Frontera de guerra

¿Exagero con el título que le he dado a este texto? No lo creo. La frontera de México con los Estados Unidos se ha convertido en una auténtica zona de guerra desde que comenzó la aplicación de la nefasta “Operación Guardián” (Gatekeeper) el primero de octubre de 1994, seguida por sus emuladoras, las operaciones “Interferencia” y “Salvaguarda” en Arizona, y “Río Grande”, en Texas. En esos diez años se han acumulado tres mil decesos de trabajadores mexicanos y centroamericanos que han dejado la vida en su intento vano de alcanzar el espejismo del “sueño americano”. Docenas de organizaciones civiles de ambos países han denunciado sistemáticamente los abusos, las vejaciones y la violencia que se ejercen contra los trabajadores migratorios que intentan atravesar la frontera, ahora reforzada y más inhumana que nunca. Se trata de una guerra soterrada, silenciada, negada, pero evidente cuando hablamos de bajas humanas, victimizadas por una política agresiva de “control de la frontera” que inició el gobierno de Clinton y que continúa con fe el de Bush el pequeño. ¿El enemigo? Los migrantes que “violan la soberanía de los Estados Unidos” al desconocer la existencia de fronteras artificiales entre los pueblos.
A partir de 1994 la frontera se reforzó mediante el despliegue masivo de agentes, la iluminación intensa y extensa de la frontera, la instalación de sensores ópticos y de movimiento, la construcción de nuevos y modernos cercados –reusando materiales de la primera guerra del golfo pérsico—, la intensificación del patrullaje apoyado en jeeps, motocicletas y helicópteros, y el uso de telescopios con visión nocturna. También mediante la contratación de miles de agentes adicionales, que han convertido a la Border Patrol en la policía federal más numerosa de ese país. En consecuencia, el paso de indocumentados se vio forzado a moverse en dirección al este, hacia los grandes desiertos y montañas de California y Arizona. Con el tiempo, este movimiento hacia el este comenzó a cobrar cada vez más vidas de inocentes que desconocen los rigores extremos del clima de la frontera. Por ejemplo, en enero de 1997 sucumbieron 16 personas cerca de Tecate, en una inhóspita región donde las temperaturas llegan a caer violentamente por debajo del punto de congelación. Luego, en el verano del año siguiente 39 migrantes murieron insolados. Y docenas de otros han muerto ahogados en los canales de riego del valle imperial o en el río Colorado. En Arizona y Texas la situación pronto alcanzó la gravedad de lo que se veía en California, y pronto se unieron a la estadística macabra de insolados, deshidratados, ahogados, asfixiados, atropellados y asesinados. Y lo más triste es que en las cifras mortales hay que incluir a una fuerte proporción –alrededor de un 15%— de mujeres y niños.
El sistema económico norteamericano ha basado su expansión en la mano de obra barata –y en apariencia inagotable— que le facilita la inmigración, particularmente la ilegal. Si los salarios se mantienen deprimidos en la base, también lo harán en los niveles superiores, ya que permiten mantener controlada la inflación y con ello las presiones salariales de los trabajadores de cuello azul y blanco. Todo el esquema de producción y circulación se beneficia fuertemente por este traslado de valor –utilizando los términos marxistas— desde la base de la pirámide laboral hacia sus estratos superiores. Parafraseando a Heberto Castillo, quien afirmaba que el petróleo sólo produce riqueza donde se quema o transforma, el trabajo humano sólo produce riqueza en donde se le aprovecha plenamente. Es decir que nuestro país realiza una enorme transferencia neta de riqueza al país del norte al desaprovechar el potencial de su gente; los 17 mil millones de dólares anuales en remesas significan solamente una pequeña porción del valor que generan los brazos de los 10 millones de mexicanos que hoy laboran al otro lado de la frontera.
Quiero decir que este recurso, la mano de obra inmigrante, es vital para mantener los altos estándares de vida que acostumbran los norteamericanos. Esto fue bien ilustrado por el ingenioso filme de Sergio Arau, Un día sin mexicanos, que se estrenó el 14 de mayo de este año. En la trama 14 millones de hispanos desaparecen de California, la tercera parte de la población de ese estado. Millones de tareas cotidianas, sobre todo las más elementales, dejan de ser atendidas, y la economía y la sociedad colapsan. No es exageración, es una realidad que fue reconocida hasta por Alan Greenspan, el gurú de la reserva federal gringa.
