Precampañas sin fin

Han transcurrido ya casi nueve años desde que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) recibió modificaciones sustanciales, en octubre de 1996, que pudieron ser consideradas como una auténtica reforma político electoral de largo aliento. Después de esa fecha la norma mencionada ha sido objeto solamente de modificaciones menores; tal vez la más destacada es la que continúa en proceso, referente al voto desde el exterior. Es decir que en el ámbito político nuestro país se ha estancado --por lo menos a nivel de la normatividad-- en un estadio previo al que uno podría esperar luego de la alternancia presidencial en el 2000. No se ha concretado una auténtica reforma del Estado, uno de cuyos componentes básicos sería el de establecer mecanismos electorales más ágiles, confiables y previsores. Liberar controles excesivos y caros, pero ajustar los cabos sueltos, como las precampañas, el financiamiento y el acceso a medios.
Esta es la razón por la cual hoy día padecemos como uno de los males nacionales el de la extensa calentura preelectoral, que introduce un elemento indeseable de incertidumbre al resto de los elementos del conjunto social y productivo. Es impresionante que a 13 meses de las elecciones federales nos encontremos ya en plena efervescencia política provocada por los afanes personales de líderes acelerados, así como las ambiciones miopes de partidos y elites hegemónicas. El presidente de la república ha renunciado en los hechos a su facultad de conducción en este último cuarto de su sexenio, y lo cede a los protagonismos de los precandidatos, propios y extraños. El Congreso experimenta un fenómeno similar y legisla a tumbos, aparentemente respondiendo a presiones y urgencias coyunturales que a una agenda integral y comprensiva. Como muestra puedo mencionar el inminente periodo extraordinario de sesiones, que fue provocado en primera instancia por una sentencia de la Suprema Corte, y que se dedicará en exclusiva a apagar los fuegos de la urgencia, incluyendo el muy debatible asunto del voto desde el exterior. Por su parte, el poder judicial continúa legislando en la práctica mediante jurisprudencia interpretativa sobre nuestras muy ambiguas normas, que fueron concebidas para lubricar el entorno autoritario previo a la alternancia, cuando el ejecutivo relativizaba el estado de derecho según sus conveniencias.
Desde hace un buen rato la realidad política ha rebasado con creces a la normatividad que la regula. Eso ha propiciado esta sensación de caos que compartimos muchos angustiados observadores, que a cada rato nos preguntamos si la democracia puede ser eficaz cuando se carece de la cultura y las prácticas que la escoltan en otros entornos sociales más rancios en tradición republicana. México ha llegado al goce de las libertades individuales sin haber “blindado” a las instituciones en contra de la anarquía. Por ello privan las ambiciones particulares por sobre las necesidades del conjunto en todo el escenario político nacional y en todos los niveles de gobierno. La corrupción evidente en todos los partidos y en muchos de nuestros políticos es el resultado inevitable de esta anomia social, que impone sus condiciones y rebasa a una ley impotente y desfasada.
Urge como nunca la reforma del Estado mexicano. Los usos han rebasado a la norma que supuestamente los regula, y esto conduce a cualquier sociedad a una situación de desorden y los consecuentes abusos. No nos extrañe que los partidos se vean incapaces de regular a sus propias huestes o a sus paladines adelantados, algunos de los cuales le apuestan más a abrumar a sus institutos políticos sobre la base de sus popularidades mediáticas –recordemos al precandidato Fox en 1999 o al López Obrador de hoy que a convencer para vencer. El resultado es un abaratamiento acelerado de la política y de los políticos, que compiten con ventaja con los cómicos de la tele, a quienes les proporcionan guiones y scketches perfectamente ensayados para provocar las bufonadas más atolondradas. Ya no hay políticos serios, sólo demagogos locuaces dentro de la tierra del ridículo electorero.

