De derechos humanos y su defensa

Hoy día los derechos humanos son un tema que preocupa fuertemente a sectores crecientes de la sociedad mexicana. Esto es un signo de la maduración evidente que ha podido constatarse en la cultura política del ciudadano ordinario, que ya no percibe su relación con el Estado como la del súbdito dócil y obediente, sujeto a los caprichos de la autoridad arbitraria, sino que ahora se asume crecientemente como el actor primordial de la convivencia social y como depositario de derechos que existían en la formalidad de la ley, pero que no se habían ejercido por ignorancia, por conveniencia o por dejadez. Los derechos más básicos a la vida, a la propiedad, a la seguridad, a la educación, a la salud, a la dignidad y a la felicidad se conculcaban impunemente cuando así le convenía a las elites del poder, sin que los cuerpos sociales respondieran más que muy eventualmente en su defensa.
Es un absurdo que el propio Estado mexicano se haya visto obligado a crear instancias semiautónomas dedicadas a vigilarle y obligarle a cumplir con la ley, como es el caso de las procuradurías de defensa de los derechos humanos. Es una clara contradicción, pues así reconoce su incapacidad de autorregularse y constreñirse a los márgenes que le dicta la ley. Es la misma discordancia en la que caen programas como el de “Bienvenido Paisano”, que también vigila que los agentes del gobierno cumplan su obligación estricta y no extorsionen al ciudadano migrante. Es un reconocimiento llano de la incapacidad institucional del Estado de atenerse a su responsabilidad sin violentar la norma jurídica.
En otros países existen instancias y organismos de protección de los derechos humanos –incluso derechos animales, ambientales y de todo tipo— pero que han nacido de la sociedad organizada y del ámbito privado. Sólo las entidades con alcance internacional reciben financiamiento público. En México, tierra kafkiana, el gobierno paga para que le vigilen, pero además puede o no aceptar las resoluciones de esos mismos organismos, con lo cual su existencia misma puede ser doblemente cuestionada.
En Guanajuato contamos con una Procuraduría de los Derechos Humanos desde hace once años, que en términos generales ha tenido un desempeño pulcro y eficiente bajo la conducción de sus cuatro titulares sucesivos. Su acción y la oportunidad de sus intervenciones pueden ser objeto de crítica o de reconocimiento, como cualquier obra humana. Pero sin duda su misma presencia ya es un aporte a la buena convivencia social, pues ofrece una puerta que antes era inexistente al ciudadano común, particularmente en su relación con los distintos gobiernos. Hay que reconocer que particularmente las autoridades municipales, así como las estatales vinculadas a la seguridad y la procuración de justicia, son con demasiada frecuencia una fuente de afrentas y agresiones contra el ciudadano de a pie –pues los “de a caballo” generalmente cuentan con el poder de sus dineros y los abogados que con ellos compran.
Estoy seguro de que Guanajuato no es un espacio especialmente conflictivo en el ámbito de la violación a los derechos humanos. Sin embargo los mismos existen y no son escasos en una sociedad con más de cuatro millones de habitantes. La procuraduría estatal ha tenido que afrontar su obligación con más imaginación y entusiasmo que con recursos financieros, humanos y materiales, apoyándose preferentemente en el conocimiento profundo de las leyes, más que en una militancia protagónica que le atraiga las candilejas de la política local. Y esto lo menciono en referencia a los señalamientos que he leído en medios como el que publica esta columna, cuando se le demanda al actual procurador un activismo que necesariamente rebasa los límites que señala la misma ley que da sustento al actuar del organismo. Se quiere asumir así una concepción de “derechos humanos” de segunda y hasta tercera generación –defensa del ambiente, combate a la intolerancia y la discriminación, rechazo a la pobreza--, lo que colocaría a esta instancia oficial en un peligroso borde jurídico donde con facilidad se puede resbalar hacia las subjetividades ideológicas e incluso hacia nuevos estadios de violación de otros derechos humanos aún más sutiles --¡como el derecho a la felicidad!
Hay muchos ámbitos en los que la protección de los derechos humanos debe mantenerse en manos de la sociedad organizada. Tales serían, por ejemplo, los derechos políticos –calidad en la representación, estímulo a la participación, compromiso con los valores de la convivencia, etcétera--, los derechos de orden espiritual –religiosos, místicos--, y otros muchos. Por ello sería deseable que con el tiempo ya no fuesen necesarias las comisiones y procuradurías, y que en su lugar se alce el ciudadano informado y crítico, conocedor y usuario de la ley.