Pero a pesar de la importancia que tienen los migrantes hispanos y mexicanos en la economía de los Estados Unidos, han florecido en ese país movimientos conservadores –o incluso liberales— que denuncian la pérdida de los valores de la sociedad WASP –White, Anglo Saxon & Protestant— que caracterizaron a esa sociedad desde el arribo del May Flower a la roca Plymouth. Un santón de la ciencia política, Samuel Huntington, dio este año el campanazo de alarma a los auténticos coletos de por allá, se pregunta alarmado ¿quiénes somos? Y se responde: “El flujo persistente de inmigrantes hispanos amenaza con dividir a los Estados Unidos en dos pueblos, dos culturas y dos lenguajes. A diferencia de los grupos inmigrantes del pasado, los mexicanos y otros latinos no se han asimilado a la corriente principal de la cultura americana, y han formado más bien sus propios enclaves políticos y lingüísticos –desde Los Angeles hasta Miami— y rechazan los valores Anglo-protestantes que construyeron el sueño americano. Los Estados Unidos ignora este desafío y su peligro” (traducción mía). Los puristas han alzado la voz, y con ellos se ha levantado una turba de rancheros y red necks que han convertido a la cacería de indocumentados en el nuevo deporte nacional.
En un sitio de internet que mantiene la California Rural Legal Assistence Foundation (http://www.stopgatekeeper.org/Espanol/index.html) se puede encontrar el listado casi completo de dos mil de las víctimas mortales de esta década macabra de la operación Guardián. De mil más se desconoce su identidad, pues sus cuerpos fueron encontrados sin papeles o en un estado de degradación que imposibilitó su filiación. Las tragedias humanas que hay detrás de cada uno de esos muertos son estremecedoras. Por ello afirmo que se trata de una auténtica frontera de guerra, donde los aspirantes al sueño americano ponen sus vidas en la orilla de un precipicio letal. Terrible precio para quienes honestamente sólo buscan mejorar sus vidas y ofrecer su esfuerzo para la construcción de una mejor sociedad en los Estados Unidos.
Tan sólo el año pasado sumaron 390 los muertos entre los migrantes, lo que equivale a más de uno al día. De ese número los guanajuatenses llegaron a significar alrededor de 70. Se calcula que el flojo anual de trabajadores sin papeles es de 300 mil. Diríamos entonces que uno o dos de cada mil migrantes que se atreven a transitar la frontera ilegalmente, pierden la vida.
El incendio en Columbus Ohio del 12 de septiembre pasado, aparentemente provocado por alguna organización criminal xenofóbica, o bien el apedreo en octubre de las mujeres migrantes de Cortazar, a quienes la patrulla fronteriza impidió cruzar el río bravo y por ello perecieron ahogadas, refleja los extremos a los que se ha llevado esta situación. Es realmente preocupante que dos países no puedan ponerse de acuerdo para salvar centenares de vidas de seres humanos honestos e inocentes, y que en cambio se incremente la xenofobia, el racismo y la discriminación, cuando en realidad ellos no pueden vivir sin nosotros y nosotros aunque no nos guste admitirlo— no podemos vivir si ellos. Los nacionalismos trasnochados y los radicalismos sólo empeoran una situación que ha llegado a extremos dramáticos.
El gobierno mexicano hace menos que lo que debería hacer en estos casos. Los 43 consulados mexicanos en los EU padecen de una escasez endémica de recursos, y para defender los derechos de los connacionales, o bien impulsar la investigación de los casos de agresiones o violación a sus derechos, deben con frecuencia hacer uso de voluntarios o bien de asociaciones civiles que tampoco abundan en recursos. Nuestro gobierno federal debería invertir cantidades sustanciales en la contratación de bufetes de abogados, de investigadores privados, y apoyar a los activistas en pro de derechos humanos para consolidar un frente de defensa que sea sólido y agresivo. Trescientas vidas al año bien lo valen.
Hoy día se debate en el Congreso de los Estados Unidos una nueva iniciativa antiinmigrante, la HR-10, que invalidaría a las matrículas consulares de los países extranjeros como documentos de identificación. Además esa ley facilitaría la expulsión de extranjeros sin revisión administrativa o judicial, limitaría el derecho de asilo, y le daría mayores poderes a las autoridades federales para ignorar los derechos humanos de migrantes ilegales en ese país. Esto vendría a empeorar el clima de persecución policíaca que impera a lo largo de la frontera, y tendría consecuencias muy graves para los paisanos sin papeles, que suman casi cuatro millones en prácticamente todos los estados de la unión americana.
