UG: Elección o selección

Al parecer se acerca la hora de que el Congreso del Estado apruebe la nueva Ley Orgánica de la UG. Se comenta en los corrillos de la política local y en los pasillos universitarios que los debates se han centrado en dos puntos, que desde mi punto de vista son relativamente intrascendentes: la interdicción a los ministros de culto de ocupar la rectoría universitaria, y finalmente el método de selección de esta autoridad. Ambos temas me parecen triviales porque lo sustantivo de la reforma universitaria estaba en otra parte: en la nueva organización académica y administrativa, que al parecer no tuvo objeciones mayores, para así concretarse la aspiración de que la más importante universidad de la entidad se organice con base en un esquema más moderno y eficaz, mediante campus interdisciplinarios y regionales, divisiones por campos del conocimiento y departamentos académicos que ejerzan la integralidad de las funciones universitarias -docencia, investigación, extensión y gestión-, compartiendo los recursos siempre escasos y fomentando la vinculación con las necesidades concretas de las sociedades regionales.
Inopinadamente el debate parlamentario se ha centrado en lo adjetivo de la reforma, y no en lo sustantivo. Estoy de acuerdo en que es importante el asunto de la selección de la máxima autoridad unipersonal de la institución, pues de ello puede depender el éxito o fracaso de la conducción futura del proyecto que hoy se fragua. Pero sin duda no es el nodo de la reforma. Una buena organización, descentralizada, con una amplia participación de la comunidad, con órganos intermedios que cuenten con facultades y ámbitos de responsabilidad bien definidos, garantizará de mejor manera el desarrollo integral de la universidad, y hará cada vez menos determinantes las habilidades personales del Rector general en turno.
Pero en fin, nuestra cultura política todavía le da una importancia desproporcionada al liderazgo individual, pues tendemos a desconfiar de las colegialidades. Por eso se ha dedicado tanto tiempo al asunto de la selección del regente institucional. Al parecer el asunto de los ministros de culto ya fue superado y sencillamente se reiterará lo que dicta el inciso “d” del artículo 130 de la Constitución mexicana: “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos”. Es el procedimiento de selección del Rector lo que atora todo el asunto… que si por Colegio Directivo, que si por Consejo Universitario. Vuelven a manifestarse los afanes “democratizadores” de los representantes populares, quienes no han alcanzado a comprender que las mayorías se pueden equivocar tanto como cualquier minoría. Los votos podrán otorgar legitimidad, pero no necesariamente una mayor calidad al proceso.
Desde hace años he venido defendiendo en este y en otros espacios que la educación superior y la investigación científica se ven necesariamente perjudicadas cuando se les convierte en vehículos para la demagogia, el asambleísmo, la consulta interminable y la democracia comicial. Sí se ven, en cambio, muy potenciados cuando se aplica la democracia en el sentido del debate abierto, informado, respetuoso y propositivo; cuando los órganos colegiados son auténticamente representativos, con miembros no sólo legítimos, sino ampliamente calificados para una labor que priorice la excelencia. El conocimiento, la verdad científica y la capacidad académica no pueden ser sometidos a la consideración de las mayorías. Si así fuera, la teoría de Darwin, la relatividad einsteiniana, los teoremas de Gödel, el relativismo cultural y miles de postulados científicos que desafiaron a los estereotipos predominantes en su momento se habrían proscrito desde su origen.
Es un error craso pretender que un Rector electo mediante comicios generales, o incluso por sufragio ante un Consejo Universitario, será un mejor dirigente que otro que haya sido seleccionado por un comité de notables. Ya Aristóteles abogaba por un gobierno “de los mejores” -“aristócrata” en la acepción original del término, sin su actual carga semántica negativa-, que se base en la virtud y no en la demagogia. Lo peor que nos puede pasar es que los diputados se dejen hechizar por el canto de las sirenas democráticas y nos impongan un modelo de competencia que fomentará el establecimiento de compromisos ante los grupos de interés, ya que cualquier candidato en un proceso comicial acumula débitos con sus apoyadores.