¿Qué nos pasa?

Para don Guille Rocha, In memoriam
En estas últimas semanas me he venido preguntando: ¿en manos de qué personajes está nuestro país? ¿Qué futuros nos espera? Pues parece que no hay día en que no aflore un nuevo escándalo (los hijitos de doña Martha), que nuestro presidente no meta la pata por su incontinencia verbal (“ya ni los negros”), que el peje de gobierno siga chacoteando con la ley (¿rifamos el relojito?), que los líderes partidistas evidencien su desdén por el país (las rabietas de Madrazo y Espino), que los diputados se sigan pasando por el arco del triunfo al resto de los poderes, que los gobernadores se promuevan en la tele nacional (ya hasta Juan Carlos lo hace) o que apoyen sin embozo las candidaturas de sus delfines con recursos públicos (Montiel con Peña Nieto). Las formas se hacen a un lado y la política se embarra de suciedad. Para colmo, la representación ciudadana en los órganos electorales se ha dañado profundamente con el proceder corrupto de algunos consejeros en el Estado de México. Diría Hamlet: algo huele mal en Dinamarca. Y algo se pudre hoy en México.
Carecemos crónicamente de liderazgos honestos y confiables, tanto de derecha como de izquierda o de centro. Hasta la figura presidencial está hoy en entredicho, pues aunque Vicente Fox es sin duda un hombre bueno y honesto, su entorno se ha contaminado con personajes oportunistas, adictos al poder, ignorantes, soberbios, traficantes de influencias y demás vicios que durante tanto tiempo quisimos colgarle a un solo partido. Las alternancias políticas estatales y la federal han evidenciado una situación: que los mexicanos compartimos esencialmente los mismos valores cívicos, y que muchos de ellos están en franca decadencia o bien que no han sabido cuajar en estadios superiores de civilidad. Aunque ofenda a muchos, creo que en esencia todavía somos proclives a la corrupción, que somos ciudadanos inmaduros en términos de convivencia civilizada, y que no hemos sabido qué hacer con las nuevas libertades que hemos conquistado. Nuestros líderes no son más que la punta del témpano y no son muy diferentes del resto de nosotros.
En este último año he tenido la oportunidad de viajar ocho ocasiones a diferentes lugares de los Estados Unidos, y también realizar una visita a Francia. Cada vez que regreso me sigue impactando nuestra indolencia ciudadana, que se evidencia en la suciedad de nuestros aeropuertos y carreteras, así como en calles y parques públicos. Me pasma cómo aceptamos con docilidad la ineptitud de nuestros gobernantes, a los que les toleramos su incapacidad de ofrecernos buenos servicios a cambio de los apabullantes impuestos. Me indignó hacer mi declaración anual como persona física y darme cuenta del montón de dinero que se me va en tributos, y que sin embargo a diario debo lidiar con la inseguridad pública, con la precariedad de los servicios urbanos, con la penuria de las instituciones públicas de educación, con la ausencia de oportunidades de empleo, y con la impunidad con la que nos conducimos los ciudadanos. Esto nace de una cultura ciudadana de la indolencia, del “ahí se va”, del disimulo, del incumplimiento de nuestras obligaciones. Y nuestras autoridades se montan en esa cultura, y proceden en consecuencia, desde el cinismo y la arbitrariedad.
México está perdiendo la oportunidad histórica de madurar hacia la construcción de una sociedad moderna, eficiente, tolerante, sabia y progresista. Y no todo es culpa del neoliberalismo, de nuestros vecinos imperialistas o de las fuerzas oscuras que siempre se confabulan en nuestra contra. El cambio más profundo que nos toca promover es el de la actitud particular de cada ciudadano, y para eso no hay más camino que el de la educación y la cultura. Y aprovecho para manifestar mi asombro ante el escuálido aumento salarial que se les concedió a los maestros a nivel nacional. Nuestros gobiernos siguen castigando a la educación pública, pues consideran que ha llegado el tiempo de que la educación privada haga su parte. Y evidentemente que la está haciendo, pero desde el enfoque bastardo de la búsqueda del beneficio económico y la educación elitaria (“aquí formamos líderes”, dice el tec).
La nueva revolución que demanda nuestro país es de corte cultural. Hay que comenzar a formar entre nuestros niños a ciudadanos íntegros, críticos, informados, participantes y demandantes. Hay que desterrar la corrupción y la violencia que nos corroen a partir del ethos (costumbre, comportamiento) individual, pues en una sociedad individualista como la nuestra es poco realista apostarle al viejo corporativismo grupal. Como dicen los ambientalistas: para incidir sobre lo global hay que comenzar desde lo particular.

