En la comunidad de analistas políticos se ha vuelto un lugar común la tesis de que la transición democrática mexicana fue un proceso que se gestó desde la periferia hacia el centro, desde los municipios hacia los estados y la federación. Pero también se acepta que no todas las periferias –las “provincias” si hacemos uso del lenguaje del centralismo— experimentaron los mismos ritmos y profundidades en ese proceso de cambio político. Si recordamos las elecciones chihuahuenses y duranguenses de 1983, cuando el PAN se hizo de sus capitales y de los municipios principales, o los avances del PDM en Aguascalientes y Guanajuato, los triunfos del PST en Ensenada y otros municipios norteños, y el avance panista en Baja California hasta la conquista de la gubernatura en 1989, podemos intuir que en el norte del país la velocidad del cambio era superior que en el resto de las regiones. Es decir, que en el ámbito político el norte del país ha mantenido un claro liderazgo nacional, tal vez producto de una cultura política más apegada a los valores ciudadanos individualistas y modernizantes, en contraste con la cultura del centro y sur del país, más bien tradicionalista, corporativa y conservadora.
Algo que me ha llamado la atención es que los liderazgos norteños se construyen más bien basados en el desempeño individual y el prestigio personal, gestados en ámbitos diferentes al político, particularmente en el empresarial. En el sur esos liderazgos tienden a ser más clientelares, basados en una tradición de intermediarismo entre la sociedad y el gobierno. Pienso en gentes como Ernesto Ruffo --a quien hace poco tuve la oportunidad de tratar--, quien se inició en la política en su natal Ensenada proveniente del ámbito privado-empresarial. Lo mismo sucedió con Pancho Barrio en Ciudad Juárez, o don Luis H. Alvarez en Chihuahua. Incluso en el PRI y el PRD son frecuentes los líderes que se forjaron primero en las lides de la empresa. En el centro todavía estamos acostumbrados a una clase política forjada en las entrañas de los partidos o proveniente de los movimientos sociales, es decir, en los “profesionales” de la política. Inclusive en el PAN existe este fuerte componente profesional, aunque la oleada de neopanistas que arribaron en los años ochenta alteró fuertemente este perfil.
Los espacios políticos de la frontera se han visto muy influidos desde hace décadas por la dinámica política del “otro lado”. El contraste entre el autoritarismo centralizador mexicano y el federalismo democrático de los Estados Unidos favoreció una actitud tempranamente crítica hacia el sistema político hegemónico priísta. No es raro entonces que los ciudadanos fronterizos mantengan una actitud desconfiada y escéptica ante las iniciativas que vienen del sur. Su sentido pragmático le lleva a favorecer las opciones políticas que convengan para un momento determinado, por lo que no se “casan” con las causas partidistas o ideológicas. En este sentido, el llamado “voto duro” de los partidos es sustancialmente menor en los municipios y entidades norteñas que en el resto del país. Eso explica que Chihuahua y Nuevo León ya hayan mudado en dos ocasiones de colores partidistas en sus gobiernos estatales, o que Ciudad Juárez y recientemente Tijuana se hayan desteñido de azul. Particularmente en este último caso llama la atención que el PRI haya podido hacerse de la victoria en las elecciones de agosto pasado con un candidato que representaba a la clase dinosáurica que supuestamente los norteños rechazaron en el pasado. Jorge Hank, a quien muchos quisimos ver como cargado de desprestigio, cosechó 15 años de trabajo social en las colonias populares tijuanenses, y basado en este clientelismo anacrónico se alzó con una clara victoria. Hoy es el precandidato priísta más fuerte a la gubernatura de Baja California. Y sin embargo esa fórmula no pudo funcionar en el Estado de México para su hermano Carlos, y el PRI mexiquense sí optó por la renovación generacional con los “bebesaurios”, que al parecer también saben jalar votos.
Parece ser que a los políticos norteños se les califica más por sus capacidades para resolver problemas concretos, y menos por sus banderías ideológicas. Por eso no es raro que el sentido de efectividad lo encontremos igual en el gobernador-empresario Eugenio Elorduy (PAN-BC) que en el académico-político Natividad González Parás (PRI-NL). Sus discursos pueden diferir, pero no así sus acciones de gobierno, que al final buscan el mismo resultado: el “bien común” o el “desarrollo social”, según sus respectivas terminologías.
Artículos de coyuntura publicados por Luis Miguel Rionda Ramírez en medios impresos o electrónicos mexicanos.
Antropólogo social. Profesor titular de la Universidad de Guanajuato y de posgrado en la Universidad DeLaSalle Bajío, México. Exconsejero electoral en el INE y el IEEG.
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