Presupuestos sin fin

Desde que se inauguró el pluralismo político en nuestro país, mediante los llamados “gobiernos divididos”, que consisten en un poder ejecutivo que debe convivir y negociar con un parlamento al que no controla una mayoría de su partido, se ha implantado el mal hábito de negociar los presupuestos anuales y las cargas impositivas siempre a las carreras y al cuarto para las doce. A nivel federal, desde que en 1997 el ejecutivo en turno perdió el control de la mayoría de los diputados se percibe este fenómeno pernicioso. Las diferentes bancadas intentan imponer sus criterios políticos, manejándose conforme a sus expectativas electorales más inmediatas, y han encontrado como una vía clara de chantaje y de proyección propagandística el boicotear iniciativas fiscales y presupuestarias, a las que se critica sin más base que la de sus estrechos populismos. A nivel estatal sucede algo similar, aunque en Guanajuato han desaparecido los gobiernos divididos desde el mismo año en que se inauguraron a nivel federal. Aquí se ha establecido desde 1997 un sólido dominio panista en la cámara local, y eso ha ayudado a que los ejecutivos, también albiazules, puedan sacar adelante sus iniciativas sin una oposición que no pueda ser superada finalmente por el mayoriteo.
Es cierto que muchas de las iniciativas presupuestales y fiscales de los ejecutivos son criticables y poco sustentadas en una lógica político-administrativa más amplia. Con frecuencia los ejecutivos imponen un programa de gasto o de recaudación que responde a intereses de minorías, o bien son consecuencia de compromisos “discretos” (por no decir oscuros) con agencias financieras internacionales, con otros gobiernos o bien con sectores de la élite económica nacional que pasan facturas por apoyos concretos. No se puede ser ingenuo y pensar que los gobernantes trabajan por el “bien común” platónico, pues ellos más bien procuran por el pragmatismo maquiavélico que los induce a buscar la preservación del poder, antes que comprometerse con las mayorías nacionales, todavía desprovistas de bienes y de esperanzas, angustiadas como están con la cotidiana lucha por la supervivencia.
Tenemos hoy a nuestros políticos ubicados en dos extremos: los neoliberales (siempre vergonzantes de su neoliberalismo) que se disfrazan de solidaristas y humanistas (v. gr. el nuevo Fox, la Gordillo, Molinar, y a nivel local Romero Hicks y Aguilar y Maya), y los neopopulistas (el viejo Fox, López Obrador, Madrazo, Fito Montes), ambos conjuntos disputándose la paternidad de la acción política responsable pero también la devoción por el prójimo y el compromiso social. Los dos grupos, los neoliberales y los neopopulistas, se distribuyen indiferentemente en los partidos políticos nacionales y están haciendo estragos con la viabilidad política y económica de la nación. La política electorera, que debería superarse inmediatamente después de la culminación de las elecciones, obnubila a nuestros líderes, que no han atinado a hilar fino con sus adversarios y construir el nuevo proyecto de nación sobre la base de las coincidencias (que no son pocas) más que sobre las diferencias (que sólo aparentan ser muchas).
Además de las profesiones de fe liberal o populista, la política mexicana está rindiendo un enorme tributo a los divisionismos personalistas y a los caudillismos de todos colores. El conflicto Madrazo-Gordillo era inevitable y terminó por desatarse en el peor de los momentos, exhibiendo los trapos sucios de la política camarillista al viejo estilo corporativo que creíamos ya superado. Véase si no, la actitud del SNTE y la FSTE ante el conflicto.
Pero el problema más grave reside en los tiempos atropellados que siempre terminan imponiéndose sobre los actores de la política, por culpa de estos ajustes de cuentas y las inefables reivindicaciones populistas. De nuevo se legislará y se armará el presupuesto sobre las rodillas. Adiós a la reforma hacendaria y a los cambios responsables que tanto urgen al país. Con seguridad nos van a encajar impuestos jorobados y pletóricos de retruécanos que calmarán los afanes de los populistas así como la sed de recursos para gastos prolijos de los liberales solidaristas. Ojalá algún día aprendiéramos a planear nuestras finanzas públicas con meses o años de anticipación, como sucede en los países civilizados. Así, ahora deberíamos estar discutiendo los ingresos y egresos de la siguiente década. Pero en fin, no nos agüitemos: ¡Feliz Navidad!

