Rumbo a noviembre

Casi sin pretenderlo, pude dar seguimiento televisivo a las convenciones nacionales de los partidos Demócrata y Republicano de los Estados Unidos, que se celebraron en Boston a principios de agosto, y en Nueva York a principios de septiembre. Me soplé buena parte de las transmisiones en vivo, con montones de entrevistas y muchos encendidos discursos de los partidarios de los candidatos respectivos, John F. Kerry y George W. Bush.
Muchas cosas me llamaron la atención acerca de lo diferente que se practica la política de altos vuelos en ese país y en el nuestro. Sus alocuciones son tan vacías de contenido y tan simplificadoras de la realidad como las que nos dedican nuestros líderes mexicas, pero al mismo tiempo me parece que la visión de la cosa pública entre los dirigentes gringos tiende más a la esperanza y al optimismo. Por supuesto, tanto demócratas como republicanos conciben a su patria como la detentadora de los mejores valores, la mejor forma de vida y la dueña única de la verdad sobre el mundo todo. Hay mucho de obnubilación hacia sí mismos y no logran superar su provincianismo aislacionista, que los lleva a concebir a la política exterior como una extensión inevitable y de menor importancia con relación a la política interior.
En el caso de los demócratas, debo reconocer que entre ellos fue evidente un mayor compromiso hacia los asuntos de orden global, macro ecológicos y de solidaridad con el resto de los pueblos del mundo. No dejan de ser parroquiales, pero al menos voltean a su derredor y se dan cuenta de que su país, con todo y ser la única mega potencia sobreviviente de la barbaridad de la guerra fría, se encuentra en íntima relación con el resto del mundo, y que depende en buena medida de una creciente capacidad para establecer metas comunes de orden global: un compromiso integral de la humanidad con su propio futuro y el de su espacio vital.
Los republicanos se regodean en su fanatismo catastrofista. El terrorismo internacional, que ellos alimentaron en su tiempo, los conduce a demonizar a los pueblos que, como el islámico, han padecido los azotes de la política imperial que se impuso en el siglo XX en orden de garantizar la primacía de los intereses del gran capital por sobre los de las sociedades. Estoy convencido de que el terrorismo no es la causa de la inseguridad en que viven los norteamericanos comunes, sino más bien la arrogancia obtusa de un modelo de relaciones internacionales que todavía hoy se basa en la barbarie de la ley del más fuerte –el Consejo de Seguridad de la ONU, por ejemplo— y en el principio de la necesaria disimetría entre las urgencias sociales y las necesidades de la macro economía oligárquica.
Los republicanos fueron, en general, más radicales y esquemáticos en sus conceptos. La máxima que reiteraron con afán fue que sin Bush el terrorismo florecerá e incluso hará palidecer al 11 de septiembre (Dick Cheney dixit). Es un llamado al “voto del miedo”, que tan bien conocimos en México en 1994. Ofrecen continuar con el recorte de impuestos, con su consecuente recorte en los gastos sociales –aunque esto se guardan de mencionarlo. Incluso se evidencia ya una fuerte corriente de opinión que desea ver al neonazi Schuartznegger en la carrera presidencial del 2008, aunque esté impedido por su origen extranjero –sin embargo no es un “alien”: es un güerote germánico que nunca padeció las persecuciones que la migra dedica a los morenitos “greasers”. Y para colmo los abucheos de la convención a cada mención de la ONU me convencieron de que ese partido padece una miopía espectacular.
Creo no exagerar si afirmo que esta será una de las elecciones presidenciales de más trascendencia para nuestro país. Los Estados Unidos se encuentran en una encrucijada, y lo malo es que su decisión jalará los destinos del resto de los pueblos del mundo. La esperanza y la fe que se derramó en la convención demócrata, que contrastó con el acartonamiento de la republicana, me contagiaron y me sembraron el anhelo de que los electores de ese país opten por la candidatura que reintegre a los Estados Unidos al curso histórico que los una con los destinos el resto del planeta, y que no continúen navegando a contracorriente por el delirio del terrorismo. El resto del mundo, los 5700 millones de seres humanos que NO habitamos en los Estados Unidos, requerimos que ese país, que concentra la cuarta parte de la riqueza y el poderío bélico mundial, se reintegre a la política humanista y solidaria, como la que nos mostró Clinton en los casos de Somalia, Croacia y otras intervenciones avaladas por la ONU, donde se salvaron vidas y no intereses.