Ocaso imparable

Es normal que cuando una administración presidencial se acerque a su ocaso, sea siempre esperable que vea disminuido su poder real para influir sobre los grandes procesos políticos nacionales. Así ocurre en los países de régimen presidencialista, donde esa institución concentra grandes capacidades en la voluntad de un individuo específico, quien delega en un grupo limitado de colaboradores las facultades operacionales, mas no así las capacidades de definir las estrategias más amplias que otorgan definición a su estilo de gobierno, e incluso precisan su proyecto de nación.
En el caso de la presidencia de Vicente Fox, hemos visto cómo se han roto muchos de los cartabones y usos que sostenían el complejo andamiaje de la presidencia imperial a la mexicana, o mejor dicho a la usanza priísta. El presidente Fox no fue el primero en renunciar a muchas de las facultades metaconstitucionales de su investidura; es justo reconocer que Ernesto Zedillo ya había andado un buen camino en ese sentido. Sin embargo, Zedillo cuidó de mantener los suficientes controles que le garantizaran un traspaso del poder, incluso a un opositor, sin mayores sobresaltos.
El presidente Fox no solamente abandonó el uso de las facultades supralegales, sino que incluso no quiso asumir muchas de las facultades legítimas que le proporcionó el cargo. Su estilo se ha caracterizado por un relajamiento excesivo del seguimiento y control sobre sus subordinados, y dejó sueltos los hilos del gabinete. Su proyecto de país no pudo concretarse nunca ante su incapacidad personal y grupal para establecer negociaciones de altos vuelos con los opositores de todos los signos. Su agenda se vio desviada e incluso manchada por las rivalidades coyunturales, que impusieron un ritmo accidentado y dificultoso al accionar del gobierno. Se desperdició la primera parte del sexenio en pleitos extravagantes tanto en el frente externo como en el interno de la administración. Se apostó a que el fenómeno Fox se mantendría a lo largo del tiempo y que su partido lograría la necesaria mayoría parlamentaria para, entonces sí, echar adelante las grandes reformas que se requieren en el país. Sin embargo no sucedió así, y los votantes definieron una nueva integración del congreso que obliga a la negociación entre sus componentes. Tampoco sucedió así. Se pretendió llevar la negociación a los ámbitos de la cooptación particular, como sucedió con la profesora Elba Esther y su liderazgo defenestrado. Pero la nueva cámara se reveló como un espacio aún más difícil que su predecesora.
Nacieron nuevos problemas, pero se les enfrentó con la misma incapacidad para elevar la interlocución hacia esferas más incluyentes y generosas, que permitieran ignorar los escollos de la rivalidad coyuntural y que rescataran la esencia de las grandes aspiraciones de México. Y así se desperdició la segunda mitad del sexenio. Las mezquindades y miopía de todos los partidos políticos impidieron que la nación levantara el vuelo que merece y del que es capaz, si se generaran las condiciones de concordia.
A 14 meses de las próximas elecciones federales y a 19 de que la administración concluya su mandato, los mexicanos seguimos entrampados en la caverna de Platón, sin posibilidad de que alcemos la vista sobre nuestros hombros y que nos demos cuenta de que las sombras que nos mantienen fascinados no son más que los espectros de nuestros miedos inventados. Urge que nuestra clase política aprenda a aceptarse y a tolerar las diferencias, que se han convertido en muros infranqueables gracias a nuestra obcecación.
Me alegra mucho que el presidente Fox haya sabido rectificar la más grave de las metidas de pata de su administración, que aproveche el vuelo para recobrar la generosidad que le hemos visto en muchas ocasiones anteriores, y que se aleje pronto de los oportunistas que le rodean, incluso en su lecho. Es su última chance de pasar a la historia por algo más que haber echado al PRI de Los Pinos, y que rescate la altura de miras que merece este noble país.