La frontera México-Estados Unidos es un espacio de muerte, y la tendencia es a que empeore la situación. La actual administración federal de los EU está más dispuesta a congraciarse con los grupos racistas de extrema derecha, muchos de ellos que se dedican a la persecución de greasers que se atreven a cruzar por sus ranchos, que a reconocer la naturaleza interdependiente de nuestras dos naciones. No es con la persecución policíaca, ni orillando a los aspirantes al sueño americano a arriesgar sus vidas, como construiremos una relación mejor en el futuro. Sólo lo será reconociendo nuestras realidades y unificando criterios que normalicen la migración, de tal forma que se convierta para los trabajadores mexicanos en una alternativa segura –entre muchas— para hacerse de un mejor futuro. Y más vale que nuestro país retome, de una vez por todas, el perdido camino del desarrollo, pues esa será la única solución de carácter definitivo que detenga la sangría humana que padece nuestra nación.

Tres pistas

Cargada de sucesos políticos, la semana que termina. El caso Ixtayopan sigue poniendo en evidencia las incapacidades en cascada que impiden al Estado mexicano no solamente garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino incluso la de sus elementos policíacos. La violenta remoción del titular de seguridad pública del DF, Marcelo Ebrard, me resulta incomprensible ante la evidente corresponsabilidad en la que incurrieron los más altos mandos de la seguridad pública federal. A ambos se les debió aplicar las mismas medidas administrativas, pero permitiéndoles siquiera el derecho a audiencia. El presidente Fox fue fulminante, pero no se mostró equilibrado en este caso. Por su parte, el jefe de gobierno recibe un nuevo agujero en la barcaza de su precandidatura negada, y de nuevo se sube al ring de los complots en su contra. Nadie hace política; todos se embarran mutuamente y al ciudadano común sólo le resta resignarse a contemplar atónito el circo de tres pistas –presupuesto, linchamientos, precandidaturas— con que nos entretienen nuestros políticos, tan aficionados a la farándula.
Sobre la primera pista, la del presupuesto federal, nos brinca la sorpresa de que Pemex decide unilateralmente hacer nuevos descuentos de venta de garaje al crudo mexicano, para hacerlo bajar artificialmente por debajo de la línea que estableció la Cámara de Diputados para hacer sus balances. No hay que ser demasiado malicioso para sospechar un movimiento interesado por parte de la paraestatal y del propio gobierno federal para poner en evidencia a los diputados como irresponsables e ignorantes. Lo grave de este asunto es que se está malbaratando la riqueza nacional con tal de cumplir un objetivo político. Hoy día el crudo mexicano es uno de los más baratos del mundo, y el 90% se va a fortalecer la economía norteamericana y sus reservas estratégicas, que le permiten a los Estados Unidos incidir en los precios y perjudicar a economías petrolizadas como la nuestra. En este ámbito, México sigue siendo el esquirol perfecto que se adelanta con sus descuentos navideños para “amarrar mercados” y escupir al cielo. Y luego vemos al director general de Pemex quejándose amargamente de la quiebra técnica en la que ya merito entrará la paraestatal. Así no se puede, en serio.
La segunda pista de la semana nos muestra que el México bárbaro está más que vigente; los intentos de linchamiento no paran en nuestros pueblos y barrios, ya sea en contra de presuntos delincuentes o de policías (40 al año, Correo dixit). La ausencia de ley y de instrumentos para aplicarla fomenta las venganzas, la justicia por propia mano y la impunidad. Para nuestra desgracia, este es un problema estructural, que no será resuelto mediante la represión ciega que está aplicando la PGR, que está haciendo pagar a justos junto a pecadores. La ley no se aplica violándola. Los cateos y las detenciones arbitrarias están nuevamente exhibiendo nuestro barbarismo. No salimos de una cuando caemos en otra. (Por cierto, cuando el presidente Fox dio a conocer el despido de Ebrard y el del comisionado de la PFP, ¿por qué al primero le dio trato de “señor licenciado” y luego al segundo ni siquiera le respetó el grado de almirante?)
Mientras tanto Creel, López Obrador, Madrazo y el resto de la chiquillada de precandidatos se surten descontones mutuos y no pierden oportunidad de atraer las candilejas. Faltan 17 meses para las elecciones federales y la ola de adelantados es imparable: Medina, Calderón, Romero Hicks, Ramírez y Ramírez, Alemán, Montiel, Jackson, Cárdenas… bueno, ¡ya hasta Labastida!
