Cuitas para la Convención Hacendaria

La Convención Nacional Hacendaria, que arrancó el día de ayer, aniversario de la Constitución, en la histórica ciudad de Querétaro, promete convertirse en el nuevo coliseo político que dará pie a las notas periodísticas de los próximos seis meses, periodo que se anuncia como horizonte temporal de la convención. Los actores políticos centrarán sus esfuerzos protagónicos en este nuevo foro, y de seguro conoceremos de su parte nuevas e ingeniosas formas de fortalecer las maltrechas finanzas públicas de nuestro país. De nuevo se expondrán los radicalismos, como el no rotundo al IVA en alimentos y medicinas por parte del PRI y del PRD, que otra vez serán acusados por los personeros del oficialismo, como irresponsables y carentes de visión de largo plazo. Nadie querrá derrochar los escasos capitales políticos, a dos años de las elecciones, en aras de lograr acuerdos que permitan devolverle viabilidad social a este país. Más bien veremos a la convención convertida en pasarela de gobernadores y secretarios de estado, que trabajan más por sus propias precandidaturas (presidenciales o de otro tipo) que por el auténtico bienestar de sus gobernados.
Discúlpenme por lo pesimista, pero no puedo pensar de otra forma al ver el despliegue de pretensiones y anuncios grandilocuentes por parte de muchos de los protagonistas de la convención. Mucho me temo que de nuevo veremos un parto de los montes, con pocos resultados pero con mucho glamour político.
El 5 de febrero y Querétaro tienen suerte para convertirse en espacio para magnos encuentros de convocatoria nacional. Recuerdo aquellas descomunales reuniones de la República, a que emplazaba el presidente José López Portillo en los ochenta. Eran tan imponentes como inútiles, pues sólo servían para la exhibición personal del presidente. Una de ellas ganó celebridad cuando éste anunció que defendería al peso “como un perro”, para luego verse apaleado por la devaluación de 1982. Por supuesto que entonces nadie debatía nada. Hoy por el contrario, veremos cómo se construye un nuevo tinglado para la confrontación y el protagonismo mediático.
No hay nada más inútil que un debate que parta de axiomas inconmovibles, como el del no al IVA. Si la convención hacendaria aspira a un grado aceptable de éxito, debe partir del requerimiento de que todos los participantes asuman un enfoque condescendiente y dúctil, que privilegie el beneficio del país por sobre las agendas partidistas. Tampoco se trata de ceder en materia ideológica. Me refiero a que se puede preservar el compromiso con las clases populares sin que esto signifique aferrarse al rechazo al IVA. Ese mismo compromiso puede cumplirse de forma incluso más eficiente mediante ambiciosas políticas de subsidio directo a los sectores más desprotegidos. Por ejemplo, muchas de los tan criticadas estrategias que implementó el presidente Salinas con su programa Solidaridad, como fueron los tortibonos (y su requerida “credencial de pobre”), el procampo y otros, permitieron levantar los onerosas asistencias genéricas, como lo era el subsidio generalizado al precio de la tortilla, para cambiarlos por otros subsidios más focalizados, pero más eficaces, como los tortibonos, la leche Liconsa, etcétera. Yo creo que el PRI y el PRD deben apostar más por comprometer a los gobiernos en incrementar sustancialmente su gasto social, a cambio de la aprobación de un IVA generalizado. Eso sí sería una muestra de compromiso con los más necesitados.
Se requiere también que se acuerde levantar un censo tributario exhaustivo. No es posible que en un mundo donde rigen las tecnologías de la información y las comunicaciones, todavía no tengamos un padrón de causantes reales y potenciales. El Estado debe cruzar la información con la que ya dispone. Por ejemplo, todos los gobiernos controlan ya diversos padrones de prestadores de servicios, como es el caso de los transportistas, los expendedores de alimentos y bebidas, los profesionistas, los comerciantes en la vía pública, etcétera. Millones de negociantes y trabajadores informales evaden la obligación tributaria, pero en cambio son consumidores voraces de servicios y asistencias del sector público. Muchos servicios que presta el Estado podrían condicionarse a la comprobación de ser un contribuyente del fisco. Esto suena policial (y lo es), pero debemos partir del hecho de que no existe cultura contributiva en nuestro país, y sólo con medidas coercitivas puede ampliarse efectivamente la base tributaria. No se trata de que los contribuyentes cautivos paguen más, sino de que lo hagan los que hoy no aportan a las arcas comunitarias. Un Estado con recursos para invertir en el desarrollo de las familias y las comunidades, eso sí sería justicia social.