La derrota presidencial

La Presidencia de la República dio un espectar golpe de timón esta semana para intentar salvar la poca credibilidad que le restaba luego de aventurarse en el affaire del desafuero de López Obrador. Cayeron las cabezas de Macedo y Vega Memije, y aparentemente se abandona la política persecutoria y de hostigamiento contra el tabasqueño. El presidente Fox, desencajado, dirigió un penoso mensaje a la nación que en la práctica significó el abandono de la plaza y una capitulación ante el fracaso del operativo político más sucio del que tengamos memoria reciente los mexicanos, al menos desde que el sistema se robó la elección presidencial de 1988.
Dentro del inventario de las muchas torpezas presidenciales que adornarán la historia del sexenio, la de esta artimaña legalista contra el jefe de gobierno va a quedar como la suprema muestra de que esta administración nunca supo hacer política, ni pudo leer correctamente los signos de los cambios que deseaba la sociedad mexicana. Si un demagogo pudo acrecentar su figura hasta convertirse en referente de la esperanza nacional, gracias a medidas populistas y de relumbrón, es evidente que el país anda en busca de un líder con esas características (como en su ocasión lo fue el propio Fox). Como se grafiteaba en tiempos de Miguel de la Madrid: “ya no queremos realidades, queremos promesas”. La sociedad mexicana está harta del hiperrealismo económico, que ha traído más pobreza y desánimo. En las familias populares ya no existe la esperanza de un futuro mejor, como sí sucedía en los años sesenta y setenta. La necesidad ha hecho de los mexicanos de hoy cínicos y pragmáticos, pero aún así muchos añoran el poder soñar de nuevo. El populismo podrá ser un espejismo, pero hoy día está despertando un renovado interés entre las masas de descamisados que padecen las durezas de una cotidianidad enajenante en la fábrica, en la maquiladora, en la oficina o en el campo despoblado. Creo que estamos asistiendo al renacimiento de esa entidad social que el neoliberalismo negó durante más de dos décadas: el “Pueblo”. Un concepto dinámico y movilizante, radicalmente diferente al individualismo ciudadano o a noción tecnocrático-empresarial del “cliente”. Los grupos sociales marginados se movilizan y reivindican a sus nuevos líderes, no importando que éstos escondan el autoritarismo típico de los Mesías o la intolerancia de los que se creen detentadores de la única verdad.
La administración Fox no supo ver a tiempo la magnitud que cobraría el fenómeno mediático y mesiánico del Pejelagarto. Todo lo contrario: se prestó ingenuamente al papel del villano del cuento, y sirvió de comparsa resonador de las sandeces que le recetaba el jefe de gobierno, en conferencias de prensa insulsas que poco aportaron para evaluar su gestión concreta al frente del gobierno de la ciudad de México. Pocos se preguntan hoy si ha sido o no un buen administrador de los bienes públicos. Lo que queda del asunto AMLO es el eco de los escándalos que le han permitido colocarse en el imaginario colectivo nacional como el venerable mártir de la democracia, a quien habrá que desagraviar otorgándole la silla presidencial. Una victoria completa para el astuto paladín de los menesterosos.
Para colmo, Fox quiere salvar para sí un poco de la desgarrada bandera de la democracia apropiándose de una demanda original del Pejelagarto: que los ciudadanos sujetos a proceso judicial no pierdan sus derechos políticos mientras no reciban sentencia definitiva y condenatoria. Tal vez esto será lo más rescatable de las acciones anunciadas el miércoles, cuando se hizo acompañar de la figura manoseada del paladín Madero. Imágenes dramáticas de un presidente a la defensiva y en retirada.
No me queda duda de que a partir de ahora el tabasqueño trotará en caballo de hacienda hacia su candidatura y eventualmente hasta la presidencia. Me parece que nadie lo podrá detener, ni el reeditado Cárdenas, ni el incompetente Creel (¿por qué no renunció también?), ni el fullero Madrazo, ni el TUCOM, ni nadie. Lo único que nos queda es esperar que suceda una de dos cosas: que AMLO madure y que abandone pronto su discurso y sus prácticas de populismo irresponsable, para así convertirse en estadista (a la manera del brasileño Lula), o bien que los electores no se dejen engañar por el canto sirenaico de los pícaros iluminados.