Yo propondría reformar el Colegio Directivo para reforzar su solvencia moral. Prescribir su integración con profesores internos y externos con un alto perfil académico -en contraste con los actuales requerimientos-; yo pensaría en profesores ya consolidados, titulares B o C, con prestigio nacional o internacional, nivel III en el SNI y demás medallas académicas. Ellos analizarían a detalle los perfiles y los proyectos de una sexteta o quinteta de candidatos, ya cernidos por el Consejo. Investidos además con capacidades de auditoría y eventual remoción. Pero soy realista, y dudo que me hagan caso.

La tragicomedia del ASPAAUG

El día de ayer el comité interino de la Asociación Sindical del Personal Académico y Administrativo de la Universidad de Guanajuato (ASPAAUG) intentó desarrollar la primera asamblea general de sus agremiados en los dos años que ha acumulado su gestión “transitoria”. La convención sencillamente tronó, ante la incapacidad tanto de su mesa directiva como de los asistentes de escucharse mutuamente y definir una agenda mínima a desarrollar en la sesión.
Todos recordamos los lamentables sucesos de junio de 2005, cuando se desconoció el resultado de las elecciones sindicales realizadas el 27 de mayo. Con argumentos sobre presuntas irregularidades que nunca fueron bien aclaradas o definidas –al menos para los que integramos la base del sindicato se desconoció el pretendido triunfo del eternizado líder Juan Manuel Vázquez. El comité electoral que se formó ex profeso había declarado ganador a este último candidato, con apenas 334 votos de los 1,200 emitidos, de un total de 1,800 posibles. Sin embargo, la comisión de honor y justicia del sindicato declaró nulos los comicios y poco tiempo después nombró a un comité interino, curiosamente presidido por la secretaria de aquella comisión. Todo esto se hizo sin contar con facultades explícitas en los estatutos sindicales. Evidentemente el pleito se llevó a la JULCA y comenzó un trajín intenso entre los desconocidos y los desconocentes, que desembocó ocho meses después en una resolución que aparentemente -porque tampoco ha sido suficientemente establecido- le dio la razón legal a la dirigencia interina.
Otro año transcurrió sin que se supiera qué pasos estaba dando el comité interino para convocar a elecciones y retornar al sindicato a la normalidad y la legitimidad de su representación. Eso sí, el comité se hizo cargo de dos negociaciones salariales con la patronal, en negociaciones que resultaron suaves y cordiales. También se hizo cargo del compromiso, nada urgente, de revisar los estatutos sindicales, para lo cual contó con la amable asesoría de un director de recursos humanos que olvidó borrar su nombre del archivo electrónico que se generó desde su oficina. Triste reminiscencia del sindicalismo blanco.
En fin, que ayer la dirigencia se atrevió a convocar a asamblea general, y pretendió imponer la agenda de la sesión, que sólo contemplaba la aprobación de las modificaciones en los estatutos sin acercarse siquiera a la posibilidad de discutir la necesidad de renovar la dirigencia sindical. Sólo olvidaron el pequeño detalle de que este sindicato está integrado por profesores y trabajadores mayores de edad, que tienen capacidades intelectuales y pueden atreverse a tener opiniones propias. Se trata de catedráticos, investigadores, docentes, técnicos académicos y demás personal con altos estándares educativos que han permitido a esta universidad ser reconocida como una de las mejores. Pero se les quiso tratar como entes lobotomizados, ajenos a los derechos que consagra la legislación laboral, e incluso el trato que dictan las buenas maneras. La doctora Dávalos evidenció sus limitaciones de trato, y negó o arrebató la voz a muchos de sus “representados”, hasta que se vio obligada a someter a votación el escueto orden del día. De cerca de 300 sindicalizados presentes, sólo un poco más de 50 votaron a favor de la propuesta de orden presentada por la directiva. Lo que siguió fue un berrinche mayúsculo que llevó a la presidenta del comité a declarar levantada la sesión y a intentar atajar cualquier intento de que la sesión se condujese hacia derroteros diferentes a los que interesaban a la dirigencia.
