¡Vaya semana de escándalos políticos, ésta que termina! Cuando apenas nos reponíamos de la bulla ocasionada por el Financial Times y sus reportajes sobre la fundación “Vamos Marta”, se nos deja venir encima el niñogate que encuera el chiquero del inframundo político donde se mueve el heredero del Partido Verde. Qué lamentable observar en ese video subrepticio, a un personaje principal del escenario político nacional que con la cara fresca de la juventud, pero en el peor lenguaje de carretonero, negocia un aparente soborno millonario en dólares, a cambio de traicionar la nobilísima causa del ecologismo. Pero lo que da verdadero terror es pensar cuántos negocios turbios anteriores transitaron impunemente por las vías de la corrupción, de los que nunca sabremos y que con seguridad le han costado al país la pérdida o el deterioro irremediable de muchas riquezas naturales con que ha sido dotado su sufrido territorio.
El ecologismo requiere contar con adalides auténticos que le reintegren su fuerza moral, evidentemente conculcada. El PVEM debe resolver con urgencia sus crisis internas, si quiere sobrevivir a sus tempestades, y hacerlo reconstruyendo la dignidad de su causa. Y si no es capaz de cambiar con sus propias fuerzas (aparentemente secuestradas por la familia González Torres), el IFE debe ser capaz de imponer la ley y con ella la democratización interna de ese partido. La fracción segunda del artículo 23 del COFIPE señala que ese instituto “vigilará que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la ley”. Luego, el inciso d) del artículo 25 dice que los partidos tienen “la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.” Y el artículo 38 menciona que deberán “conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático”. Es clarísimo: si se presume que hubo una conducta dolosa (¿y a poco no fue?) la autoridad debe intervenir.
Sin embargo, el gobierno federal parece no estar ajeno a esta crisis de los verdes, y exhibe de nuevo una doble cara. Omar Núñez, secretario de finanzas del PVEM, dio a conocer otra grabación, ahora de una conversación telefónica privada del artífice de la trampa al niño verde, Santiago León Abeleyra, que parece apuntar a una participación velada de la secretaría de Gobernación. Y no parece una teoría tan descabellada, pues evidentemente se contó con equipamiento sofisticado para apoyar la video grabación de la “chamaqueada” al niño verde. Los expertos del CISEN pudieron haber asesorado la engañifa.
Además, la Secretaría de Educación Pública se suma al linchamiento y anuncia, por medio de su director jurídico Luis Vega, que está analizando interponer una demanda contra el partido verde por la repartición del libro de texto “Mi Primer Libro de Ecología”, por “por violar los artículos 34 y 75 de la Ley General de Educación.” El primer artículo se refiere a los programas educativos compensatorios a las entidades con rezagos, por lo que no tiene relación con este asunto, y el segundo se refiere a las infracciones a la ley, de las que sólo es aplicable la fracción IV: “No utilizar los libros de texto que la secretaría autorice y determine para la educación primaria y secundaria.” ¿Cómo van a demandar?
Sorprende mucho esta actitud de la SEP al recordar que el secretario Reyes Tamez, en su comparecencia del 17 de septiembre de 2001 ante la Cámara de Diputados, declaró que “dentro de los objetivos básicos del gobierno de la coalición alianza por el cambio, el presidente Vicente Fox acordó con el Partido Verde Ecologista de México, repartir gratuitamente en el primer año de su gobierno, en todas las escuelas primarias públicas del país, el libro Mi Primer Libro de Ecología, editado por el Centro de Investigaciones Ecológicas, a fin de dar mayor impulso a una cultura ecológica en México.” Además, es prudente recordar que Vicente Fox, en sus tiempos de gobernador de Guanajuato (21 de junio de 1999), anunció junto con Jorge González Torres que el libro se distribuiría en todas las escuelas primarias de la entidad, apoyando los materiales del cuarto grado. Evidentemente el gobierno de la entidad le compró al PVEM un importante número de esos textos. Ese año asistieron 752 mil niños a primaria, pero ¿cuántos a cuarto grado? ¿Cien mil? Fue sin duda un buen negocio. El PVEM no engañó al gobierno, eso queda claro.
Concluyo que en estos turbios asuntos ambos, gobierno federal y partido, se encuentran sumergidos en el mismo estercolero verde.
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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