Gobierno encogido

Los evidentes problemas presupuestales que enfrentarán el año próximo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales, se están traduciendo desde ya en una serie de recortes en áreas que son consideradas prescindibles. La administración federal, sumergida en la histeria de recortar gasto ante la imposibilidad de empujar la reforma tributaria, presentó hace poco una lista de instituciones que son factibles de ser liquidadas, privatizadas o desaparecidas del mapa, entre las que se cuentan algunas que han cumplido a plenitud con los objetivos para los que fueron creadas, como es el caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) o el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP). Puedo testimoniar que el IMTA es la única institución que hoy en día realiza investigación seria en campos tan vitales como la cultura del agua, la participación social en el uso y aprovechamiento del recurso, sus imbricaciones políticas y económicas, etcétera. Y solamente me refiero al campo del conocimiento de lo social, sin meterme a la generación de tecnología del agua, campo en el que también se destaca el IMTA. Recientemente el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato (CICSUG) publicó el número 12 de su revista Regiones en convenio con el IMTA, dedicándolo al tema “Gestión participativa en torno a los recursos naturales: el agua”. Su siguiente número, también en coedición con el IMTA, abordará el tema “El campo mexicano frete a la globalización y la apertura económica”. También puedo señalar que al menos tres proyectos de investigación que hoy evalúa el CONCYTEG proceden de ese instituto, que hoy en día es el único que realiza investigación social y tecnológica sobre el tema del agua en el estado de Guanajuato.
Contagiado de este afán de “reingeniería administrativa”, el gobierno estatal de Guanajuato ha determinado desaparecer instancias oficiales, y nuevamente encontramos algunas que despiertan sorpresa y confusión, como fue el caso de los beneméritos Talleres Gráficos del Estado. Ahora le toca al Consejo Estatal de Población (CESPO) y a otras tres instancias, que hasta hace poco parecían representar una parte estratégica del accionar gubernamental.
Llama la atención que estos ajustes se den a conocer de forma abrupta y sin haber sometido a las instancias afectadas a una evaluación objetiva de su desempeño. Pero al parecer no hubo ninguna evaluación, sino que la decisión respondió más a negociaciones internas dentro del equipo de trabajo gubernamental, buscando ganar espacios para algunos de sus miembros reubicados, así como hacerse de los sustanciosos recursos presupuestales que se ejercían en las oficinas a liquidar.
En el caso del COESPO me inquieta particularmente por sus posibles implicaciones. Primero, porque parece reflejar un desinterés por mantener una política poblacional, migratoria y reproductiva que responda a la intensa dinámica que experimenta el estado de Guanajuato en esos ámbitos. Tenemos tanta población como muchos países del mundo; nuestra migración interna y externa es de las más dinámicas del país; nuestro sistema de ciudades medias es muy interesante y contrasta con el de otras regiones de México, y nuestra población todavía se multiplica de forma acelerada porque carece todavía de una cultura poblacional y reproductiva que abone la calidad de vida de los guanajuatenses. Segundo, porque esta desaparición podría interpretarse también como un avance adicional de los sectores más conservadores del partido en el poder, con lo que se abandona en los hechos la potestad estatal en la materia demográfica y se deja en manos de la “libertad” de conciencia individual (léase Provida).
Desde su nacimiento en 1987, el COESPO tuvo como directores a José María Sepúlveda, Francisco Arroyo, Guadalupe García Chávez, Francisco Lomelí, Margarita Ortega y Luis Fernando Macías. El único que tuvo el perfil profesional adecuado y la experiencia para el puesto fue éste último. En sus tres años de desempeño se generaron bases de datos de gran importancia cuyo destino será pronto un misterio. Podemos mencionar tan sólo el adendo que el COESPO sumó a la encuesta que el Colegio de la Frontera Norte aplica entre los migrantes que regresan de los EU, lo que permitiría conocer con más precisión el perfil de nuestros paisanos que se van al norte. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Qué sucederá con el programa editorial y de investigación que impulsaba? ¿Qué pasará con sus 50 trabajadores, algunos de ellos muy calificados? Y ya entrados en calor, ¿por qué no se pensó mejor en desaparecer otras instancias, como el superfluo Instituto de Ecología, que no ha podido rendir cuentas derechas? En fin, al parecer la transparencia en las decisiones de gobierno todavía es materia lejana.