Y para enredar aún más la madeja política de la semana, el lunes se descubrió el cuerpo sin vida de Enrique, el hermano menor del expresidente Salinas. Nuevas nubes negras sobre las testas desnudas de los hermanos incómodos. Para pronto el presidente Fox declara que no hay móvil político detrás, y con ello evidencia tener más información que los agentes del ministerio público que apenas han comenzado a investigar el caso. ¿Por qué descartar a priori una hipótesis que pudiera tener algún sustento? Y es que nadie quiere recordar el 94 y su cohorte de violencia y asesinatos políticos, que finalmente condujeron a la inestabilidad y la crisis del 95. El que con atole se quema, hasta al jocoque le sopla.

De dineros y a dónde se van

Resulta ya un fastidio que año con año, por estas fechas, nuevamente sean los presupuestos del gobierno motivo de riñas y confrontaciones. Al principio del sexenio lo fueron tan sólo entre las fracciones parlamentarias, y usualmente el ejecutivo no se metía demasiado. Pero ahora vemos en el ring al presidente, al congreso y pronto a la corte suprema.
Ya se ha dicho mucho en pro y en contra de las modificaciones que realizaron los diputados, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales. Particularmente me han parecido correctas las permutas. Es espléndido que se hayan casi duplicado los recursos para las carreteras del país, que están en un estado deplorable. Igual me gustó que se le inyecten recursos necesarísimos a la educación superior y la investigación científica, que esta administración ha abandonado por completo. El ejecutivo, por su parte, ha acusado al legislativo de haber convertido al presupuesto en un pastel que se repartió según los intereses particulares de los diputados. Pero eso a mí no me parece tan malo: un representante popular debe preocuparse por beneficiar a sus electores, incluso mediante artificios como el de morderle recursos a actividades superfluas del ejecutivo (el vestuario de la pareja presidencial por ejemplo). Si un diputado logró acarrear agua a su molino, lo hizo porque logró convencer a sus compañeros y justificó ante ellos ese destino.
Ya se ha evidenciado que la secretaría de Hacienda basó su propuesta original en un escenario sumamente pesimista en cuanto a los precios del petróleo (¡23 dólares el barril!) y la evolución de los ingresos públicos. En un entorno mundial de guerra y de expansión económica, es poco probable que los precios del crudo caigan drásticamente. Cuesta trabajo creer que esta subvaloración sea accidental, sino más bien movida por el interés de que buena parte de los excedentes puedan ser asignados de manera discrecional por el ejecutivo, sin necesidad de someterlos a la consideración del legislativo.
Guanajuato salió beneficiado por el nuevo reparto. El gobernador Romero así lo reconoció y agradeció a los diputados federales de la entidad, sin distingo de partidos, por haber sabido aglutinarse en una causa común y superior a los intereses particulares de sus bancadas. Por fin habrá obra pública de largo aliento, como la necesarísima ampliación de la carretera panamericana, que hoy es un monumento a nuestro atraso en comunicaciones. Y no hay que olvidar las obras hidráulicas, como la presa de Río Verde, y ojalá se hayan apartado recursos para la solución de largo plazo a la escasez de agua en la entidad: el sistema hidráulico en el río Santa María para traernos agua de la cuenca del Pánuco.
Sobre la seguridad pública, el enfoque de los diputados me pareció más correcto que el del ejecutivo: no es invirtiendo en más armas, en más elementos para las corporaciones, ni en más equipo costoso como se puede enfrentar con efectividad el problema de la inseguridad y la transgresión de la ley, sino con obras de infraestructura productiva y educativa que faciliten la apertura de más empleos, con la capacitación para aspirar a mejores salarios. La criminalidad va de la mano con la pobreza. No es con mayores elementos represivos como se arrancarán las raíces del problema, pues así sólo se podarán sus follajes. Ya se vio en San Juan Ixtayopan: las corporaciones evidenciaron su ineficacia, y luego han cebado su impotencia contra la población, aplicando detenciones arbitrarias sin ton ni son. Al final quedará claro que castigar a dos docenas de responsables no reparará el mal de fondo: la desconfianza ante la autoridad y la pertinaz pobreza, que obliga a buscar la sobrevivencia con los medios que sea, incluso el narco o el crimen.
En cambio al Poder Judicial se le asignaron recursos adicionales para facilitar la administración de justicia expedita.