Fox y la ciencia obtusa

El 23 de mayo pasado en la residencia presidencial de Los Pinos se realizó la ceremonia de entrega de los premios de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) correspondientes al año 2003 y 2004. El presidente de esa asociación científica, el doctor Octavio Paredes López ---investigador del IPN-Cinvestav en Irapuato--, dirigió un mensaje al presidente Fox y a su gabinete educativo, y sus palabras, plagadas de verdades, calaron hondo en el ánimo de la comunidad científica nacional. El científico denunció cómo fue objeto de un intento de censura de parte de las autoridades del CONACYT, preocupadas de ofender los sensibles oídos presidenciales. Paredes destacó cómo en un mundo tan marcado por la competencia como el actual, el valor intrínseco del conocimiento y su expresión más perfeccionada, la Ciencia, se han convertido en el vehículo privilegiado para catapultar las capacidades sociales y fortalecer sus facultades productivas. Abundó en ejemplos de países otrora marginales que en pocas décadas han podido revertir atrasos sociales y económicos de siglos. China es el ejemplo paradigmático, pero no podríamos ignorar los ejemplos de Corea, Singapur, Taiwán, e incluso Brasil o Chile.
Es evidente que nuestro país se ha ido quedando atrás en materia de desarrollo científico y tecnológico no solamente en relación con los países desarrollados, sino incluso comparado con naciones de desarrollo económico y social equivalente o menor. Las diferentes crisis económicas han producido un abandono del proyecto original de proyectar la ciencia mexicana hacia estadios internacionalmente competitivos. El grueso de la comunidad científica nacional –los 10 mil miembros del Sistema Nacional de Investigadores— fueron formados en su gran mayoría en los años setenta y ochenta. A partir de esta última década comenzó el declive imparable de la política científica nacional. Es por eso que la planta científica se ha envejecido tanto en estos años, pues ya no se incorpora a los jóvenes investigadores a los centros de generación de conocimiento. Los gobiernos neoliberales juzgaron como absurdo seguir invirtiendo en un campo donde aparentemente las “ventajas comparativas” estaban en nuestra contra. Sale más barato convertirse en usufructuario pasivo de la ciencia y la tecnología generada en el extranjero que financiar un desarrollo nacional en esa materia. Esta visión encajaba muy bien en el proyecto pragmático de convertir a nuestro país en un espacio de maquiladoras, basado en la venta de su fuerza de trabajo abaratada y empobrecida, e incluso en la exportación de ésta mediante la emigración laboral hacia los Estados Unidos.
El gobierno federal de Vicente Fox no ha cambiado esa tendencia. Incluso la ha incrementado, al agregarle a la escuálida política científica el componente de la tecnologización imperativa y una obligada y acrítica vinculación con los intereses de la empresa privada. Se ha impuesto un olvido de la ciencia básica y de la generación de conocimiento original. El científico mexicano de hoy debe encontrar “usuarios” y “clientes” entre el sector productivo y social para justificar la recepción de los enjutos financiamientos públicos, que son cada vez más difíciles de lograr si no se cuenta con un equipo humano y material de envergadura. Desgraciadamente en la mayor parte de los espacios donde se genera investigación en México todavía se padecen precariedades profundas tanto en el ámbito de los recursos humanos como de los materiales. Y esto es doblemente válido para los espacios científicos de los estados –la provincia pues--, y más aún para ámbitos científicos de por sí marginales, como las ciencias sociales y las humanidades. Sobre estos últimos se ejerce una doble discriminación: una proveniente del ámbito oficial de la promoción científica y otra derivada de la propia comunidad científica, que aplica una visión autoritaria de lo que puede ser juzgado como ciencia “válida” y la que no lo es.
Personalmente creo que hay pocas esperanzas de que esta administración corrija este rumbo equivocado. El presidente Fox nunca se destacó, ni como gobernador, por su comprensión del quehacer científico. Recuerdo cuando en una entrevista para Radio Universidad de Guanajuato el 4 de julio de 1996 –a un año de comenzada su administración-- declaraba triunfante: “antes había un divorcio total donde el investigador y el científico con sus gafas y sus probetas y todos sus aparatos vivía encerrado en un laboratorio de investigación; hoy no, hoy está vinculándose y metiéndose y responsabilizándose con el aparato productivo mismo”. Su manejo de estereotipos lastimó y ofendió, y no hizo más que convencernos a muchos de su rusticidad.
Por cierto envío felicitaciones a mis amigos y colegas Enrique Dussel Peters (UNAM), el dolorense José Antonio Serrano y Patricia Avila (ambos del Colegio de Michoacán) por haber obtenido el galardón en el ámbito de las ciencias sociales y las humanidades. Muy merecido.

