México Unido

Hace diez años, un once de noviembre, se inauguró la asociación México Unido contra la Delincuencia como una reacción de sectores conscientes de la sociedad civil contra el ascendente clima de inseguridad y violencia social que privaba -y priva- en nuestro país. Fue una iniciativa surgida de un conjunto de víctimas directas de ese entorno violento, encabezadas por la señora Josefina Ricaño, madre de Raúl Nava, joven secuestrado y asesinado por el tristemente célebre “mochaorejas” el 6 de mayo de aquél año. Esa señora madre supo aglutinar en torno suyo a un grupo numerosísimo de atormentados ciudadanos, hartos de padecer la arbitrariedad del crimen impune y la corrupción cómplice de las autoridades de procuración e impartición de justicia.
México transitaba -y transita- por una profunda fase de anomia y patologías sociales -como las calificaría el sociólogo Durkheim-, producto de la acumulación de males por las crisis económicas en que se debatió este país en su difícil tránsito desde el autoritarismo de las presidencias imperiales, hacia nuevos estadios menos obtusos de desarrollo. La “docena trágica” de Echeverría y López Portillo, más la incapacidad de acción de De la Madrid, la corrupción neoliberal de Salinas y la estupefacción de Zedillo en su “error de diciembre”, condenaron a dos generaciones de mexicanos a vivir en el límite de la supervivencia física y la pobreza extrema. Fue entonces que se gestó el caldo de cultivo de la delincuencia, primero improvisada y de niveles básicos de violencia -raterillos, defraudadores, truhanes y asaltantes de verduguillo-, y luego la criminalidad organizada y de alto impacto, tanto en violencia como en conmoción social, con sus crecientes capacidades para la cooptación económica, corrupción de la autoridad, disposición de armamento y entrenamiento, y la progresiva sofisticación de sus acciones. La proverbial incapacidad de las corporaciones policiacas mexicanas, más la proclividad de jueces y magistrados a sucumbir ante cañonazos de billetes, asfaltaron el camino para la descomposición social e institucional.
La asociación civil es presidida ahora por María Elena Morera, esposa de Pedro Galindo, aquél secuestrado al que sus captores le amputaron tres dedos de cada mano para ser enviados como regalo macabro a su familia. Pedro fue rescatado por agentes de la AFI, lo que le hizo ser “afortunado” entre los que corren suertes similares. Muchos recordamos con escalofrío aquellos anuncios televisivos de México Unidos donde este pobre hombre ofrecía “echarles una mano” -y mostraba sus manos segadas- a las autoridades para ayudarlas a combatir la delincuencia. Y en efecto: todos lamentábamos -y lamentamos- la incapacidad de nuestros bien pagados funcionarios y nuestras ineptas policías para poner dique al aluvión de la violencia.
Y en Guanajuato se nos sigue vendiendo la idea de la ínsula barataria, la comarca pacífica y armónica donde no existe el crimen de alto impacto. Pero al mismo tiempo nos enfrentamos con bombazos del EPR, con cartuchos de dinamita abandonados en Celaya y ahora en Irapuato, con asaltos prohijados con armas largas, con atentados contra funcionarios y periodistas, con 46 aparentes ejecuciones en lo que va del año, con el mutis o el cantinfleo de autoridades de seguridad, e incluso con veterinarios metidos a secretarios del ramo -¿será porque los criminales deben ser tratados como animales?
¿Qué nos pasa?, se preguntaba en los ochenta el agudo comediante Héctor Suárez. Y los mexicanos simples nos lo seguimos preguntando veinte años después. No podemos renunciar a nuestro futuro como país, ni abandonarnos a la idea del destino manifiesto del fracaso nacional. La violencia social es el cáncer de las sociedades antiguas y modernas, pero su sofisticación y brutalidad han alcanzados los límites de la irracionalidad. Pero también hay que rechazar la violencia institucional, la del Estado; es decir no caer en el expediente fácil de tolerar la violación de derechos humanos con el pretexto de combatir la criminalidad. El Estado debe preservar el monopolio de la violencia legítima, la violencia legal, mas no aplicar el terrorismo oficial, que significa tirar el agua sucia junto con el niño.
México Unido no ha logrado sus metas, es cierto. Pero no ha sido por falta de voluntad o de asiduidad: es porque se enfrenta a un reto mayúsculo sin más armas que la buena voluntad, la terquedad del ciudadano ofendido y la aspiración a dejarles a nuestros hijos un mejor país... bueno, al menos como lo conocieron nuestros abuelos.