Me parece afortunado que hoy día la división de poderes sea tan real, que ya enfada al ejecutivo. Todos deberemos aprender a vivir en estas nuevas realidades, aceptando los ámbitos de competencia de los actores públicos. El ejecutivo deberá a aprender a negociar con mucha antelación los proyectos que juzgue estratégicos, para que no sufran menoscabo. Eso fue lo que sucedió con la megabiblioteca José Vasconcelos (esfuerzo superfluo en un país donde las bibliotecas existentes están vacías de usuarios) y la carísima enciclomedia (que tampoco se justifica en un entorno donde las escuelas llegan a carecer hasta de lo más elemental). En fin, que al final nadie quedará contento, pero al menos tenemos motivos de conversación para el fin de año.

México bárbaro

Los dramáticos sucesos de San Juan Ixtayopan, en Tláhuac –prácticamente en la ciudad de México vuelven a poner en el banquillo a las autoridades responsables de preservar nuestra seguridad pública, que nuevamente exhiben su improvisación y su ineptitud. En México, a partir del derrumbe del Estado autoritario en los años ochenta y noventa, el viejo Leviatán no fue sustituido por un Estado democrático con nuevos y efectivos métodos de aplicación de la ley. Desgraciadamente, hoy día tenemos democracia pero no tenemos estado de derecho. El ciudadano común continúa moviéndose en su cotidianidad dentro de un esquema de convivencia social premoderno y carente de garantías. La delincuencia y la violencia social son nota de todos los días, y afecta a los tejidos más íntimos del entramado comunitario.
Hay libertades en abundancia en este México del siglo XXI, pero no así civilidad y respeto por los derechos de los demás. El Estado, como garante de la vida social en armonía, está hoy ausente de la realidad concreta del habitante común. Nadie está libre de ser víctima de la violencia, ni siquiera los mismos policías en cumplimiento de su deber, como se evidenció este miércoles. A los desventurados agentes de la PFP nadie les creyó que realmente estaban cumpliendo una misión oficial. Y es que la mímesis entre las policías y los grupos delincuenciales es ya proverbial en México: nadie sabe donde terminan las unas y comienzan los otros.
Los ixtayopinos reaccionaron con una violencia extrema ante la posibilidad de lidiar a plena luz del día con un trío de potenciales secuestradores, que sospechosamente tomaban película a las afueras de una escuela. Reaccionaron como cualquier padre que se enfrenta a individuos que espían a sus hijos. Las explicaciones de los agentes seguramente fueron tardías, e incluso tiendo a pensar que lo hicieron de forma altanera y prepotente, como acostumbran nuestros ñoños policías cuando tratan con un ciudadano común, más cuando es un campesino o un colono empobrecido. La masacre y el baño de sangre no son justificables de ninguna manera, pero sí son explicables en un contexto tan degradado como el que existe hoy en las relaciones de la ciudadanía con sus autoridades. Ser policía en México significa poseer patente de corzo para cometer ilícitos, abusar de su autoridad o humillar al semejante. Por supuesto que estoy generalizando y con ello cometiendo una crasa injusticia contra las corporaciones o elementos que han superado ya muchos de los lastres de esta subcultura autoritaria, pero este paradigma de la desconfianza continúa vigente para el grueso de los ciudadanos, como se pone en evidencia en las ya numerosas encuestas sobre cultura política en nuestro país. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Política y Prácticas Ciudadanas que levantó la secretaría de Gobernación el año pasado evidenció el terrible desgaste que tiene la imagen de la policía en nuestra comunidad: un 53% de los encuestados respondió que no le tiene nada o casi nada de confianza a la policía, un 24% le tiene poca confianza, un 15% le tiene algo y solamente un 7% le tenía mucha confianza. Esto la colocó en el sótano de las instituciones públicas mexicanas en cuanto a confianza ciudadana.
La justicia en propia mano es una evidencia de nuestro primitivismo como sociedad. La turba suplanta a los jueces, y con ello se comenten drásticas injusticias como la que se perpetró con esos pobres policías. Fueron víctimas de la incapacidad del Estado mexicano para imponer el fuero de la ley en la vida cotidiana de sus gobernados. Cayeron en cumplimiento del deber, pero sacrificados sin sentido y sin provecho. Fueron masacrados por la ignorancia, por la rabia que da la impotencia del ciudadano ante la autoridad arbitraria. Ese fuenteovejuna monstruoso parece volverse norma en un país donde no existe ley que se respete, ni siquiera por parte del propio gobierno.