Cuarto para las doce

El cuarto informe presidencial ha sido considerado tradicionalmente como el momento cúspide de las administraciones sexenales, cuando el presidente en funciones ha concentrado en su derredor los factores del poder real que le permitirán culminar el último tercio –el del descenso imparable hacia la sucesión– con los amarres necesarios que definirán el proyecto paradigmático de su gestión. Así fue con Zedillo, quien gozó de sus mejores momentos en la segunda mitad de su sexenio; o bien con Salinas, quien culminó sus dos últimos años con el mayor poder personal que haya acumulado un presidente desde tiempos de Alemán o Cárdenas. Es el momento de los cierres y de las cada vez más frecuentes despedidas, pero también el de la ponderación de las bondades –si las hubo—del proyecto saliente y propósito distintivo. Salinas, por ejemplo, realizó sus reformas más trascendentes en el año previo al del cuarto informe. Algo similar sucedió con Zedillo, quien concretó una de las reformas políticas más importantes en 1997. En fin, que se trata de la etapa cimera, el pináculo de un poder predestinado a ser eclipsado en su fase crepuscular por el candidato a sucederlo.
En esta ocasión las cosas aparentan ser diferentes. El presidente Fox no ha podido prácticamente ninguna de las grandes reformas que urgen en el país, comenzando por la fiscal. La única reforma de trascendencia, que fue bien ponderada en el informe, fue la referida al nuevo y deprimido estatus con el que se inauguran los nuevos trabajadores que se integren al IMSS. Se salvaron así las finanzas de un instituto que nunca se manejó con la previsión necesaria, y se le facturó su salvamento a las generaciones futuras de médicos, enfermeras y personal de apoyo que entren a laborar a partir de este año, con lo cual se habrán creado dos estatutos diferentes para trabajadores que en la práctica hacen lo mismo, sólo que unos entraron “antes” de la fecha mágica, y otros, para su desgracia, lo hicieron “después”.
El presidente no dio su informe desde la cúspide de su poder. Lo dio desde los bajíos de los que no ha podido separarse desde sus comienzos bisoños en los intríngulis incomprensibles del poder público. Su autoridad ha sido retada hasta por su afanosa compañera matrimonial. Sus colaboradores lo han abandonado una y otra vez, ya sea en medio del escándalo –al estilo Durazo— o bien de forma discreta –a la manera de Gertz Manero--, pero sin ocultar el hartazgo o la decepción ante un talante dubitativo y caótico para ejercitar las facultades presidenciales. Es claro que la actual administración ha carecido de cohesión y de liderazgo que permitiera mantener no solamente el orden interno en el equipo de trabajo, sino también presentar un frente común y coherente con el resto de los actores del poder, particularmente con la oposición. Ninguna reforma puede pasar sin altas dosis de convencimiento y negociación con los rivales –que no enemigos— a quienes hay que inducir y atraer hacia las bondades de las metas comunes. Esa facultad, esa habilidad ha faltado en estos cuatro años.
Es lamentable que, a dos años del término de esta regencia, aún no se cuente con un proyecto mínimo unificador. La inercia sigue imponiendo su fuerza, y muchos nos preguntamos en qué consiste la innovación dentro del gobierno de la alternancia: ¿en el cambio de las personas a cargo de los despachos? ¿En que ahora sí prevalece la libertad y la democracia? ¿En que ahora no se nos miente ni se nos da gato por liebre? Si esto es así, me parece que es un avance todavía muy limitado. No basta ser honesto para gobernar bien –aunque sin duda siempre es preferible un honesto torpe a un pillo habilidoso. La administración pública no se parece a la administración de las empresas, aunque esta es una premisa que con frecuencia defienden los tecnócratas. Hay factores de planeación, centralización y racionalización que sí son compartidos, pero no encontramos el componente solidario que es inmanente a lo público. Las demandas de los conjuntos sociales son cambiantes, dinámicas y siempre urgentes, por lo dramático de su carácter de elemental supervivencia. En cambio, los “clientes” suelen ser identificados en nichos de mercado, que cambian menos y sus necesidades son proporcionales a sus ingresos.
En fin, que el informe pareció ser diferente en todos los sentidos a las cuartas ediciones de los presidentes anteriores. Y no lo digo por un mayor sentido republicano, sino por la evidencia de que la administración ya hace maletas cuando aún no ha podido cuajar un proyecto propio. Las grandes reformas se quedarán para después, a la manera de los 16 megaproyectos que Fox prometió en sus tiempos de gobernador. Muchas buenas intenciones, buenas ideas, pero imposibilidad de concretarlas. Y me pregunto: ¿lo mismo nos espera con Creel, Madrazo o López Obrador? Parece ser que tenemos ausencia de liderazgos ligados con la eficacia.

