El IFE y su encrucijada

La renovación del Consejo General del IFE no pudo escapar de la polémica, y la verdad, no podía ser de otra forma. La Cámara de Diputados no atendió con oportunidad suficiente este asunto, que fue dejado entre las cuestiones “poco urgentes” dentro de la agenda del primer periodo de sesiones. Desde el inicio existía la posibilidad de que esta decisión se fuese ventilando con calma y con talento, tejiendo fino entre los grupos parlamentarios, y evitar las prisas y aceleres que tanto daño hacen a la factura de la política nacional. Se designó de forma temprana a una comisión que avanzaría en el tema, que conformaron Emilio Chauyffet (PRI), Juan Molinar (PAN), Emilio Zebadúa (PRD) y dos diputados más del PVEM y el PT, pero poco se hizo realmente durante las seis primeras semanas de esta legislatura. Por lo menos poco se vio desde nuestra platea ciudadana.
Al acercarse los últimos días de octubre, se retomó finalmente el asunto de la designación de los nueve consejeros electorales (ojo: ya no son “consejeros ciudadanos”, como erróneamente se asume por ahí), y queriéndolo o no, este punto se vinculó con el resto de las graves cuestiones que hoy se debaten en el espacio legislativo, como son la reforma energética y la reforma hacendaria. Este vínculo perjudicó enormemente el proceso de selección al contaminarse con temas que despiertan radicalismos y confrontaciones. Lo que Woldenberg sugirió fue desoído, y ninguno de los integrantes del consejo anterior repitió en el cargo. En consecuencia mucha experiencia se pierde e indirectamente se descalifica a los consejeros salientes, algunos de los cuales hicieron un papel extraordinario. Yo esperaba que repitieran algunos de ellos, como Peschard, Lujambio, Merino o Luken. Otros resultaron demasiado polémicos, como Cárdenas y Cantú, pero representaban ya un activo muy importante para el instituto.
Finalmente se regresó al sistema de cuotas partidistas, con su inevitable carga política para los nuevos consejeros. No se consideraron alternativas provenientes de la sociedad civil ni se estudiaron a fondo los currículos de los cerca de 200 candidatos que se barajaron. Yo no me explico cómo no se ponderaron los méritos personales de gentes tan destacadas en el campo electoral como Leonardo Valdés, José Antonio Crespo, Jorge Alonso y otros. Tuvieron la “mala suerte” de ser parte de la propuesta del PRD-PT, que hizo mal en aferrarse en exigir a Cantú en la presidencia. Precisamente este fue el problema: que se siguieron manejando las candidaturas en planillas partidistas, y no se debatieron perfiles y méritos personales, con un procedimiento más objetivo, y no el de la negociación en cuotas. Ojalá que en la próxima reforma política se cambie este método, y se piense más bien en un concurso abierto, y por qué no, a la manera del Servicio Profesional Electoral.
Sin embargo el procedimiento actual, con todo y sus problemas, generó un excelente consejo saliente, y ahora aparentemente parió un solvente consejo entrante. Los nuevos consejeros no tienen la culpa de los relajos que armaron sus designantes, y tienen razón al pedir un voto de confianza a la sociedad, para demostrar en los hechos su independencia de juicio. Yo he defendido antes (como consejero local que fui en las dos elecciones anteriores, y como exparticipante en la política partidaria) la libertad de ideología personal de la que deben gozar los consejeros. Esa ideología y sus consecuentes simpatías partidistas son materia privada, y los consejeros no deberán traducirlo en un desempeño interesado al momento de tomar decisiones que tienen un carácter eminentemente público. Esos servidores públicos deben ser profesionales, honestos y responsables de sus actos, pero no se les puede pedir virginidad política. Las personas que podrían reunir un perfil políticamente neutro son también, necesariamente, las que no participan ni se interesan en los asuntos públicos, y por lo mismo serían las menos calificadas para cumplir con esta importante labor. Los consejeros tienen derecho a poseer un pasado partidista (y también un futuro similar), pero en el periodo de su encargo deben garantizar solvencia moral, compromiso con la democracia y capacidad para sobreponerse a los intereses particulares y/o partidistas.
Yo saludo con entusiasmo la designación de Luis Carlos Ugalde como consejero presidente del IFE. Y lo hago porque he tratado a Luis Carlos en su calidad de académico, y me consta el gran profesionalismo y el rigor analítico con el que aborda la materia político electoral. Él participó hace año y medio en una sesión del seminario sobre procesos electorales que coordino para el Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, y luego pude comentar un libro suyo en la Universidad Lasallista en Salamanca. Su gran calidad humana salta a la vista. No tengo duda de que hará un excelente papel, y que no comprometerá el buen nombre que se ha forjado el IFE desde 1996. Por eso, ¡bienvenido y mucha suerte!