El círculo de la violencia

La crisis de violencia organizada que se vive en estos días en nuestro país no tiene precedentes históricos. Jamás el hampa había contado con tantos recursos monetarios, ni con tantos secuaces públicos y privados dispuestos a venderse a cambio de los dólares y pesos que se generan a raudales en una de las actividades más redituables que haya concebido la humanidad. El cáncer se ha generalizado al punto de que México ha desplazado definitivamente a Colombia como el espacio propicio para la incubación de cárteles y malhechores de inopinada crueldad, que se han hecho cargo del grueso del tráfico internacional. Y sin duda el estado mexicano fue pillado con los dedos bien metidos en el quicio de la puerta, la puerta de la inseguridad pública. Este fue un proceso lento, callado, pero implacable, que se inició en los ochenta, azuzado por las crisis económicas recurrentes. Y en los años noventa se consolidaron las grandes mafias de la droga de Tijuana, de Sinaloa, de Guadalajara, del Golfo, de Juárez, y poco a poco se impusieron a los cárteles colombianos de Cali, de Medellín y de las FARC como los inevitables intermediarios para acceder al enorme y voraz mercado de consumo norteamericano. Quien controló ese paso hacia el norte tuvo la llave de las arcas insondables del narcotráfico. Y eso fue exactamente lo que nos pasó.
Las capacidades preventivas y represivas del estado mexicano se fueron quedando muy a la zaga del problema, hasta que hoy confrontamos el problema de que se cuenta con muy pocas corporaciones de investigación y coerción a salvo del efecto corruptor y de cooptación que facilitan los cientos de millones de dólares anuales que produce esta actividad ilícita. A lo más contamos con el ejército, y con mucha precaución con algunas secciones de la PFP y la AFI, que se han evidenciado permeables a la corrupción. Las policías locales, con su impericia y sus sueldos de hambre, son víctimas fáciles para los capos de las sustancias ilegales. Miles de agentes ministeriales y preventivos estatales y federales están a sueldo de las grandes familias del tráfico. Esto es tan inevitable como lo es ley del mercado: siempre va a ganar quien paga más. La honestidad policial es una plantita que no vive del aire: se riega con los recursos que le garanticen una vida con decoro al agente; si no es así, ningún ser humano racional sería tan ingenuo de rechazar el cohecho cuando la alternativa es vivir jodido, y para colmo amenazado.
Hace falta una enormidad de esfuerzos para poder estructurar una política de estado que pueda ser efectiva para combatir en el mediano y largo plazos al crimen organizado. Y no todo se resuelve con recursos dinerarios –aunque sí una parte considerable , sino también con estrategias inteligentes que reviertan la actual situación de indefensión en que se encuentran la sociedad y el estado mexicanos. Se requiere de acciones proactivas, más que reactivas. Hay que reforzar la investigación de alto empaque, que permita infiltrar a esos grupos, conocer sus movimientos antes de que los efectúen, descabezando –en el sentido figurado, no en el literal que acostumbran esos malosos- sus células y sus áreas centrales. Hay que emular lo que están haciendo países hermanos como Brasil y Colombia, que han desarrollado cuerpos de élite policial que han hecho estragos entre los truhanes. La profesionalización de los cuerpos coercitivos del estado es un requerimiento ineludible, que en México se ha atendido tan sólo de forma cosmética. Recuerdo presentaciones grandilocuentes de unidades policiales, como los denominados “de reacción inmediata” en el Estado de México, cuyos llamativos vestuarios los llevaron a ser motejados como “los Robocop”. Sin embargo a la primera puesta a prueba de sus habilidades evidenciaron su ineptitud e ineficacia. En la policía ministerial de Guanajuato se anuncia uno, denominado GERI; su vestuario recuerda al del subcomandante Marcos -pero sin remiendos-, con un estampado camuflado muy apropiado para las exuberantes selvas guanajuatenses. Ignoro cuál sea su efectividad y si un día ha sido puesto a prueba, pero espero que en el momento de confrontarse con las poderosas armas de narcos y secuestradores saque la casta y desquite los centavos invertidos por el gobierno del estado.
Entretanto en Guanajuato seguimos deshojando la margarita, cambiando secretarios de seguridad, reinstalando consejos ídem, y padeciendo los lances caprichosos de la burocracia hermética de la Procuraduría General de la República, que nos vuelve a dejar sin delegado en la entidad, y con una representación prácticamente inexistente. Dos o tres operativos de combate al narcomenudeo no son evidencia suficiente de existencia y operatividad. La impresión que muchos compartimos es que sencillamente el fuero federal ha sido dejado al garete, y que los guanajuatenses tendremos que asumir el federalismo también en este ámbito. Tal vez no sea tan malo.