Esquizofrenia priísta

El Partido Revolucionario Institucional está exhibiendo públicamente la profundidad de sus divisiones internas a un nivel que nunca antes le habíamos conocido. Los mexicanos sabemos que el PRI, más que un partido político, ha sido desde su origen una conjunción artificiosa de grupos de interés y de conjuntos sociales muy heterogéneos. Ese perfil le permitió durante décadas asumirse como el representante más incluyente de la sociedad mexicana, pero a partir de los años ochenta esa representatividad se fracturó, hasta un grado tal que hoy en día pone en riesgo la viabilidad inmediata de ese instituto. El espectáculo lamentable que ha brindado la profesora Elba Esther Gordillo, aferrándose a un liderazgo que dilapidó en sus afanes de quedar bien con el ejecutivo federal, da muestra de los rezagos democráticos que perviven en ese partido. El PRI se lo arrebatan hoy dos fuerzas internas que no pueden presumir de vocación democrática, pero que se asumen como los baluartes de la honestidad y el compromiso con el país y con un proyecto político “responsable”. Mientras tanto nadie cede un ápice, y ese divisionismo se ha traducido en un estancamiento imprudente de las negociaciones en la Cámara de Diputados.
Los dos grupos se señalan y se lanzan acusaciones recíprocas. Todos dicen buscar el bien de la Nación, pero al mismo tiempo se cobran facturas personales que tienen que ver más con las frustraciones individuales (por no haber conseguido presidir una comisión legislativa, por ejemplo) y con ambiciones de poder muy concretas pero inconfesables. El bien del país es materia de oratoria, pero no de acciones efectivas. La necesarísima reforma hacendaria apunta al fracaso, o bien a la generación de un nuevo bodrio fiscal lleno de parches y reiteradamente inequitativo. Los causantes cautivos seguiremos siendo rehenes de las ocurrencias partidistas, y la evasión seguirá tan campante.
El PRI deberá revisar sus compromisos políticos en función de los intereses reales de sus representados. Decir que no por sistema, incluso en un tema delicado como el IVA a alimentos y a medicinas, no siempre produce regalías electorales y sí en cambio puede perjudicar la viabilidad de este país. Nunca un impuesto será popular, pero siempre puede ser necesario cuando hay proyectos de desarrollo que catapulten la economía y el progreso armonioso de la sociedad. Con esto no estoy asumiendo la bandera en que se ha envuelto la profesora Gordillo, quien convenientemente se ha enfundado en el manto de la responsabilidad ante la Nación. Defiendo más bien la necesidad de recurrir al diálogo permanente entre los adversarios políticos, anteponiendo intereses comunes a la inmediatez de la politiquería electorera. Si para esa construcción de acuerdos hay que deshacerse de liderazgos ensoberbecidos e interesados, entonces hay que hacerlo, para que de inmediato se establezcan las líneas de comunicación con el resto de las fuerzas políticas, y así que el país realmente disfrute de los frutos de la nueva democracia que hemos sabido construir en estos años.
A nadie conviene un PRI dividido, ni siquiera a sus adversarios. Ese es un partido que sigue recibiendo las confianzas de un porcentaje muy alto de la ciudadanía, incluso mayoritario en muchos estados y regiones. El PRI debe trabajar más fuertemente en la construcción de una auténtica institucionalidad partidaria, y dejar atrás los compromisos con facciones, pandillas o caudillismos internos. Claro que no será nada fácil para un partido que nació marcado por el autoritarismo y la preeminencia de los liderazgos por sobre la militancia, pero no es algo imposible. El ejercicio reiterado y comprometido de la democracia interna es una de las vías más sensatas para lograrlo, por lo que me atrevo a recomendarla. Y ese camino dificultoso sólo lo pueden ensayar los priístas que realmente estén comprometidos con el país, más que con sus liderazgos.