De derechos humanos y su defensa

Hoy día los derechos humanos son un tema que preocupa fuertemente a sectores crecientes de la sociedad mexicana. Esto es un signo de la maduración evidente que ha podido constatarse en la cultura política del ciudadano ordinario, que ya no percibe su relación con el Estado como la del súbdito dócil y obediente, sujeto a los caprichos de la autoridad arbitraria, sino que ahora se asume crecientemente como el actor primordial de la convivencia social y como depositario de derechos que existían en la formalidad de la ley, pero que no se habían ejercido por ignorancia, por conveniencia o por dejadez. Los derechos más básicos a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la dignidad y a la felicidad se conculcaban impunemente cuando así le convenía a las elites del poder, sin que los cuerpos sociales respondieran más que muy eventualmente en su defensa.
Es un absurdo que el propio Estado mexicano se haya visto obligado a crear instancias semiautónomas dedicadas a vigilarle y obligarle a cumplir con la ley, como es el caso de las procuradurías de defensa de los derechos humanos. Es una clara contradicción, pues así reconoce su incapacidad de autorregularse y constreñirse a los márgenes que le dicta la ley. Es la misma discordancia en la que caen programas como el de “Bienvenido Paisano”, que también vigila que los agentes del gobierno cumplan su obligación estricta y no extorsionen al ciudadano migrante. Es un reconocimiento llano de la incapacidad institucional del Estado de atenerse a su responsabilidad sin violentar la norma jurídica.
En otros países existen instancias y organismos de protección de los derechos humanos –incluso derechos animales, ambientales y de todo tipo— pero que han nacido de la sociedad organizada y del ámbito privado. Sólo las entidades con alcance internacional reciben financiamiento público. En México, tierra kafkiana, el gobierno paga para que le vigilen, pero además puede o no aceptar las resoluciones de esos mismos organismos, con lo cual su existencia misma puede ser doblemente cuestionada.
En Guanajuato contamos con una Procuraduría de los Derechos Humanos desde hace once años, que en términos generales ha tenido un desempeño pulcro y eficiente bajo la conducción de sus cuatro titulares sucesivos. Su acción y la oportunidad de sus intervenciones pueden ser objeto de crítica o de reconocimiento, como cualquier obra humana. Pero sin duda su misma presencia ya es un aporte a la buena convivencia social, pues ofrece una puerta que antes era inexistente al ciudadano común, particularmente en su relación con los distintos gobiernos. Hay que reconocer que particularmente las autoridades municipales, así como las estatales vinculadas a la seguridad y la procuración de justicia, son con demasiada frecuencia una fuente de afrentas y agresiones contra el ciudadano de a pie –pues los “de a caballo” generalmente cuentan con el poder de sus dineros y los abogados que con ellos compran.
Estoy seguro de que Guanajuato no es un espacio especialmente conflictivo en el ámbito de la violación a los derechos humanos. Sin embargo los mismos existen y no son escasos en una sociedad con más de cuatro millones de habitantes. La procuraduría estatal ha tenido que afrontar su obligación con más imaginación y entusiasmo que con recursos financieros, humanos y materiales, apoyándose preferentemente en el conocimiento profundo de las leyes, más que en una militancia protagónica que le atraiga las candilejas de la política local. Y esto lo menciono en referencia a los señalamientos que he leído en medios como el que publica esta columna, cuando se le demanda al actual procurador un activismo que necesariamente rebasa los límites que señala la misma ley que da sustento al actuar del organismo. Se quiere asumir así una concepción de “derechos humanos” de segunda y hasta tercera generación –defensa del ambiente, combate a la intolerancia y la discriminación, rechazo a la pobreza--, lo que colocaría a esta instancia oficial en un peligroso borde jurídico donde con facilidad se puede resbalar hacia las subjetividades ideológicas e incluso hacia nuevos estadios de violación de otros derechos humanos aún más sutiles --¡como el derecho a la felicidad!
Hay muchos ámbitos en los que la protección de los derechos humanos debe mantenerse en manos de la sociedad organizada. Tales serían, por ejemplo, los derechos políticos –calidad en la representación, estímulo a la participación, compromiso con los valores de la convivencia, etcétera--, los derechos de orden espiritual –religiosos, místicos--, y otros muchos. Por ello sería deseable que con el tiempo ya no fuesen necesarias las comisiones y procuradurías, y que en su lugar se alce el ciudadano informado y crítico, conocedor y usuario de la ley.

