Los actuales debates que se desarrollan en el Congreso de la Unión en torno a las urgentes reformas en las materias hacendaria y eléctrica parecen apuntalar la convicción de que los mexicanos nacemos con una inexplicable incapacidad para entendernos los unos con los otros. A pesar de las promesas que hace pocas semanas expresaron los líderes de las fracciones parlamentarias de esta nueva LIX legislatura, los acuerdos no parecen estarse construyendo y más bien lo que hemos visto es una danza de negociaciones mezquinas plagadas de intereses facciosos y parciales. La prueba más evidente fue el triste proceso de selección del nuevo Consejo General del IFE, donde se aplicó una lamentable política de reparto de cuotas entre los dos liderazgos partidistas mayoritarios, que dejó al grueso de los diputados fuera de toda posibilidad de debatir seriamente sobre perfiles y capacidades personales de los eventuales consejeros. De esta forma, la sombra de la sospecha marcó innecesariamente tanto a la institución electoral como a los propios consejeros entrantes.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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