La victimización del IMSS

Los liderazgos político-hegemónicos en México atraviesan por un momento de difícil transición, desde un origen populista-autoritario (viejo PRI) hacia un nuevo modelo basado en la eficiencia tecnocrática y un “conservadurismo compasivo” que baña su sucia conciencia social en un neopopulismo que se solidariza únicamente con los pobres con iniciativa. Es decir, me refiero a la nueva clase tecnocrática que hoy domina en el PAN y en el PRI, e incluso ocasionalmente en el PRD. La clase política panista está evidenciando que no es muy diferente a la predominaba en los tiempos de los gobiernos priístas posmodernos (esos que desde hace rato habían renunciado al legado de la mítica Revolución mexicana), ya que se rigen por las mismas prioridades, todas ellas de corte macro económico y micro social. Los jóvenes administradores del gobierno estatal y federal, egresados de universidades privadas y enamorados de la idea de enriquecerse a partir de su habilidad para detectar negocios o bien alternativas de financiamiento público, no son muy diferentes a los chavos priístas, esos egresados de universidades públicas pero con posgrados en el extranjero, y que se asumían como detentadores de la última verdad.
Con preocupación detecto una creciente indiferencia hacia los requerimientos de los conjuntos más desamparados de la sociedad nacional. En el discurso todos asumen dicha preocupación, pero en la realidad de los números y de la trascendencia de los programas de gobierno, se detecta ese decaimiento. Últimamente, el caso del Instituto Mexicano del Seguro Social ha vuelto a poner en la palestra la “política de los pirrurris” neomonetaristas y ultraliberales, que se aferran a la idea de que los servicios sociales, entre ellos la jubilación de los trabajadores, debe ser sufragada en su totalidad por los trabajadores, extrayendo al Estado de su obligación constitucional de proveer los mecanismos que hagan posible el bienestar comunitario de largo plazo, entre ellos la salud, la educación, la seguridad social y la seguridad pública.
Es impresionante cómo el bien pagado yoopie Santiago Levy y toda una pléyade de tecnócratas y de políticos mal informados han defendido la necesidad de que las futuras generaciones de trabajadores del IMSS deban asumir los costos de cinco décadas de malas decisiones gubernamentales, y cómo se está excusando al Estado mexicano de la responsabilidad de haber sustentado el crecimiento del instituto en los fondos que aportaron durante décadas los trabajadores propios y ajenos al IMSS. Nunca se previó la necesidad de salvaguardar los fondos básicos para sostener las pensiones y se dilapidaron (o bueno, concediendo, se invirtieron) en infraestructura y en programas de expansión de los servicios de esa noble institución. Ahora la factura se le endosó a la parte más débil de la ecuación institucional: la siguiente generación de trabajadores que se incorporarán en el futuro inmediato.
He escuchado en varias ocasiones al líder sindical del IMSS, y sus planteamientos me han parecido responsables y viables. Concuerdo en que el instituto atraviesa por una situación insostenible, pero el remedio no debe limitarse a la cancelación de derechos a los futuros trabajadores. Aunque tampoco concuerdo con los argumentos del PRD, que ha asumido una actitud tremendista con su artificial parangón con el Fobaproa, sí considero que el Estado y los empresarios deben contribuir en este rescate, pues gracias a los fondos de los trabajadores el instituto se expandió durante décadas y se convirtió en uno de los organismo de seguridad social más importantes del mundo. Durante los sesenta y setenta el IMSS era una de las instancias que más invertían en sus instalaciones, que más gastaban en capacitación, que mejores sueldos pagaban a sus trabajadores. La crisis de los ochenta y noventa, la explosión demográfica y la imprevisión injustificable de sus directores condujeron a la situación lamentable de hoy en día. La responsabilidad no está de lado de sus trabajadores, quienes obtuvieron ventajas de las que aún gozan otros gremios, como el petrolero, el electricista e incluso el magisterial, pero eso fue gracias a una clara capacidad de negociación política con el Estado y la dirección del instituto, sin necesidad de recurrir a la huelga. Sí creo que el gobierno federal debe acudir decisivamente en apoyo de la institución de mayor trascendencia social del país, haciendo de lado los dogmas del modelo liberal a ultranza, gran máquina creadora de pobres, pero ineficaz para garantizar bienestar y desarrollo social para las mayorías.