La mayoría de los asambleístas decidimos permanecer y continuar con la sesión, aún sin la presencia de la mesa directiva. Pero ésta llegó al extremo de ordenar el retiro de todo el equipo de apoyo, e incluso apagar las luces de la sala principal del Auditorio del Estado, donde se verificó el encuentro. Esto era el colmo de la grosería, pero alguien se mantuvo cuerdo y finalmente se mantuvieron tenuemente prendidas las luces, con lo que la reunión pudo continuar por una hora y media adicional. El enojo con la dirigencia era enorme, y sin duda justificado.
El comité interino debe entender que la asociación sindical atraviesa por una crisis grave de legitimidad. Se debe priorizar la renovación inmediata y democrática de la dirigencia, y dejar para después la revisión de los estatutos. Triste espectáculo daremos los universitarios si no logramos ponernos mínimamente de acuerdo, y más aún en un periodo delicado como el actual cuando un Congreso estatal poco simpático nos tiene en la mira y cuestiona el proyecto de universidad futura que le hemos entregado.

De homenajes y ocurrencias

Desde hace un mes corre el rumor, confirmado ahora por la prensa, de que el ayuntamiento de Guanajuato capital está ponderando seriamente una propuesta presentada por el director general del Instituto de Cultura del Estado, Juan Alcocer, sobre la posibilidad de cambiarle el nombre a la calle de los Positos, agregándole a su apelativo el de Diego Rivera, extraordinario pintor que nació en esta ciudad y falleció hace medio siglo, el 8 de agosto de 1957. Por supuesto no han faltado voces en favor de esta idea, que consideran que de esta manera los guanajuateños harán justicia a un hijo pródigo, y participarán en los múltiples homenajes que se desarrollarán en el país y en el extranjero. Otros en cambio, entre los que se cuenta mi señor padre don Isauro –pundonoroso cronista de la ciudad-, están reaccionado de manera más crítica sobre la bondad de la idea. Entre otras cosas, se cuestiona el hecho de que una calle con más de 300 años de tradición, con un apelativo unido estrechamente con los avatares históricos de una ciudad donde se ha vivido un número enorme de sucesos trascendentes, pueda ser cambiado por haber sido cuna accidental de un personaje que destacó en las artes nacionales e internacionales. Una calle de fuerte prosapia pequeño burguesa, donde han habitado muchos de los catrines del lugar, es a la que se quiere dedicar a la memoria de un promitente luchador social que sin duda habría aborrecido la idea de codearse con guardianes de las buenas costumbres. Sin duda, Diego habría preferido darle su nombre a una colonia precarista, o bien a un barrio proletario, o a una calle habitada por mineros u obreros de las picas. Fue miembro activo del Partido Comunista, del que fue expulsado por sus afinidades trostkistas, contrarias al autoritarismo estalinista. Dudo que las buenas conciencias de Cuévano pudiesen sentirse cómodas en su compañía. Pero bueno, al fin y al cabo ya está muerto y enterrado. ¿No es eso lo que celebramos?