¿Qué nos pasa?

Para don Guille Rocha, In memoriam
En estas últimas semanas me he venido preguntando: ¿en manos de qué personajes está nuestro país? ¿Qué futuros nos espera? Pues parece que no hay día en que no aflore un nuevo escándalo (los hijitos de doña Martha), que nuestro presidente no meta la pata por su incontinencia verbal (“ya ni los negros”), que el peje de gobierno siga chacoteando con la ley (¿rifamos el relojito?), que los líderes partidistas evidencien su desdén por el país (las rabietas de Madrazo y Espino), que los diputados se sigan pasando por el arco del triunfo al resto de los poderes, que los gobernadores se promuevan en la tele nacional (ya hasta Juan Carlos lo hace) o que apoyen sin embozo las candidaturas de sus delfines con recursos públicos (Montiel con Peña Nieto). Las formas se hacen a un lado y la política se embarra de suciedad. Para colmo, la representación ciudadana en los órganos electorales se ha dañado profundamente con el proceder corrupto de algunos consejeros en el Estado de México. Diría Hamlet: algo huele mal en Dinamarca. Y algo se pudre hoy en México.
Carecemos crónicamente de liderazgos honestos y confiables, tanto de derecha como de izquierda o de centro. Hasta la figura presidencial está hoy en entredicho, pues aunque Vicente Fox es sin duda un hombre bueno y honesto, su entorno se ha contaminado con personajes oportunistas, adictos al poder, ignorantes, soberbios, traficantes de influencias y demás vicios que durante tanto tiempo quisimos colgarle a un solo partido. Las alternancias políticas estatales y la federal han evidenciado una situación: que los mexicanos compartimos esencialmente los mismos valores cívicos, y que muchos de ellos están en franca decadencia o bien que no han sabido cuajar en estadios superiores de civilidad. Aunque ofenda a muchos, creo que en esencia todavía somos proclives a la corrupción, que somos ciudadanos inmaduros en términos de convivencia civilizada, y que no hemos sabido qué hacer con las nuevas libertades que hemos conquistado. Nuestros líderes no son más que la punta del témpano y no son muy diferentes del resto de nosotros.
En este último año he tenido la oportunidad de viajar ocho ocasiones a diferentes lugares de los Estados Unidos, y también realizar una visita a Francia. Cada vez que regreso me sigue impactando nuestra indolencia ciudadana, que se evidencia en la suciedad de nuestros aeropuertos y carreteras, así como en calles y parques públicos. Me pasma cómo aceptamos con docilidad la ineptitud de nuestros gobernantes, a los que les toleramos su incapacidad de ofrecernos buenos servicios a cambio de los apabullantes impuestos. Me indignó hacer mi declaración anual como persona física y darme cuenta del montón de dinero que se me va en tributos, y que sin embargo a diario debo lidiar con la inseguridad pública, con la precariedad de los servicios urbanos, con la penuria de las instituciones públicas de educación, con la ausencia de oportunidades de empleo, y con la impunidad con la que nos conducimos los ciudadanos. Esto nace de una cultura ciudadana de la indolencia, del “ahí se va”, del disimulo, del incumplimiento de nuestras obligaciones. Y nuestras autoridades se montan en esa cultura, y proceden en consecuencia, desde el cinismo y la arbitrariedad.
México está perdiendo la oportunidad histórica de madurar hacia la construcción de una sociedad moderna, eficiente, tolerante, sabia y progresista. Y no todo es culpa del neoliberalismo, de nuestros vecinos imperialistas o de las fuerzas oscuras que siempre se confabulan en nuestra contra. El cambio más profundo que nos toca promover es el de la actitud particular de cada ciudadano, y para eso no hay más camino que el de la educación y la cultura. Y aprovecho para manifestar mi asombro ante el escuálido aumento salarial que se les concedió a los maestros a nivel nacional. Nuestros gobiernos siguen castigando a la educación pública, pues consideran que ha llegado el tiempo de que la educación privada haga su parte. Y evidentemente que la está haciendo, pero desde el enfoque bastardo de la búsqueda del beneficio económico y la educación elitaria (“aquí formamos líderes”, dice el tec).
La nueva revolución que demanda nuestro país es de corte cultural. Hay que comenzar a formar entre nuestros niños a ciudadanos íntegros, críticos, informados, participantes y demandantes. Hay que desterrar la corrupción y la violencia que nos corroen a partir del ethos (costumbre, comportamiento) individual, pues en una sociedad individualista como la nuestra es poco realista apostarle al viejo corporativismo grupal. Como dicen los ambientalistas: para incidir sobre lo global hay que comenzar desde lo particular.