De informes y más

Dos importantes informes se sucedieron esta semana: el del gobernador Juan Carlos Romero el domingo y el del rector Arturo Lara el miércoles. Con estilos diferentes, ambos expusieron sus respectivas versiones sobre el avance de las comunidades que gobiernan. Es evidente y natural que ambos hayan intentado bien ponderar sus méritos, sin destacar demasiado –o incluso ignorando los rezagos y contrariedades que inevitablemente padecen los conjuntos que conducen. Por supuesto, no es prudente comparar sus ejercicios pues se gestan en contextos y realidades muy diferentes, pero sin duda la tentación es mucha, pues ambos personajes provienen de una matriz universitaria común, y al gobernador con frecuencia se le ha señalado e incluso criticado su estilo “academicista” y casi culterano de ejercer la comunicación, con su evidente inclinación didáctica cuando expone cualquier tema, aficionado como es a sazonar su discurso con citas abundantes de pensadores no siempre famosos, pero sí densos. El Rector también gusta de esta modalidad discursiva, y eso acerca sus estilos.
Sobre el informe estatal me llamó la atención el dato de que se dedicó un millón de pesos diario al desarrollo social. Quiso dársele el tono de una gran cosa. Pero como siempre habrá que preguntarse sobre la efectividad de dicha inversión, pues es muy importante conocer el desempeño de los programas concretos a los que se canaliza. A veces pareciera mejor repartir directamente los recursos destinados a apoyar a los pobres, antes que canalizarlos a través de instancias burocratizadas que tienden a engordar y a engullirse los dineros. Por supuesto esto es una simpleza de mi parte, pero sí quisiera llamar la atención sobre el hecho de que la mayoría de los programas oficiales de atención social no son sujetos a evaluaciones periódicas independientes que permitieran ayudar en su perfeccionamiento y su eficacia. Además, considero que 333 millones de pesos al año para el gasto social destinado a alrededor de 2 millones o más de guanajuatenses en situación económica precaria es todavía demasiado poco. Por ejemplo, me parece insuficiente haber dedicado 63 millones al programa Habitat, que atiende una de las necesidades más sensibles y urgentes de las familias pobres: la carencia de casa. Calculando que una vivienda popular puede costar un promedio de 200 mil pesos, significa que con esos recursos se pueden construir 315 habitáculos. Nada pues. Dedicar un 1.5% del presupuesto total del gobierno a la atención de los pobres no me parece evidenciar mayor compromiso.
Sobre el informe del rector Lara me llamó la atención el acento en el crecimiento numérico y en calidad de la institución. La UG, como el resto de las universidades públicas, está sujeta a un proceso de superación académica a través de mega programas como el PROMEP. Las bondades innegables de este proceso se ven atenuadas por la reiteración del centralismo exacerbado que practica la SEP en la imposición de sus programas superadores. La táctica de la zanahoria –la promesa de recursos a cambio de aplicar medidas concretas lastima la dignidad de instituciones que se asumen autónomas, pero que siguen padeciendo de penurias presupuestales muy graves, que impiden que puedan cumplir eficazmente su función social. A la UG le ha ido bien en este proceso de negociación dificultosa con la SEP, y se ha mostrado disciplinada en el cumplimiento de las reglas del juego. El subsecretario Julio Rubio ha puesto en claro su reconocimiento a esta institución estatal como la segunda más exitosa en el proceso de superar a su profesorado. Esto sin duda no es un mérito menor, que se ha traducido en un incremento impresionante en el número de académicos con posgrados, con actualización, con pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores, y que participan cada vez más en programas con certificación de instancias de evaluación. También fue notable el proceso de expansión en el número de programas educativos y en la diversificación de su oferta y de su presencia en los municipios de la entidad. Ojalá se concreten pronto los campii académicos anunciados para León y Salamanca, con lo cual la UG se convertirá en una auténtica universidad del estado de Guanajuato. Y por supuesto, no puedo dejar de destacar el éxito obtenido en la promoción de nuevos espacios académicos para las ciencias sociales, como son las nuevas licenciaturas en Antropología Social y Sociología, mérito del Centro de Investigación en Ciencias Sociales (CICSUG).
Despido esta colaboración anunciando el inicio de mi sabático en la UG, y mi traslado a la ciudad de Tijuana, donde colaboraré con El Colegio de la Frontera Norte. Desde allá continuaré con mis correo-colaboraciones, aunque ahora seguramente con una diversificación de temáticas. Este “diario de campo” se abre ahora a mis percepciones de la política nacional y de la realidad fronteriza y binacional. Deséenme suerte.