Durante los años álgidos del autoritarismo político que vivimos en el siglo XX se hizo frecuente que las élites del poder impusiesen nuevos nombres a espacios urbanos que gozaban de identidad popular gracias a rancios y tintineantes epítetos, pero que iban en contra de la ideología revolucionaria. El stablishment prefirió honrar a los próceres y prohombres de su preferencia, y pretendió dejar su marca sobre la conciencia del ciudadano común. Fue así como la mayoría de las calles de los centros y barrios de las ciudades grandes y chicas abandonaron sus apelativos de origen colonial, religioso o incluso indígena, para denominarse ahora “calle Juárez”, “portal Hidalgo”, “avenida Emiliano Zapata”, “Villa Obregón”, “eje Lázaro Cárdenas” y un larguísimo etcétera. Con frecuencia los perpetradores tuvieron éxito en sustituir la nomenclatura religiosa o de imaginería popular, por la artificiosa idolatría a los héroes laicos que el régimen consideró políticamente correctos. Pero en otros casos, como en la ciudad de Guanajuato, la cultura popular resistió estos embates y mantuvo tozudamente su fidelidad a los viejos nombres. ¿Quién de nosotros le llama calle Carrillo Puerto a la de Sangre de Cristo? ¿O paseo Madero al Paseo de la Presa? ¿O calle Manuel Doblado a la de la Tenaza? Casi todas las calles y plazas cuevanenses tienen doble o triple nomenclatura, pero la que perdura es la denominación popular. Por ejemplo, ningún taxista sabe dónde se encuentra la Plaza Allende, pero todos saben dónde está la Plaza del Quijote.
El peligro es que comencemos nuevamente a cambiarles los nombres a nuestros espacios urbanos a capricho de administraciones efímeras. Es un paso en el retorno a las viejas formas del autoritarismo y la iconoclastia secular. No hay peor cosa para la memoria de un líder esclarecido como Diego Rivera, que convertirlo en ídolo de bronce, en prócer egregio preservado incólume en el refrigerador de la historia, esa buhardilla donde arrinconamos todo lo que nos estorba. Mejor honrarlo con medidas para el fortalecimiento de las artes plásticas en el estado: una academia de altos vuelos, becas, subvenciones, concursos, encuentros de especialistas, restauración de obras, edición de catálogos, un museo virtual, etcétera.
Hace ya tiempo, me tocó organizar para lo que hoy es el Instituto de Cultura un homenaje a Diego con motivo del centenario de su natalicio, el 8 de diciembre de 1986. Nunca se me ocurrió proponer cambios de nombres o cosas raras. Mejor organizamos un alegre desfile popular a lo largo de la ciudad, pero particularmente por Positos, con jóvenes ataviados con mojigangas, con toritos, cohetes, bandas de viento, danzantes, quema de judas –personificando burgueses explotadores-, y no recuerdo qué más. El gobernador Corrales Ayala no peló el desfile, concentrado como estaba en la tiesa ceremonia que se organizó en el museo. Ni siquiera se asomó al balcón. Pero en cambio la gente llana, ese pueblo al que adoró el saporrana, ese sí que admiró y comulgó con la alegría de celebrar su centenario. Fue sencillamente hermoso.

El círculo de la violencia

La crisis de violencia organizada que se vive en estos días en nuestro país no tiene precedentes históricos. Jamás el hampa había contado con tantos recursos monetarios, ni con tantos secuaces públicos y privados dispuestos a venderse a cambio de los dólares y pesos que se generan a raudales en una de las actividades más redituables que haya concebido la humanidad. El cáncer se ha generalizado al punto de que México ha desplazado definitivamente a Colombia como el espacio propicio para la incubación de cárteles y malhechores de inopinada crueldad, que se han hecho cargo del grueso del tráfico internacional. Y sin duda el estado mexicano fue pillado con los dedos bien metidos en el quicio de la puerta, la puerta de la inseguridad pública. Este fue un proceso lento, callado, pero implacable, que se inició en los ochenta, azuzado por las crisis económicas recurrentes. Y en los años noventa se consolidaron las grandes mafias de la droga de Tijuana, de Sinaloa, de Guadalajara, del Golfo, de Juárez, y poco a poco se impusieron a los cárteles colombianos de Cali, de Medellín y de las FARC como los inevitables intermediarios para acceder al enorme y voraz mercado de consumo norteamericano. Quien controló ese paso hacia el norte tuvo la llave de las arcas insondables del narcotráfico. Y eso fue exactamente lo que nos pasó.
