De derechos humanos y su defensa

Hoy día los derechos humanos son un tema que preocupa fuertemente a sectores crecientes de la sociedad mexicana. Esto es un signo de la maduración evidente que ha podido constatarse en la cultura política del ciudadano ordinario, que ya no percibe su relación con el Estado como la del súbdito dócil y obediente, sujeto a los caprichos de la autoridad arbitraria, sino que ahora se asume crecientemente como el actor primordial de la convivencia social y como depositario de derechos que existían en la formalidad de la ley, pero que no se habían ejercido por ignorancia, por conveniencia o por dejadez. Los derechos más básicos a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la dignidad y a la felicidad se conculcaban impunemente cuando así le convenía a las elites del poder, sin que los cuerpos sociales respondieran más que muy eventualmente en su defensa.
Es un absurdo que el propio Estado mexicano se haya visto obligado a crear instancias semiautónomas dedicadas a vigilarle y obligarle a cumplir con la ley, como es el caso de las procuradurías de defensa de los derechos humanos. Es una clara contradicción, pues así reconoce su incapacidad de autorregularse y constreñirse a los márgenes que le dicta la ley. Es la misma discordancia en la que caen programas como el de “Bienvenido Paisano”, que también vigila que los agentes del gobierno cumplan su obligación estricta y no extorsionen al ciudadano migrante. Es un reconocimiento llano de la incapacidad institucional del Estado de atenerse a su responsabilidad sin violentar la norma jurídica.
En otros países existen instancias y organismos de protección de los derechos humanos –incluso derechos animales, ambientales y de todo tipo— pero que han nacido de la sociedad organizada y del ámbito privado. Sólo las entidades con alcance internacional reciben financiamiento público. En México, tierra kafkiana, el gobierno paga para que le vigilen, pero además puede o no aceptar las resoluciones de esos mismos organismos, con lo cual su existencia misma puede ser doblemente cuestionada.
En Guanajuato contamos con una Procuraduría de los Derechos Humanos desde hace once años, que en términos generales ha tenido un desempeño pulcro y eficiente bajo la conducción de sus cuatro titulares sucesivos. Su acción y la oportunidad de sus intervenciones pueden ser objeto de crítica o de reconocimiento, como cualquier obra humana. Pero sin duda su misma presencia ya es un aporte a la buena convivencia social, pues ofrece una puerta que antes era inexistente al ciudadano común, particularmente en su relación con los distintos gobiernos. Hay que reconocer que particularmente las autoridades municipales, así como las estatales vinculadas a la seguridad y la procuración de justicia, son con demasiada frecuencia una fuente de afrentas y agresiones contra el ciudadano de a pie –pues los “de a caballo” generalmente cuentan con el poder de sus dineros y los abogados que con ellos compran.
Estoy seguro de que Guanajuato no es un espacio especialmente conflictivo en el ámbito de la violación a los derechos humanos. Sin embargo los mismos existen y no son escasos en una sociedad con más de cuatro millones de habitantes. La procuraduría estatal ha tenido que afrontar su obligación con más imaginación y entusiasmo que con recursos financieros, humanos y materiales, apoyándose preferentemente en el conocimiento profundo de las leyes, más que en una militancia protagónica que le atraiga las candilejas de la política local. Y esto lo menciono en referencia a los señalamientos que he leído en medios como el que publica esta columna, cuando se le demanda al actual procurador un activismo que necesariamente rebasa los límites que señala la misma ley que da sustento al actuar del organismo. Se quiere asumir así una concepción de “derechos humanos” de segunda y hasta tercera generación –defensa del ambiente, combate a la intolerancia y la discriminación, rechazo a la pobreza--, lo que colocaría a esta instancia oficial en un peligroso borde jurídico donde con facilidad se puede resbalar hacia las subjetividades ideológicas e incluso hacia nuevos estadios de violación de otros derechos humanos aún más sutiles --¡como el derecho a la felicidad!
Hay muchos ámbitos en los que la protección de los derechos humanos debe mantenerse en manos de la sociedad organizada. Tales serían, por ejemplo, los derechos políticos –calidad en la representación, estímulo a la participación, compromiso con los valores de la convivencia, etcétera--, los derechos de orden espiritual –religiosos, místicos--, y otros muchos. Por ello sería deseable que con el tiempo ya no fuesen necesarias las comisiones y procuradurías, y que en su lugar se alce el ciudadano informado y crítico, conocedor y usuario de la ley.