Gobierno encogido

Los evidentes problemas presupuestales que enfrentarán el año próximo tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales, se están traduciendo desde ya en una serie de recortes en áreas que son consideradas prescindibles. La administración federal, sumergida en la histeria de recortar gasto ante la imposibilidad de empujar la reforma tributaria, presentó hace poco una lista de instituciones que son factibles de ser liquidadas, privatizadas o desaparecidas del mapa, entre las que se cuentan algunas que han cumplido a plenitud con los objetivos para los que fueron creadas, como es el caso del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) o el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias (INIFAP). Puedo testimoniar que el IMTA es la única institución que hoy en día realiza investigación seria en campos tan vitales como la cultura del agua, la participación social en el uso y aprovechamiento del recurso, sus imbricaciones políticas y económicas, etcétera. Y solamente me refiero al campo del conocimiento de lo social, sin meterme a la generación de tecnología del agua, campo en el que también se destaca el IMTA. Recientemente el Centro de Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Guanajuato (CICSUG) publicó el número 12 de su revista Regiones en convenio con el IMTA, dedicándolo al tema “Gestión participativa en torno a los recursos naturales: el agua”. Su siguiente número, también en coedición con el IMTA, abordará el tema “El campo mexicano frete a la globalización y la apertura económica”. También puedo señalar que al menos tres proyectos de investigación que hoy evalúa el CONCYTEG proceden de ese instituto, que hoy en día es el único que realiza investigación social y tecnológica sobre el tema del agua en el estado de Guanajuato.
Contagiado de este afán de “reingeniería administrativa”, el gobierno estatal de Guanajuato ha determinado desaparecer instancias oficiales, y nuevamente encontramos algunas que despiertan sorpresa y confusión, como fue el caso de los beneméritos Talleres Gráficos del Estado. Ahora le toca al Consejo Estatal de Población (CESPO) y a otras tres instancias, que hasta hace poco parecían representar una parte estratégica del accionar gubernamental.
Llama la atención que estos ajustes se den a conocer de forma abrupta y sin haber sometido a las instancias afectadas a una evaluación objetiva de su desempeño. Pero al parecer no hubo ninguna evaluación, sino que la decisión respondió más a negociaciones internas dentro del equipo de trabajo gubernamental, buscando ganar espacios para algunos de sus miembros reubicados, así como hacerse de los sustanciosos recursos presupuestales que se ejercían en las oficinas a liquidar.
En el caso del COESPO me inquieta particularmente por sus posibles implicaciones. Primero, porque parece reflejar un desinterés por mantener una política poblacional, migratoria y reproductiva que responda a la intensa dinámica que experimenta el estado de Guanajuato en esos ámbitos. Tenemos tanta población como muchos países del mundo; nuestra migración interna y externa es de las más dinámicas del país; nuestro sistema de ciudades medias es muy interesante y contrasta con el de otras regiones de México, y nuestra población todavía se multiplica de forma acelerada porque carece todavía de una cultura poblacional y reproductiva que abone la calidad de vida de los guanajuatenses. Segundo, porque esta desaparición podría interpretarse también como un avance adicional de los sectores más conservadores del partido en el poder, con lo que se abandona en los hechos la potestad estatal en la materia demográfica y se deja en manos de la “libertad” de conciencia individual (léase Provida).
Desde su nacimiento en 1987, el COESPO tuvo como directores a José María Sepúlveda, Francisco Arroyo, Guadalupe García Chávez, Francisco Lomelí, Margarita Ortega y Luis Fernando Macías. El único que tuvo el perfil profesional adecuado y la experiencia para el puesto fue éste último. En sus tres años de desempeño se generaron bases de datos de gran importancia cuyo destino será pronto un misterio. Podemos mencionar tan sólo el adendo que el COESPO sumó a la encuesta que el Colegio de la Frontera Norte aplica entre los migrantes que regresan de los EU, lo que permitiría conocer con más precisión el perfil de nuestros paisanos que se van al norte. ¿Qué va a pasar con esa información? ¿Qué sucederá con el programa editorial y de investigación que impulsaba? ¿Qué pasará con sus 50 trabajadores, algunos de ellos muy calificados? Y ya entrados en calor, ¿por qué no se pensó mejor en desaparecer otras instancias, como el superfluo Instituto de Ecología, que no ha podido rendir cuentas derechas? En fin, al parecer la transparencia en las decisiones de gobierno todavía es materia lejana.

La reforma vacía

Los actuales debates que se desarrollan en el Congreso de la Unión en torno a las urgentes reformas en las materias hacendaria y eléctrica parecen apuntalar la convicción de que los mexicanos nacemos con una inexplicable incapacidad para entendernos los unos con los otros. A pesar de las promesas que hace pocas semanas expresaron los líderes de las fracciones parlamentarias de esta nueva LIX legislatura, los acuerdos no parecen estarse construyendo y más bien lo que hemos visto es una danza de negociaciones mezquinas plagadas de intereses facciosos y parciales. La prueba más evidente fue el triste proceso de selección del nuevo Consejo General del IFE, donde se aplicó una lamentable política de reparto de cuotas entre los dos liderazgos partidistas mayoritarios, que dejó al grueso de los diputados fuera de toda posibilidad de debatir seriamente sobre perfiles y capacidades personales de los eventuales consejeros. De esta forma, la sombra de la sospecha marcó innecesariamente tanto a la institución electoral como a los propios consejeros entrantes.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.

