reforma al Cofipe no se concretó para las elecciones del 2000 –lo que era esperable pero tampoco para las del 2003. Y hasta hace unos días muchos creíamos que tampoco se podría hacer valer para el 2006. Parecía que todos los actores políticos, incluyendo al nuevo presidente de la República, encontraban muy atractivo manejar la bandera del voto desde el exterior, pero que al momento de llegar a los hechos se fingía hacer algo –como presentar una desangelada iniciativa ante la Cámara para luego dejar pasar el tiempo y dejar a otros la papa caliente. Eso sucedió con la iniciativa que envió a la carrera el presidente Fox el 15 de junio del año pasado, a la víspera de un viaje a los Estados Unidos donde de seguro recibiría nuevamente recriminaciones de parte de los paisanos, que insistían en recordarle una más de sus promesas de campaña que descansaban en el limbo de la buena voluntad. Se unió a otras diez iniciativas que descansaban en la congeladora legislativa. Y seguiremos deshojando esta margarita el próximo viernes…