La sociedad indignada

Cuando la sociedad civil organizada se lanzó a las calles el pasado domingo en demanda de que el Estado mexicano y sus gobiernos garanticen el derecho básico a la seguridad en vidas y bienes, muchos nos sentimos sorprendidos por la magnitud del suceso. Los ataques y descalificaciones lanzadas por el jefe de gobierno de la ciudad de México contra dicha movilización, nos generaron desconcierto y evidentemente desconfianza. Muchos no deseamos vernos identificados con el Yunque o con cualquier organización de derecha radical, intolerante y sectaria. Sinceramente por eso no acudí a la correspondiente marcha en Guanajuato capital. Hoy me arrepiento de no haberlo hecho, al reconocer que la gran mayoría de (si no es que todos) los asistentes efectivos fueron ciudadanos honestos, participativos y hastiados de la lastimosa situación de la justicia y la seguridad en México.
En esto sí que metió la pata el peje. Trató de satanizar un movimiento social a partir de que algunos de los líderes están identificados con una ideología conservadora y puritana. Esto podrá ser cierto, pero eso no descalifica la profunda justicia de las demandas. Uno podrá ser de derechas o de izquierdas, y eso no nos hará inmunes o indiferentes a la violencia social, al allanamiento, a la violación, al secuestro o al asalto. Todos somos parte de la clientela de los maleantes.
Por otra parte, culpar sistemáticamente a los factores estructurales de los inquietantes índices de delincuencia, como lo hace el peje, es sacarle al bulto a una cuestión fundamental: el estado de derecho debe mantenerse vigente incluso en situaciones de crisis económica o social. El Estado tiene la obligación de aplicar la ley a toda costa, sin excusas. Es cierto que la degradación de los niveles de bienestar en las familias mexicanas ha lanzado a miles de individuos desesperados a transgredir las normas básicas de convivencia, pero eso no ayuda a explicar por qué los reclutas principales de las filas del crimen provienen de las policías, ni tampoco el que los ministerios públicos sean incapaces de culminar sólidamente las averiguaciones que sustentarán la aplicación de la justicia, o que los jueces todavía no sean garantes de objetividad y buen sentido, o que el poder económico de los narcos (y de otros) pueda aún corromper a oficiales y a políticos, o que la justicia se convierta en arma política (como paradójicamente le está sucediendo al peje), etcétera. El comportamiento de los agentes del Estado responsables de la prevención, la procuración y la impartición de justicia refleja no una crisis económica, sino una crisis moral y de ética personalísima. El bajísimo nivel educativo y cultural de los mexicanos se combina peligrosamente con una moralidad elemental, cerril, egoísta e incivil. Y eso es un caldo de cultivo moral para el florecimiento de actitudes hostiles hacia el prójimo, que se materializan en los abusos mutuos, la justificación familiar del abuso y la contracultura del cinismo. Crecientes sectores de la población urbana han incursionado en la oscurantismo moral que implica el aceptar y asumir que se puede vivir (y vivir bien) de la agresión, del abuso y del engaño. Y lo grave es que siempre habrá excusas para justificar la anomia social.
Aunque tarde (¡lo lamento!), me uno a las demandas cívicas en pro del respeto a nosotros mismos y el rechazo a toda forma de sometimiento y humillación de los justos en manos de los prevaricadores. Y si la derecha extrema lo pide, los de centro y los de izquierda deben apoyarlos, pues estamos hablando de la supervivencia misma de la sociedad en que vivimos. Los derechos humanos fundamentales no son materia de debate político o de acuerdos de élite, deben ser más bien uno de los pocos puntos de confluencia ideológicos, y que no se cuestione la importancia de que sean respetados sin chistar.
Felicito a los organizadores y a la propia sociedad y su opinión pública por el éxito de la mega marcha. No me importa que algunos de ustedes difieran de mis formas de pensar; al final lo que trasciende es nuestra naturaleza ciudadana común y la demanda de un mundo mejor para nuestros hijos, al menos similar al que nos heredaron nuestros padres hace 20 años, cuando México era considerado en el mundo como un país pacífico y emprendedor.