Ocaso imparable

Es normal que cuando una administración presidencial se acerque a su ocaso, sea siempre esperable que vea disminuido su poder real para influir sobre los grandes procesos políticos nacionales. Así ocurre en los países de régimen presidencialista, donde esa institución concentra grandes capacidades en la voluntad de un individuo específico, quien delega en un grupo limitado de colaboradores las facultades operacionales, mas no así las capacidades de definir las estrategias más amplias que otorgan definición a su estilo de gobierno, e incluso precisan su proyecto de nación.
En el caso de la presidencia de Vicente Fox, hemos visto cómo se han roto muchos de los cartabones y usos que sostenían el complejo andamiaje de la presidencia imperial a la mexicana, o mejor dicho a la usanza priísta. El presidente Fox no fue el primero en renunciar a muchas de las facultades metaconstitucionales de su investidura; es justo reconocer que Ernesto Zedillo ya había andado un buen camino en ese sentido. Sin embargo, Zedillo cuidó de mantener los suficientes controles que le garantizaran un traspaso del poder, incluso a un opositor, sin mayores sobresaltos.
El presidente Fox no solamente abandonó el uso de las facultades supralegales, sino que incluso no quiso asumir muchas de las facultades legítimas que le proporcionó el cargo. Su estilo se ha caracterizado por un relajamiento excesivo del seguimiento y control sobre sus subordinados, y dejó sueltos los hilos del gabinete. Su proyecto de país no pudo concretarse nunca ante su incapacidad personal y grupal para establecer negociaciones de altos vuelos con los opositores de todos los signos. Su agenda se vio desviada e incluso manchada por las rivalidades coyunturales, que impusieron un ritmo accidentado y dificultoso al accionar del gobierno. Se desperdició la primera parte del sexenio en pleitos extravagantes tanto en el frente externo como en el interno de la administración. Se apostó a que el fenómeno Fox se mantendría a lo largo del tiempo y que su partido lograría la necesaria mayoría parlamentaria para, entonces sí, echar adelante las grandes reformas que se requieren en el país. Sin embargo no sucedió así, y los votantes definieron una nueva integración del congreso que obliga a la negociación entre sus componentes. Tampoco sucedió así. Se pretendió llevar la negociación a los ámbitos de la cooptación particular, como sucedió con la profesora Elba Esther y su liderazgo defenestrado. Pero la nueva cámara se reveló como un espacio aún más difícil que su predecesora.
Nacieron nuevos problemas, pero se les enfrentó con la misma incapacidad para elevar la interlocución hacia esferas más incluyentes y generosas, que permitieran ignorar los escollos de la rivalidad coyuntural y que rescataran la esencia de las grandes aspiraciones de México. Y así se desperdició la segunda mitad del sexenio. Las mezquindades y miopía de todos los partidos políticos impidieron que la nación levantara el vuelo que merece y del que es capaz, si se generaran las condiciones de concordia.
A 14 meses de las próximas elecciones federales y a 19 de que la administración concluya su mandato, los mexicanos seguimos entrampados en la caverna de Platón, sin posibilidad de que alcemos la vista sobre nuestros hombros y que nos demos cuenta de que las sombras que nos mantienen fascinados no son más que los espectros de nuestros miedos inventados. Urge que nuestra clase política aprenda a aceptarse y a tolerar las diferencias, que se han convertido en muros infranqueables gracias a nuestra obcecación.
Me alegra mucho que el presidente Fox haya sabido rectificar la más grave de las metidas de pata de su administración, que aproveche el vuelo para recobrar la generosidad que le hemos visto en muchas ocasiones anteriores, y que se aleje pronto de los oportunistas que le rodean, incluso en su lecho. Es su última chance de pasar a la historia por algo más que haber echado al PRI de Los Pinos, y que rescate la altura de miras que merece este noble país.