Por supuesto, las autoridades de todos los niveles ya balbucean justificativos, inventan razones, cantinflean pretextos y se embarran mutuamente las culpas. Nadie podrá explicar que ninguna corporación haya podido presentarse en cinco horas de agresión y linchamiento. ¿Cómo pudieron llegar mucho antes los periodistas que cualquier otro elemento del orden? Gracias a los comunicadores se cuenta con documentación abundante de los hechos, pero es poco consuelo para las tres familias de las víctimas. La justicia se apersona tarde y mal, y seguro que ahora cebará su furia contra más inocentes, revueltos entre los culpables, del sanguinario San Juan Ixtayopan.

Telón electoral

Escribo estas líneas desde Torreón Coah., donde se desarrollan las actividades del XVI Congreso Nacional de Estudios Electorales, evento al que acudo fielmente desde hace diez años. Algunos lectores recordarán que el anterior congreso se celebró en San Miguel Allende el año pasado, y que me tocó coordinarlo. Ahora desde la infantería de los ponentes, me he dado el tiempo de acudir con cuidado a cuanta mesa me ha sido posible, además de que ya participé sometiendo un texto en el taller “La cultura política de los mexicoamericanos”.
El telón electoral de este año ha caído con la realización de los últimos comicios locales de Sinaloa, Tlaxcala, Puebla y Tamaulipas. Con ello el común de los ciudadanos nos esperanzamos en tener un fin de año más o menos tranquilo en la arena política, y así prepararnos para los 14 procesos que se nos anuncian para el 2005. Los dos primeros casos mencionados mostraron resultados tan apretados que mantuvieron la atención nacional sobre su desarrollo, salpicado de avatares que ya creíamos superados como los que sucedieron en Tlaxcala, que incluyó la quema de actas de escrutinio.
Además se suma la resolución tan esperada del tribunal electoral federal (el TEPJF) sobre los peleados casos de Oaxaca, Tijuana y Veracruz, sin que se haya cambiado el sentido original de los resultados originales. Esto nos permite respirar, pero vuelve a plantear el creciente problema de la judiciarización de la política, que amenaza con convertirse en el paso obligado de todos los comicios con resultados apretados. Así se pone en evidencia de nuevo que a los partidos lo que menos les preocupa es el respeto a los votos (pocos o muchos) depositados en urnas y sí más la conquista o preservación de sus espacios de poder político, aún a costa del sentido original de la democracia.
En el congreso que les menciono se ha debatido mucho sobre estos y otros casos, incluyendo el de las elecciones norteamericanas. La cosecha electoral del 2004 fue abundante en sucesos accidentados y novedades que sorprenden a los desconcertados politólogos, que sufren al ensayar explicaciones plausibles ante la terca incertidumbre de la realidad social. Llama la atención que los temas a debate ya son los de “segundo piso” dentro de la práctica de la democracia: participación electoral, cultura política, financiamiento, medios de comunicación, mercadotecnia, ética política, globalización, crisis de los partidos y descrédito de la política. Muy atrás quedaron los temas de primer piso, al menos en la generalidad de los estados: respeto al voto, equidad en la competencia, procesos electorales confiables, acceso a medios, partido de estado y autoritarismo, han dejado de ser materia de estudio y debate, para nuestra fortuna. Ojalá no avancemos demasiado pronto hacia los temas de “tercer piso”, como los que ya ocupan al primer mundo: desánimo ciudadano, cinismo político, crisis de los valores solidarios, terrorismo, mesianismo político (el New Age en la política, a la manera de Bush), la trivialización de lo público, la molicie posmoderna, etcétera.
En fin, que el año electoral deja saldos positivos y algunos negativos. De estos últimos yo destacaría los siguientes: El aparente regreso de los dinosaurios a los primeros planos de la política; veo con preocupación cómo el PRI avanza electoralmente, pero no evoluciona en su discurso y su oferta, que lo siguen ubicando como un partido del siglo pasado. Por su parte el PAN, que sí se ha modernizado, sigue sufriendo las consecuencias de administraciones variopintas (incluyendo la federal) y liderazgos desbocados (Marthita p. ej.) que quiebran su cohesión interna y lo han debilitado ante el electorado. El PRD perdió Tlaxcala, pero también perdió su dignidad al verse obligado a apoyar a la candidata consorte. En fin, muchas y variadas notas electorales adornaron los diarios del país, y nos entretuvieron (ya sea divertidos o angustiados) a la manera como antes sólo lo lograba la tele con sus melodramotes de la tarde. Pero podemos respirar, ya se acabó por este año.