Las capacidades preventivas y represivas del estado mexicano se fueron quedando muy a la zaga del problema, hasta que hoy confrontamos el problema de que se cuenta con muy pocas corporaciones de investigación y coerción a salvo del efecto corruptor y de cooptación que facilitan los cientos de millones de dólares anuales que produce esta actividad ilícita. A lo más contamos con el ejército, y con mucha precaución con algunas secciones de la PFP y la AFI, que se han evidenciado permeables a la corrupción. Las policías locales, con su impericia y sus sueldos de hambre, son víctimas fáciles para los capos de las sustancias ilegales. Miles de agentes ministeriales y preventivos estatales y federales están a sueldo de las grandes familias del tráfico. Esto es tan inevitable como lo es ley del mercado: siempre va a ganar quien paga más. La honestidad policial es una plantita que no vive del aire: se riega con los recursos que le garanticen una vida con decoro al agente; si no es así, ningún ser humano racional sería tan ingenuo de rechazar el cohecho cuando la alternativa es vivir jodido, y para colmo amenazado.
Hace falta una enormidad de esfuerzos para poder estructurar una política de estado que pueda ser efectiva para combatir en el mediano y largo plazos al crimen organizado. Y no todo se resuelve con recursos dinerarios –aunque sí una parte considerable , sino también con estrategias inteligentes que reviertan la actual situación de indefensión en que se encuentran la sociedad y el estado mexicanos. Se requiere de acciones proactivas, más que reactivas. Hay que reforzar la investigación de alto empaque, que permita infiltrar a esos grupos, conocer sus movimientos antes de que los efectúen, descabezando –en el sentido figurado, no en el literal que acostumbran esos malosos- sus células y sus áreas centrales. Hay que emular lo que están haciendo países hermanos como Brasil y Colombia, que han desarrollado cuerpos de élite policial que han hecho estragos entre los truhanes. La profesionalización de los cuerpos coercitivos del estado es un requerimiento ineludible, que en México se ha atendido tan sólo de forma cosmética. Recuerdo presentaciones grandilocuentes de unidades policiales, como los denominados “de reacción inmediata” en el Estado de México, cuyos llamativos vestuarios los llevaron a ser motejados como “los Robocop”. Sin embargo a la primera puesta a prueba de sus habilidades evidenciaron su ineptitud e ineficacia. En la policía ministerial de Guanajuato se anuncia uno, denominado GERI; su vestuario recuerda al del subcomandante Marcos -pero sin remiendos-, con un estampado camuflado muy apropiado para las exuberantes selvas guanajuatenses. Ignoro cuál sea su efectividad y si un día ha sido puesto a prueba, pero espero que en el momento de confrontarse con las poderosas armas de narcos y secuestradores saque la casta y desquite los centavos invertidos por el gobierno del estado.
Entretanto en Guanajuato seguimos deshojando la margarita, cambiando secretarios de seguridad, reinstalando consejos ídem, y padeciendo los lances caprichosos de la burocracia hermética de la Procuraduría General de la República, que nos vuelve a dejar sin delegado en la entidad, y con una representación prácticamente inexistente. Dos o tres operativos de combate al narcomenudeo no son evidencia suficiente de existencia y operatividad. La impresión que muchos compartimos es que sencillamente el fuero federal ha sido dejado al garete, y que los guanajuatenses tendremos que asumir el federalismo también en este ámbito. Tal vez no sea tan malo.