El Ring de López Obrador

El affaire López Obrador está a punto de convertirse en la enorme manzana de la discordia de los mexicanos en este difícil inicio del siglo XXI. El país se encuentra prácticamente dividido en dos, según evidencian las encuestas más recientes, y todas las acciones que han emprendido la cámara de diputados federal, la PGR, la Presidencia de la República y muy pronto la Suprema Corte de Justicia (cuando defina el ámbito de las atribuciones de la cámara federal de diputados y la asamblea del DF), están azuzando a un avispero que muy probablemente se convertirá en el gran elemento disruptor de la política nacional.
Al haberse aceptado el desafuero del jefe de gobierno se está poniendo en riesgo la legitimidad de la joven democracia mexicana, todo por un asunto menor que bien pudo haber encontrado salidas más inteligentes que garantizaran la preservación del estado de derecho y la defensa de los intereses de los particulares afectados. De ninguna manera existe en nuestro país una tradición de aplicación irrestricta de la ley, más bien todo lo contrario, y como prueba podemos exhibir los pobres resultados que muestran en conjunto la procuración y la impartición de la justicia, mismos que han llevado a organismos internacionales como la ONU, la OCDE, Amnistía Internacional y otros a señalar esta área como uno de los grandes rezagos nacionales. Hoy se quiere “comenzar por algún lado” y mañosamente se ha escogido arrancar con el jefe de gobierno.
En otros países, como Francia o España, los representantes populares deben responder legalmente a infracciones consideradas no graves, como la que se le reclama a López Obrador, pero hasta el término del mandato para el que fue elegido. O bien deben ser sujetos a un complejo proceso de empeachment, como sucedió en los EUA con el caso de Clinton y su amorosa becaria, o en Brasil con Collor de Mello. Además cuando los gobernantes eventualmente son sujetos a proceso no pierden sus derechos políticos, sino hasta que el juez dicte una sentencia condenatoria. En México procedemos al revés, y despojamos a los ciudadanos que son indiciados de todos sus derechos de participación política. El sistema asume que el ciudadano es potencialmente culpable y que debe demostrar su inocencia para poder votar o ser votado. Esa es una injusticia estructural que nos afecta a todos los mexicanos.
La batalla que está dando el tabasqueño puede tener efectos impredecibles e incluso dañinos para nuestra convivencia social. Los ánimos se están caldeando y a nadie conviene que se generen mártires que fácilmente sean presa de los fundamentalismos ideológicos y el mesianismo. López Obrador puede verse empujado hacia ese extremo, y asumir la defensa de su precandidatura como si fuera una causa irrenunciable para la izquierda mexicana, que debe confrontar a los “demonios” del neoliberalismo, entre los que incluye a Carlos Salinas, el matrimonio Fox y a muchos otros complotistas, enemigos del pueblo, según él. No hay nada más peligroso en política que los líderes empujados hacia los extremos, que traducen la realidad en términos de “conmigo o contra mí”.
El gobierno federal ha hecho muy mal en confrontarlo y darle foro. La presidencia de la República, en sus aceleres foxianos, decidió salirle al paso y servirle de sparring en la batalla mediática, que en estos momentos lleva ganada el pejelagarto. Para colmo se ha apoyado en dos personajes que carecen de carisma y un mínimo de “don de cámaras”: el timidísimo Rubén Aguilar y el soberbio Santiago Creel. Contrastan mucho con el desparpajo relajado de López Obrador. Aunque pensándolo bien todos comparten el lenguaje cantinflesco, sólo sazonado por López Obrador con su sabroso acento caribeño.
Es evidente que el Peje es un demagogo --no muy diferente de muchos de los que hoy nos gobiernan por cierto--, pero su trajinar no podrá será detenido mediante medidas truculentas y legaloides, sino mediante los votos de los mexicanos. Y si llega a la presidencia, el suceso no será más dramático que el arribo de Vicente Fox, a quien muchos señalaban que sería un auténtico “chivo en cristalería” antes de que el peso de la investidura lo hiciese poner los pies en la tierra –y sin embargo ya vemos cómo ésta se le olvida con frecuencia.