El 22 de febrero pasado la Cámara de Diputados de la federación aprobó el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y la de Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, referente a las reformas necesarias en el Cofipe para concretar la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos en el extranjero puedan emitir su voto por el Presidente de la República desde los lugares de su residencia. Esta medida, largamente esperada por las organizaciones de los paisanos en el exterior, aterriza la reforma constitucional de noviembre de 1996, cuando se suprimió de la fracción III del artículo 36 la obligación de que el voto ciudadano fuese emitido únicamente desde el distrito electoral que le correspondiera. Esto abrió la posibilidad de dicho voto también pudiese ser emitido desde el exterior del país.
Desde entonces los debates sobre este tema han coloreado la relación del Estado mexicano con las comunidades mexicanas en el extranjero. La demanda de derecho al sufragio sin importar el lugar de emisión se fundaba en el hecho de que 60 países reconocen el voto extraterritorial, y México seguía negándose a aceptar dicha posibilidad, a pesar –o a lo mejor a causa de contar con más del 10% del total de su población viviendo fuera del territorio nacional. Los temores y las desconfianzas campearon entre los partidos políticos, que no supieron en un principio cómo leer esta demanda. Se temía, por ejemplo, que los paisanos de afuera canalizaran su resentimiento contra el sistema que no fue capaz de ofrecerles oportunidades locales, y que entonces ese caudal de votos potenciales se volcaran a favor de alguna de las oposiciones de entonces –PAN o PRD . Otros actores políticos o académicos se negaron enfáticamente a esta posibilidad, poniendo en duda la lealtad que podrían conservar ciudadanos que se han alejado voluntariamente de sus comunidades originales y su problemática.
El debate primario involucró incluso a la secretaría de Gobernación, que en tiempos de Labastida llegó a afirmar que concretar el voto desde el exterior le costaría al país alrededor de mil millones de dólares. Ante esta situación, el Congreso demandó al IFE elaborar un estudio de viabilidad operativa y financiera de una medida como esta. En 1998 se formó una comisión de especialistas –académicos sobre todo que llegó a la conclusión de que esta posibilidad era factible, y desplegó seis modalidades alternas con 22 derivaciones que variaban en instrumentos, costo y cobertura. Se proponía aprovechar la situación de que el 99% de los mexicanos en el exterior residen en los Estados Unidos, y que en 33 condados, pertenecientes a siete estados, se concentra el 75 por ciento de la población mexicana. Es decir, que el operativo debería aprovechar en su favor esta concentración, para llegar efectivamente al mayor número de paisanos.
Sin embargo la ley electoral mexicana es clara, y prescribe que la autoridad debe garantizar la igualdad de oportunidades para emitir el voto. Esto planteaba el gran problema de enfrentar el hecho de que hoy día hay mexicanos en los 50 estados de la unión americana, y que en muchos otros países existen concentraciones pequeñas que no podrían ser dejadas a un lado. Ningún otro país del mundo tiene una población tan amplia de sus connacionales habitando en un país vecino, como el nuestro. Ya es un lugar común afirmar que la ciudad con más mexicanos en el mundo, después de la ciudad de México, es Los Ángeles, y no que quedan muy atrás Chicago, Dallas y muchas otras.
A pesar de las conclusiones de la comisión de especialistas, la necesaria reforma al Cofipe no se concretó para las elecciones del 2000 –lo que era esperable pero tampoco para las del 2003. Y hasta hace unos días muchos creíamos que tampoco se podría hacer valer para el 2006. Parecía que todos los actores políticos, incluyendo al nuevo presidente de la República, encontraban muy atractivo manejar la bandera del voto desde el exterior, pero que al momento de llegar a los hechos se fingía hacer algo –como presentar una desangelada iniciativa ante la Cámara para luego dejar pasar el tiempo y dejar a otros la papa caliente. Eso sucedió con la iniciativa que envió a la carrera el presidente Fox el 15 de junio del año pasado, a la víspera de un viaje a los Estados Unidos donde de seguro recibiría nuevamente recriminaciones de parte de los paisanos, que insistían en recordarle una más de sus promesas de campaña que descansaban en el limbo de la buena voluntad. Se unió a otras diez iniciativas que descansaban en la congeladora legislativa. Y seguiremos deshojando esta margarita el próximo viernes…
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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