Turismo extraviado

La promoción pública de la actividad turística ha sido siempre materia de fuertes debates en nuestra entidad. Personajes con mayor o menor experiencia y habilidad en el tema han transitado por las instancias estatal y municipal, con una suerte muy variada e incluso envueltos en querellas sobre sus iniciativas y capacidades. Cada gobierno le sube o le baja importancia a la promoción de esta actividad, pero en general se percibe un claro desconcierto que se traduce en anarquía en las políticas públicas sobre el asunto. Hace tiempo el gobierno estatal de Fox inventó un impuesto a los servicios turísticos, que en teoría se invertiría en labores de promoción nacional e internacional. El gobierno hizo uso de los recursos con pocos resultados, por lo que los prestadores de servicio demandaron una mayor injerencia en la administración de esos fondos; pero eso significaba poner recursos públicos a la disposición de intereses privados, lo que pondría a la promoción turística en situación de excepción y en los bordes de la legalidad. Luego la administración de Romero Hicks –el grande- impuso el control centralizado de esa fuente de recursos, sin que tampoco se evidenciara una mayor efectividad. Hasta el momento poco se sabe del destino de ese impuesto, y sencillamente Guanajuato y su corredor turístico no se destaca por sus inversiones públicas –ni privadas- en esa materia. Basta comparar con destinos como Cuernavaca, Tijuana, Monterrey, Morelia, la ciudad de México y muchas otras ciudades y mejor ni mencionar los destinos de playa . La calidad de los servicios públicos al turista, así como los servicios de hoteleros y restauranteros, es mucho mayor y mejor en esos lugares que en la pobre condición de Guanajuato capital, e incluso en la de San Miguel Allende.
Con mucha frecuencia he tenido la impresión de que los cargos burocráticos vinculados con la promoción turística son tratados como simples chambas dónde ubicar a algún cuate desempleado, pero amigo o amiga del gobernante, a veces sin mayor experiencia en la administración pública. Mejor ni mencionar nombres, porque se ofende. Pero son ya muchos los ejemplos de funcionarios improvisados que no tardan en bronquearse con los prestadores de servicios o incluso con el resto de los miembros de la administración. Y ha sucedido tanto en el gobierno estatal como en el capitalino. Mientras tanto la “industria sin chimeneas”, esa actividad tan noble y potenciadora de nuestras riquezas históricas, artísticas y naturales, se mantiene al garete, sin brújula ni proyecto, respondiendo sólo a las coyunturas inmediatas y carente de un sentido de largo plazo y mayor aliento. La enorme riqueza patrimonial y ecológica de Guanajuato genera hoy simples cacahuates, si consideramos el enorme potencial que tendría para generar empleos, infraestructura, servicios de calidad y lucro empresarial si se contara con un proyecto coherente, de amplia perspectiva y con el sostenimiento de recursos privados y públicos. Pero sencillamente no existe tal proyecto. Cada funcionario efímero aplica sus criterios personalísimos, que se traducen en ocurrencias –como la puntada ésa de implementar una policía turística disfrazada de caballeros medievales- pero nunca en un plan de negocios de gran alzada.
Un plan que se consense con los empresarios y los trabajadores del ramo, pero bajo la conducción de profesionales del sector público que cuenten con garantía de estabilidad en su puesto de trabajo –servicio de carrera pues- para evitar la prevalencia de intereses particulares. Un plan transexenal, sujeto a evaluaciones periódicas e independientes, basadas en indicadores objetivos de eficacia y eficiencia. Y por supuesto con el acompañamiento de recursos, tanto los fiscales como las necesarias aportaciones privadas. Un plan que atraiga inversiones externas, que provoque asociaciones estratégicas, que impulse la urgente profesionalización de los servicios turísticos, y que trace un programa integral de obra de infraestructura turística que nos permita atraer al gran turismo nacional e internacional, ése que demanda sofisticación, excelencia y altos estándares, a cambio de sus pingües divisas. El sector turístico genera mucho más empleo por unidad de inversión que la industria o el sector primario; no demanda alta tecnología, sino alta capacitación, educación, capital humano y calidez de trato. Es por ello doblemente beneficiosa: nos da fuentes de recursos materiales, pero también educación y cultura.
Da tristeza observar cómo el novato gobierno municipal de Guanajuato ha venido a confirmar la regla del despiste oficial en la materia. Lo de las momias cerradas en pleno puente juarista fue lamentable, pero lo de la funcionaria vacacionista practicante del turismo en otros lares es el colmo.