La reforma vacía

Los actuales debates que se desarrollan en el Congreso de la Unión en torno a las urgentes reformas en las materias hacendaria y eléctrica parecen apuntalar la convicción de que los mexicanos nacemos con una inexplicable incapacidad para entendernos los unos con los otros. A pesar de las promesas que hace pocas semanas expresaron los líderes de las fracciones parlamentarias de esta nueva LIX legislatura, los acuerdos no parecen estarse construyendo y más bien lo que hemos visto es una danza de negociaciones mezquinas plagadas de intereses facciosos y parciales. La prueba más evidente fue el triste proceso de selección del nuevo Consejo General del IFE, donde se aplicó una lamentable política de reparto de cuotas entre los dos liderazgos partidistas mayoritarios, que dejó al grueso de los diputados fuera de toda posibilidad de debatir seriamente sobre perfiles y capacidades personales de los eventuales consejeros. De esta forma, la sombra de la sospecha marcó innecesariamente tanto a la institución electoral como a los propios consejeros entrantes.
Vemos ahora cómo en el asunto de la reforma hacendaria los grupos parlamentarios se debaten en pugnas de política camarillesca, que están contaminando una materia que debería ser eminentemente técnica. Alguien podría debatirme, con razón, que los asuntos fiscales también son políticos, pero yo argumentaría que precisamente lo que está faltando es la Política (con mayúscula) de altos estándares y miras de largo plazo. Los señores diputados nos están dando una lección de cómo se puede frustrar un proyecto nacional (del signo que sea) cuando lo que priva es el inmediatismo electorero y partidista, sazonado de populismo oportunista.
Para construir un marco de negociación de largo aliento, yo propondría que se parta de unas cuantas premisas o axiomas que fuesen incuestionables por parte de los partidos. Yo imaginaría estos: 1) es urgente ampliar los recursos fiscales del estado mexicano en sus tres niveles de gobierno, 2) es urgente ampliar la base de contribuyentes y combatir la informalidad, 3) es urgente simplificar el esquema recaudatorio, 4) es urgente concretar el federalismo hacendario e involucrar a estados y municipios en la ingrata labor de recolectar impuestos, y 5) es urgente transparentar el uso y destino de los recursos públicos, para incrementar la confianza ciudadana hacia el gobierno. Habría otros ejes que podría proponer, pero que ya no serían de aceptación general por su contenido político e ideológico, como los siguientes: 6) es necesario que la política fiscal deje de ser un instrumento privilegiado de fomento económico, sobre todo a través de exenciones y tratos especiales a industrias y giros específicos, ya que la claridad y la eficacia recaudatorias serán por sí mismas los nuevos instrumentos de fomento; 7) el necesario revisar a fondo la efectividad real de la política redistributiva federal que hoy subsidia a ciertas entidades y perjudica a otras, con un indeseable efecto de desaliento; 8) hay que darle autonomía y viabilidad financiera a PEMEX y a la CFE, sin que ello represente su privatización o su constricción; 9) el IVA generalizado (pero en menor monto al actual) es conveniente, siempre que vaya acompañado de estrategias paralelas de apoyo directo a las clases populares (subsidios directos mediante programas sociales, seguro médico popular, restricción a la vigencia de las patentes médicas, etcétera); y 10) facilitar la recuperación del IVA a contribuyentes cumplidos mediante deductibilidades bien definidas.
Si la negociación parte de la definición de los axiomas compartidos por todos los partidos, el trabajo se enfocaría sobre los temas escabrosos, pero partiendo de que las soluciones a encontrar sean las más sencillas y que pudieran mantenerse durante más largo plazo. Es necesario que superemos el primitivismo político de negociar todo con la presión de los tiempos encima. Si los asuntos de fondo no pueden salir en estas pocas semanas que le restan al año, es mejor dejar las cosas como están y continuar con los debates con la calma y la responsabilidad necesarias que garanticen una reforma hacendaria de largo aliento. Recordemos la triste experiencia de la “reforma” del 2000, cuando los diputados se inventaron sobre las rodillas una serie de impuestos absurdos que no resistieron el paso del tiempo.
Desgraciadamente me confieso pesimista sobre el tema de la reforma hacendaria. Creo que vamos a presenciar un parto de los montes que responderá más a las perspectivas electoreras del 2006 que a una auténtica labor de congresistas con vocación de estadistas. En fin, esto es una prueba más de que nuestra transición política no ha terminado aún.